Feministas demandan respetar la maternidad voluntaria Susana Castillo Lagos El respeto a la maternidad voluntaria por parte del Estado es uno de las pugnas principales de los grupos feministas en México, anhelo que sólo podrá conseguirse mediante la participación ciudadana organizada, sostuvo la activista Marta Lamas. Lo anterior durante la presentación del número 43 de la revista Debate Feminista, publicación que en 2011 cumple 22 años, titulada “Los números de la diferencia”, en la que estuvo acompañada de Verónica Ortiz, integrante de Las Libres. Esta agrupación feminista, oriunda de Guanajuato, es en opinión de Lamas “la que ha hecho el trabajo más difícil y el que mejores resultados ha dado” defendiendo el respeto a la libertad de decidir.

Verónica Ortiz y Marta Lamas

Sus estrategias, prosiguió, podrían servir como modelo de intervención en otros estados de la República, pues las 40 integrantes de Las Libres han apoyado esta causa respaldando a mujeres embarazadas que han denunciado ser víctimas de violación y que desean interrumpir la gestación.

El acompañamiento no sólo es desde el ámbito político-jurídico sino también emocional. Además, dan seguimiento legal a sus demandas y acuden con ellas a las revisiones médicas propias de estos casos.

Su labor, por ejemplo, trascendió a nivel nacional el año pasado cuando lograron la libertad de nueve jornaleras guanajuatenses que habían sido encarceladas por abortar, sin importar que el desprendimiento sucediera de manera espontánea.

Asimismo, aportaron datos valiosos para el informe que Human Rights Watch (HRW) presentó en 2006, donde se documentaron 130 casos de mujeres que fueron denunciadas por médicos de hospitales públicos a los que acudieron para ser atendidas por hemorragias derivadas de un aborto provocado. De éstas, sólo 14 fueron a la cárcel, pero lograron salir bajo fianza.

Verónica Ortiz opinó que a pesar de que se haya demostrado lo contrario, para las instituciones encargadas de la procuración de justicia las mujeres son “las provocadoras de las violaciones”.

Y aunque denuncien y por ley tengan derecho a abortar si fueron violadas, el Estado se encarga de retardar el proceso para que cuando llegue la autorización el estado de gestación ya haya rebasado los tres meses.

Aunque cada entidad y caso tiene sus particularidades, Ortiz dijo que el éxito que han tenido en estos 10 años de trabajo se debe principalmente a “creer en las mujeres, a trabajar de manera articulada y a la lucha consistente”.

A la par, destacó que es muy importante sustentar los argumentos con hechos comprobables, respaldados por documentos e investigaciones. Las notas periodísticas, dijo, son un buen punto de partida para conocer a las víctimas que denuncian y acercarse a ellas ofreciéndoles acompañarlas.