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¿Qué
sucede en el Archivo
General de la Nación?
María del Carmen Suárez Rivera*
(Egresada Facultad de Historia) |
En
febrero pasado, las instalaciones del Archivo General de la Nación
(AGN) fueron el escenario que las organizaciones campesinas de México
eligieron para sostener un “diálogo” sobre los
problemas del campo. La elección del lugar no fue obra de
la Secretaría de Gobernación, sino de las propias
organizaciones, pues, aparte de los historiadores, no existe otro
grupo social que haga un uso frecuente del agn como los campesinos.
Basta darse una vuelta cualquier día de la semana laboral
para observar a algún hombre del campo tratando de acceder
a los viejos papeles con el fin de definir problemas de tierras
u otro asunto real o político que les concierna, haciendo,
como nadie, un uso concreto e inmediato de la información
que alberga el gran depósito documental del país.
Desde la realización del evento con los campesinos y otros
representantes de la sociedad, el archivo permaneció cerrado
durante un mes aproximadamente; este hecho provocó diversas
quejas (en corto y públicas: La Jornada, 24 de febrero de
2003) de aquéllos que nutren parte de la investigación
histórica con la consulta de archivos.
Sin embargo, quienes pensaban continuar desde el 10 de marzo con
las tareas sustantivas de su investigación en el antiguo
“Palacio de Lecumberri”, se han encontrado con la novedad
de que algunas secciones de consulta como la de microfilmes (Genealogía)
y la de archivos privados (Galería 7), entre otras, permanecen
fuera de servicio, sin que al respecto medie explicación
de la autoridad competente, con la agravante de que no existe la
autoridad, pues hasta esa fecha no había nombramiento oficial
para la Dirección del Archivo Histórico Central, adjunta
a la dirección general.
Por otra parte, también en febrero, el subsecretario de Desarrollo
Político de la Secretaría de Gobernación, Francisco
José Paoli Bolio, anunció la remoción de la
directora del agn, Stella González Cicero, afirmando que
la salida de la funcionaria no obedecía a censuras en el
acceso o para evitar la filtración de documentos que afectarían
a altos funcionarios del pasado –versión que ha circulado
en algunos medios–, sino que forma parte del proceso de modernización
de esa dependencia que busca acelerar el proceso de digitalización
de todos los documentos ahí resguardados. |
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De
tal forma, el 18 de febrero Paoli Bolio dio posesión a Jorge
Ruiz Dueñas como director del agn, declarando que los retos
fundamentales de la institución eran conservar, ordenar,
difundir la memoria histórica del país y coordinar
esfuerzos, en el contexto nacional, para garantizar el funcionamiento
eficiente de los documentos administrativos e históricos
del país, reconociendo también el interés social
por acceder a los archivos recientemente abiertos que conciernen
al periodo del movimiento estudiantil y de la llamada “guerra
sucia”.
Asimismo, frente a los acontecimientos vinculados al AGN, en los
ámbitos académicos de historiadores, archivistas y
otros científicos sociales, ha corrido la información
acerca de que el Gobierno Federal está preparando la elaboración
de una Ley sobre Archivos, que tanto ha sido demandada, como necesidad
sustantiva para la preservación, consulta y transparencia
que debe regir el funcionamiento de los archivos de México.
Para tal efecto, al parecer en la creación del proyecto de
esta Ley están interviniendo personas ajenas a la realidad
del AGN, de la propia tarea histórica y del análisis
social. En ese sentido, la comunidad académica ha levantado
la voz para que, dentro de un ambiente solidario, plural y receptivo,
se le haga partícipe del desarrollo de una iniciativa de
Ley de Archivos, puesto que las decisiones excluyentes afectarían
la voluntad de cambio para la transformación de las instituciones
que, como el agn, reclaman un marco jurídico que “considere
todas sus vertientes y constituya la columna vertebral de esa fuente
testimonial, pilar de la investigación para incontables generaciones”.
En fechas próximas, una numerosa agrupación de investigadores
sociales enviará una misiva al secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda, refiriendo su preocupación por los
incidentes relacionados al agn, y con el fin de ser considerados
y tomados en cuenta en el proyecto de Ley de Archivos. La comunicación
estará encabezada por importantes figuras de la academia
como Eugenia Meyer, Teresa Rojas, Josefina Mc Gregor, José
María Muria y Rafael Loyola, entre otras personas comprometidas
con la historia de nuestro país.
Esperemos, entonces, la respuesta del Gobierno Federal y el resultado
acerca de la creación de un cuerpo legislativo general que
fije un marco de normalización de las tareas archivísticas,
de acuerdo a las prioridades que se establezcan en los niveles estatales
y locales.
* Actualmente cursa la maestría
en Historia en la UAM. |
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