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Buscan ser declaradas zonas libres de transgénicos
Comunidades totonacas defienden patrimonio biocultural
Esta acción fue parte del proyecto de investigación de Francisco Xavier Martínez
Karina de la Paz Reyes
Cazuelas y Cuyuxquihui, comunidades del municipio de Papantla, Veracruz, emprendieron un ejercicio ciudadano en defensa del maíz nativo, pues buscan que el gobierno mexicano las declare zonas libres de transgénicos, figura que contempla la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). De lograr la declaratoria, será el primer caso a nivel nacional.
Esta acción forma
parte del proyecto de
investigación de Francisco Xavier Martínez Esponda, egresado de la Maestría en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales (Citro), quien obtuvo el grado con mención honorífica.
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En entrevista, precisó que las zonas libres de transgénicos son el único instrumento que tienen los campesinos y productores para proteger su patrimonio biocultural, que a su vez implica el ejercicio
del derecho fundamental a
la autonomía.
"No es utópico, es muy realista. Esto no es de buenos o malos, sino parte de nuestro derecho a ser considerados en las decisiones del Estado", defendió.
Martínez Esponda comentó que el proceso es complejo y violatorio de Derechos Humanos: es necesario que la comunidad se organice; demuestre a través de estudios técnicos y científicos
que el grano que se quiere proteger no puede coexistir con su
par transgénico; obtener del
municipio una opinión favorable.
Después, hacer lo propio con el gobierno del estado y enseguida con el Federal (en este caso vía la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mejor conocida como Sagarpa).
Para la realización de
los estudios científicos hay
una serie de dificultades
como son el financiamiento o
que las semillas de maíz transgénico están protegidas por la propiedad industrial, y no es posible acceder
a toda esa información, por lo cual es imposible conocer en su totalidad los efectos que esa tecnología pueda tener en el medio ambiente.
El punto más importante es la discriminación que hace la norma respecto del conocimiento tradicional. En opinión del abogado basta con el consentimiento
de la comunidad para que
proceda la declaratoria.
En el litigio estratégico que armaron (tanto las comunidades totonacas como Martínez Esponda), tan sólo obtener el visto bueno del municipio de Papantla requirió año y medio en los tribunales federales.
Hace ocho meses solicitaron la opinión favorable de gobierno del estado y siguen en espera, para continuar con la de la Sagarpa.
Con lo que ha transcurrido del proceso es posible afirmar que el régimen especial de protección al maíz, como las zonas libres de transgénicos, no son un mecanismo efectivo para cumplir el objetivo propuesto, ni tampoco para satisfacer el principio de multiculturalidad establecido
en la Constitución.
"El marco jurídico no
reconoce al actor principal: los campesinos y los indígenas, y
por tanto viola los Derechos Humanos de participación
en la toma de decisiones y
la autonomía."
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El objetivo es que se modifique el marco jurídico |
La lucha sigue
A pesar de lo "engorroso" que es el trámite y que Martínez Esponda ya concluyó su posgrado, tanto él como las personas de las comunidades que se involucraron en el caso (curiosamente en Cuyuxquihui participan mujeres y en Cazuelas hombres) decidieron continuar con la búsqueda de
la declaratoria de la zona libre
de transgénicos.
"Lo que queremos demostrar es que la ley tiene que cambiar y respetar los Derechos Humanos", subrayó el también integrante de la Organización No Gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
"Nos falta ganar la
batalla más importante, necesitamos sentar el precedente judicial de que la LBOGM es transgresora de Derechos Humanos. Estamos en eso." |
El trabajo de investigación de Martínez Esponda se tituló "Defensa del patrimonio biocultural de México: el caso del maíz
nativo de la región totonaca de Veracruz", y tuvo como tutora a la científica Silvia del Amo.
