Año 3 • No. 96 • marzo 24 de 2003 Xalapa • Veracruz • México
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¿Qué sucede en el Archivo
General de la Nación?

María del Carmen Suárez Rivera* (Egresada Facultad de Historia)
En febrero pasado, las instalaciones del Archivo General de la Nación (AGN) fueron el escenario que las organizaciones campesinas de México eligieron para sostener un “diálogo” sobre los problemas del campo. La elección del lugar no fue obra de la Secretaría de Gobernación, sino de las propias organizaciones, pues, aparte de los historiadores, no existe otro grupo social que haga un uso frecuente del agn como los campesinos. Basta darse una vuelta cualquier día de la semana laboral para observar a algún hombre del campo tratando de acceder a los viejos papeles con el fin de definir problemas de tierras u otro asunto real o político que les concierna, haciendo, como nadie, un uso concreto e inmediato de la información que alberga el gran depósito documental del país.

Desde la realización del evento con los campesinos y otros representantes de la sociedad, el archivo permaneció cerrado durante un mes aproximadamente; este hecho provocó diversas quejas (en corto y públicas: La Jornada, 24 de febrero de 2003) de aquéllos que nutren parte de la investigación histórica con la consulta de archivos.

Sin embargo, quienes pensaban continuar desde el 10 de marzo con las tareas sustantivas de su investigación en el antiguo “Palacio de Lecumberri”, se han encontrado con la novedad de que algunas secciones de consulta como la de microfilmes (Genealogía) y la de archivos privados (Galería 7), entre otras, permanecen fuera de servicio, sin que al respecto medie explicación de la autoridad competente, con la agravante de que no existe la autoridad, pues hasta esa fecha no había nombramiento oficial para la Dirección del Archivo Histórico Central, adjunta a la dirección general.

Por otra parte, también en febrero, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Francisco José Paoli Bolio, anunció la remoción de la directora del agn, Stella González Cicero, afirmando que la salida de la funcionaria no obedecía a censuras en el acceso o para evitar la filtración de documentos que afectarían a altos funcionarios del pasado –versión que ha circulado en algunos medios–, sino que forma parte del proceso de modernización de esa dependencia que busca acelerar el proceso de digitalización de todos los documentos ahí resguardados.
De tal forma, el 18 de febrero Paoli Bolio dio posesión a Jorge Ruiz Dueñas como director del agn, declarando que los retos fundamentales de la institución eran conservar, ordenar, difundir la memoria histórica del país y coordinar esfuerzos, en el contexto nacional, para garantizar el funcionamiento eficiente de los documentos administrativos e históricos del país, reconociendo también el interés social por acceder a los archivos recientemente abiertos que conciernen al periodo del movimiento estudiantil y de la llamada “guerra sucia”.

Asimismo, frente a los acontecimientos vinculados al AGN, en los ámbitos académicos de historiadores, archivistas y otros científicos sociales, ha corrido la información acerca de que el Gobierno Federal está preparando la elaboración de una Ley sobre Archivos, que tanto ha sido demandada, como necesidad sustantiva para la preservación, consulta y transparencia que debe regir el funcionamiento de los archivos de México.

Para tal efecto, al parecer en la creación del proyecto de esta Ley están interviniendo personas ajenas a la realidad del AGN, de la propia tarea histórica y del análisis social. En ese sentido, la comunidad académica ha levantado la voz para que, dentro de un ambiente solidario, plural y receptivo, se le haga partícipe del desarrollo de una iniciativa de Ley de Archivos, puesto que las decisiones excluyentes afectarían la voluntad de cambio para la transformación de las instituciones que, como el agn, reclaman un marco jurídico que “considere todas sus vertientes y constituya la columna vertebral de esa fuente testimonial, pilar de la investigación para incontables generaciones”.

En fechas próximas, una numerosa agrupación de investigadores sociales enviará una misiva al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, refiriendo su preocupación por los incidentes relacionados al agn, y con el fin de ser considerados y tomados en cuenta en el proyecto de Ley de Archivos. La comunicación estará encabezada por importantes figuras de la academia como Eugenia Meyer, Teresa Rojas, Josefina Mc Gregor, José María Muria y Rafael Loyola, entre otras personas comprometidas con la historia de nuestro país.

Esperemos, entonces, la respuesta del Gobierno Federal y el resultado acerca de la creación de un cuerpo legislativo general que fije un marco de normalización de las tareas archivísticas, de acuerdo a las prioridades que se establezcan en los niveles estatales y locales.

* Actualmente cursa la maestría en Historia en la UAM.