Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Universitarios ganan concurso al defender derechos indígenas

Estudiantes de Derecho participaron en la Competencia Internacional “Eduardo Jiménez Aréchaga”

Alma Espinosa

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana ganaron el primer lugar de la Competencia Internacional de Derechos Humanos “Eduardo Jiménez Aréchaga”, con el caso hipotético de la comunidad indígena Citlalitzin Topanquin.

Mariana Torres López, Luis Eduardo Coronel Gamboa, Pedro Pablo Castillo Meza, Yeralding Sánchez Morales, María del Socorro Alfaro Morales y Gustavo Amable Zavala fueron los ganadores.

Estudiantes de Derecho se reunieron con Raúl Arias Lovillo

Tras reunirse con el rector Raúl Arias Lovillo, en entrevista los estudiantes que fungieron como oradores y en el caso de María del Socorro y Gustavo Amable como observadores, dieron a conocer que defendieron los derechos de una comunidad que está ubicada en una región subdesarrollada del estado de Mayanlia. Mariana Torres explicó que en el caso hipotético presentado ante miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, el estado brindó una concesión para explotación y extracción del mineral coltán, sin llevar una efectiva consulta previa con la comunidad. Como resultado de la extracción se registraron derrames de desechos tóxicos. Los miembros de la empresa N&D concesionada ingresaron al territorio indígena y a partir de la convivencia conocieron y robaron la planta jojuana kankatzin, que se utilizaba para preparar un brebaje espiritual para dotar de vitalidad a la comunidad.

Como resultado del robo, la empresa patentó la planta bajo el nombre de Dirmatovin, que se convirtió en uno de los mejores medicamentos para combatir y prevenir el cáncer. De acuerdo con Mariana Torres, este tipo de casos han llegado a la Corte Interamericana, de ahí el interés que estudiantes trabajaran en un caso con estas características.

Los jóvenes pusieron mayor énfasis en el robo de los conocimientos tradicionales que actualmente no tienen una tutela efectiva, ni por la propiedad intelectual de la Organización Mundial ni en los estados, explicó Torres López.

Luis Eduardo Coronel comentó que para realizar la defensa primero tuvieron que comprender la perspectiva que tienen del mundo las comunidades indígenas, pues se relacionan de forma distinta con la tierra. Para ellos, precisó, los recursos naturales son parte fundamental para su desarrollo como comunidad, pues dependen de ellos para su subsistencia.

En el momento que la empresa ingresa y extrae los recursos naturales hay cambios dentro de su territorio que afectan directamente la vida, la integridad y la posibilidad de desarrollarse culturalmente. Ante ello, comentó el universitario, se observó que el estado no cumplió con las restricciones que han fijado la Corte y otros instrumentos internacionales para restringir los títulos de propiedad de las comunidades indígenas.

Para hablar sobre cómo se documentaron para abordar un tema de tal magnitud, Pedro Pablo Castillo dijo que fue necesario realizar muchas lecturas, sobre todo de la jurisprudencia que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de organismos de derecho internacional como la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Lo anterior porque se tratan aspectos de propiedad intelectual que en materia indígena son sui generis, ya que su concepción de la tierra está más relacionada con un aspecto espiritual más que económico. Asimismo, informó Castillo Meza, leyeron relatorías de la ONU y de todo aquello que hable de los Derechos Humanos.