Reunidos en coloquio, los participantes señalaron que la mina devastaría el patrimonio biocultural de la zona, ubicada en la costa central de Veracruz
Susana Castillo Lagos
Desaparición de especies endémicas y en peligro de extinción, contaminación de cuerpos de agua, pérdida de bienestar social y daños irreversibles a vestigios arqueológicos, son algunos de los efectos que dejaría la extracción minera en la costa central de la entidad, coincidieron integrantes de la sociedad civil, academia y gobierno en el Coloquio “En defensa del patrimonio natural y cultural de Veracruz: el caso del proyecto de la mina La Paila, municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios”, celebrado en el auditorio de la Facultad de Biología el 11 de octubre.
El coloquio alojó una amplia reflexión en torno al impacto de este proyecto minero, impulsado por la empresa canadiense Candelaria Mining Corp, durante una jornada que convocó a más de 172 asistentes y que se extendió por más de cinco horas, en la que voces de diferentes sectores se expresaron libremente y compartieron una sólida argumentación, fundamentada con imágenes, documentos, experiencias e investigaciones.
Este ejercicio fue convocado por la Universidad a través de la Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (DGAACBA), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (Sedema), el Instituto de Ecología (Inecol), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Pronatura, A.C., Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas), A.C, y La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).
Al inicio del mismo, Domingo Canales Espinosa y Miguel Ángel Escalona Aguilar, titulares de la DGAACBA y de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustenta), respectivamente, expresaron que el evento respondía al compromiso social de la Universidad con la conservación y manejo de los recursos naturales.
Recordaron que si bien el pasado 2 de octubre la empresa canadiense retiró la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de explotación minero de oro y plata en el cerro de La Paila, lo que significa que desistió de ser evaluada por Semarnat, persiste el riesgo de que sea retomado.
Y aunque aún no se puede cantar victoria, en tal decisión influyó la presión ejercida por la sociedad civil organizada y la academia.
La encargada de inaugurar el evento fue la titular de Sedema, Mariana Aguilar López, quien destacó la relevancia de este encuentro al congregar a diferentes actores sociales y del gobierno “con este ímpetu por la defensa del patrimonio biocultural”.
Propuestas y acuerdos
El proyecto minero referido contempla la explotación a cielo abierto del cerro de La Paila, ubicado en la costa central de la entidad, a 70 kilómetros al norte del puerto de Veracruz, 30 kilómetros en línea recta al noroeste de Xalapa y 3.08 kilómetros de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, cercanía que lo convierte en algo inédito a nivel mundial.
La actividad impactaría directamente 361.85 hectáreas, y 265 de éstas se constituyen por vegetación forestal. Para extraer el oro y la plata se usarían explosivos y mediante una combinación de cianuro y agua se obtendrían tales minerales de las rocas dinamitadas.
Lo anterior tendría efectos devastadores para el bienestar de los pobladores de la zona y sus alrededores, así como para la biodiversidad y el patrimonio arqueológico y cultural de Veracruz, explicaron los 14 ponentes del evento, entre ellos: Asención Sánchez Vázquez, habitante de la comunidad Los Baños, de Alto Lucero; Javier Laborde, investigador del Inecol; Elisa Peresbarbosa, de Pronatura; Emilio Rodríguez, de LAVIDA; los investigadores universitarios Lourdes Budar, Héctor Narave y Gerardo Alatorre, y el diputado local Ernesto Cuevas.
Las posturas presentadas a lo largo de la jornada se sintetizan en las siguientes propuestas: aplicar en términos estrictos la Norma Oficial Mexicana (NOM) 120 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que “establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos”.
Además, modificar la Ley Minera de 1992 y promulgar una ley estatal que impida la minería tóxica en Veracruz.
Otro de los planteamientos fue establecer un Ordenamiento Ecológico Territorial, instrumento de política ambiental que regula o induce el uso de suelo y las actividades productivas, para proteger el entorno, preservarlo y aprovechar sustentablemente los recursos. También se habló de la posibilidad de decretar la zona como Área Natural Protegida de forma amplia o designando sitios específicos, o bien como una reserva archipiélago como alternativa de conservación, pues la costa central veracruzana es un corredor de aves migratorias de importancia mundial.
Asimismo, se habló de la creación de un consejo consultivo en materia de medio ambiente, integrado por destacados académicos, investigadores y ciudadanos.
Y de emprender una campaña universitaria de información y difusión, para que los conocimientos y la investigación académica tengan un sentido social.
En el cierre del evento, los participantes asumieron el compromiso de difundir ampliamente las problemáticas que se derivan de este tipo de extractivismo, así como integrar grupos en los que pobladores, organizaciones civiles, academia y gobierno estén representados para dar seguimiento a lo expuesto en el coloquio.
Asimismo, se expresó que este ejercicio fue sólo el punto de partida del trabajo a realizar, en el entendido de que todos los que participaron y asistieron tienen en común la oposición a la minería, dados sus efectos sociales, ambientales y económicos.
La relatoría del evento estuvo a cargo de Clementina Barrera Bernal, directora de la Facultad de Biología.