El documento, remarcó el entrevistado, se inscribe dentro de la defensa que del maíz nativo han montado pueblos y comunidades, organizaciones civiles, artísticas y científicas a nivel nacional, pues aún no se define el futuro del maíz transgénico en el país.
No se sabe, insistió, cuáles son los impactos ambientales, sociales, culturales y en salud que pudiera ocasionar el maíz transgénico, "hay mucha incertidumbre científica.
Lo importante es fomentar lo
que le da vida a nuestros
pueblos: las agriculturas
indígenas y campesinas".
Por ello consideró que el maíz nativo, patrimonio biocultural de México, está en estado de "indefensión" y "vulnerabilidad".
"Hay una indefensión total, con un trámite burocrático gigante, cuando a la luz de los Derechos Humanos lo que debería bastar para que las comunidades pudieran establecer una zona libre de transgénicos es su consentimiento y la existencia del cultivo, y
nada más."
En ese contexto su pregunta de investigación consistió en saber si las instituciones creadas en la LBOGM (que son dos: el Régimen Especial de Protección al Maíz y las Zonas Libres de Transgénicos) son mecanismos idóneos para conservar in situ al maíz nativo y garantizar los Derechos Humanos que se asocian, como la identidad cultural, el derecho a la autonomía, al territorio, a los recursos naturales y a la alimentación.
Como parte de la investigación,
el integrante del Cemda
desarrolló con otros estudiantes del Citro talleres participativos en
ambas comunidades.
Entre los resultados figuran los siguientes planteamientos: el maíz nativo es un bien común, pues se genera en situación de comunidad; las semillas se heredan (investigadores como Eckart Boege, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hablan
de 300 generaciones de abuelos
y abuelas generando este grano, que a su vez se intercambia,
cuando en la lógica de la
agricultura moderna eso debe desaparecer, porque las semillas deben estar patentadas o protegidas); y que las milpas se trabajan en situación
de comunalidad.
"Si se reconoce la propiedad de este grano en los pueblos, tendría que cambiar el modo en que tomamos las decisiones, la forma en que se construye la democracia, porque entonces es necesario reconocer el derecho a la
consulta previa y colocar
a los campesinos como actores centrales en esta discusión, cuando ahora están fuera."
Otra cuestión que identificó es que el marco jurídico, concretamente la LBOGM, nulifica el principio precautorio, lo cual "es muy grave porque este principio es la herramienta que tienen nuestras autoridades para poder tomar decisiones ante la incertidumbre científica", alertó el entrevistado.
Una vez que analizaron
el marco jurídico fue que
montaron un "litigio estratégico", es decir, un mecanismo por virtud del cual se posicionan vía judicial ciertos Derechos Humanos o se busca desarrollarlos.
Algunas propuestas
Francisco Xavier Martínez celebró que la maestría del Citro tenga un enfoque interdisciplinario, en su caso desde el ámbito jurídico, lo que permite generar nuevo y relevante conocimiento desde distintas aristas.
En este caso, al identificar la transgresión de Derechos Humanos se generaron propuestas de modificación al marco jurídico en aras de construir una sociedad más justa.
Algunas propuestas de modificación versan sobre la necesidad de reconocer la autonomía de los pueblos y los derechos de propiedad comunal sobre la diversidad nativa.
También propone la expedición de una Ley General de Consulta a los Pueblos; la creación de una Subsecretaría de Agricultura Familiar al interior de la Sagarpa; y que así como el Estado propone la seguridad alimentaria, se fomente la soberanía de la misma.
Además, que se reconozca la biodiversidad nativa como el recurso más importante con que cuenta el país; que se declare todo el territorio nacional como centro de origen, diversificación y usos del maíz (como lo ha propuesto la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y otros organismos); que se reformulen programas públicos, sobre todo los de la Sagarpa, con enfoque de Derechos Humanos.
"La cuestión no es transgénicos sí o no, sino cómo producimos alimentos de manera sostenible y culturalmente adecuada", concluyó.
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