De aprobarse la iniciativa, se limitaría el acceso a importantes documentos
La documentación contenida en los archivos será sujeta a evaluación para validar si es histórica, pues son parte de nuestra memoria colectiva y el reflejo de nuestra sociedad
Paola Cortés Pérez
La iniciativa de Ley General de Archivos, que se presentó al Senado de la República en noviembre de 2016, pone en riesgo la construcción de la memoria histórica del país y el acceso a documentos que están bajo resguardo en archivos, declaró Yovana Celaya Nández, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S).
Comentó que la iniciativa de ley llegó a la Cámara de Senadores el 17 de noviembre pasado y 11 días después se presentó en audiencia pública, durante la cual un número considerable de académicos y especialistas de diferentes instituciones expresaron sus inquietudes respecto a la propuesta.
“Al enterarnos que esta ley estaba en redacción, por distintos medios intentamos ser escuchados y formar parte del proyecto; queríamos que no fuera un asunto legalista e institucional, como ha pasado con una buena parte de las leyes, sino que se nos tomara en cuenta.”
A través de una campaña en redes sociales, medios de comunicación nacionales y la plataforma Change.org, se hizo una petición que fue firmada por más de cuatro mil personas, con la finalidad de que la opinión de la comunidad académica sea escuchada en la redacción de la ley, fundamental para la construcción de la memoria histórica, explicó Yovana Celaya.
Señaló que el corazón de la ley es el marco general que se establece para el funcionamiento de un sistema nacional de archivos, al que estarán sujetos no sólo el Archivo General de la Nación (AGN) sino el resto de las unidades concentradoras de información estatales, municipales, de los partidos políticos, de asociaciones religiosas, fideicomisos, archivos privados (que actualmente se rigen por otra legislación), entre otras.
«Si no tenemos un archivo estaremos negando nuestro propio pasado”: Yovana Celaya Nández
Posteriormente se hizo una revisión detallada de los alcances y efectos que la nueva ley tendrá en el quehacer histórico y en general en las ciencias sociales.
Archivos resguardan la memoria de todos
Yovana Celaya añadió que antes de aprobar la Ley General de Archivos, se debe aclarar qué se entiende por archivo, toda vez que en dicha legislación se clasifican en tres tipos: administrativos, de concentración e históricos.
“Como historiadores siempre peleamos porque los archivos no se conciban como depósitos de documentos, bodega de papeles o un lugar donde cae todo lo que nadie conoce; por el contrario, son parte de nuestra memoria colectiva, son el reflejo de nuestra sociedad. Si no tenemos un archivo estaremos negando nuestro propio pasado, nuestra propia memoria.”
La investigadora señaló que la legislación es confusa; además, no garantiza que la información que se produce en la actualidad sea depositada en el AGN o en el Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV).
Otra característica de la nueva ley es que se complementa con las de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales: “Son leyes que necesariamente tienen que dialogar, porque un archivo se construye a partir de información personal como actas de nacimiento, registros migratorios, actividades políticas; al final todos los archivos tienen datos personales. Esta relación hace que algunos puntos de la iniciativa nos produzcan temor”.
Por ejemplo, el principio básico de la ley es preservar y concentrar la documentación, lo cual es favorable; el problema es que dicha preservación estará determinada por el acceso a la información, transparencia y control de datos personales.
La Universidad resguarda un importante acervo
“Muchos dirán que la información de los siglos XVIII y XIX no se verá afectada, pero pensemos en la generada hoy, porque no hay certeza que ésta se pueda consultar en cinco, 10, 20 o 25 años. A mis alumnos de la Facultad de Historia les advierto que con esta ley no podrán construir la memoria de los acontecimientos que viven hoy, ellos mismos no podrán enseñar su propia historia.”
Celaya Nández consideró que esta iniciativa pone muchos obstáculos al trabajo de la comunidad académica, que es la producción de conocimiento.
Lo histórico se vuelve político
En opinión de la investigadora, la iniciativa de la Ley General de Archivos politiza un tema que es del ámbito cultural y social, al pretender que sea la Secretaría de Gobernación (Segob) la encargada de aplicarla y, por ende, de controlar la información contenida en el AGN y el resto de los archivos del país.
“Esto implica un retroceso legislativo que nos pone a la altura de países autoritarios como Corea del Norte, ya que el Estado controlará la información que debe ser de acceso público”, lamentó.
Yovana Celaya cuestionó que la nueva ley permita el control gubernamental sobre los archivos: “En este país se trabaja desde hace varios años para generar una cultura política y ciudadana que no esté supeditada a las instituciones, capaz de decidir no sólo por quién votar sino cuestionar qué se hace y cómo se destinan los recursos económicos; entonces, ¿por qué la memoria que han construido generaciones pasadas tendrá que estar sometida a la Segob?”.
De ser aprobada por el Senado, advirtió, la ley tendrá efectos negativos: el primero será que el AGN se volverá una secretaría de funcionarios y estará dirigida por alguien designado por el presidente del país.
“No hay certeza de que al frente esté un especialista, estaría un funcionario, que ante todo es un político; ¿cómo sabremos si tendrá sensibilidad para manejar la documentación histórica o valorar la relevancia de un archivo como resguardo de memoria?”, cuestionó.
Esta situación se reproduciría a nivel estatal y municipal, pues las secretarías de los gobiernos nombrarán a los directores de los archivos históricos, “la información estará a disposición del partido político en el poder, como ha sucedido con otros tipos de programas”.
Los archivos históricos son el reflejo de nuestra sociedad
Memoria histórica, en riesgo
La también integrante de la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, indicó que otro punto delicado es el Artículo 14 transitorio de la Ley General de Archivos, el cual señala que los archivos serán evaluados, para validar si la documentación que contienen es histórica
Lo delicado es que no se específica quiénes harán la evaluación, en qué condiciones y qué pasará con la documentación considerada “no histórica”.
“Qué pasará con un archivo estatal, cuyo manejo depende de recursos limitados, o con los de los municipios, que muchas veces no tienen recursos; para ello se requeriría de expertos en archivonomía e historiadores para proponerse una revisión de la documentación resguardada, de lo contrario estaríamos en riesgo de perderla.”
No obstante, evaluar la documentación de los archivos es delicado, porque las preguntas que se hacen ahora no son las mismas de hace 50 o 100 años, manifestó.
Por ejemplo, “hoy me dirán que la carta que escribe un migrante a su esposa es muy personal y quizá no tenga relevancia, pero en 20 años, para alguien preocupado por hacer historia de los efectos negativos de la migración para una familia, tendrá un valor fundamental.
”Lo preocupante es la valoración de los documentos, cómo sabremos que no es importante, a partir de qué criterios, eso es lo delicado de este artículo.”
La investigadora enfatizó que la comunidad académica ha solicitado con insistencia a las autoridades que este artículo sea eliminado, bajo el argumento que la información depositada en el archivo histórico no tiene que moverse ni evaluarse, porque obedeció a una lógica que no es actual y, por lo tanto, se debe preservar la documentación que ya está bajo resguardo.
Protección de datos vs. memoria histórica
En los últimos 10 años se han hecho esfuerzos considerables para tener acceso a la información. En lo referente a los archivos considerados públicos, pueden ser consultados después de un periodo de 50 a 70 años, como es el caso de toda la documentación relacionada con el movimiento estudiantil de 1968 y la Guerra Sucia.
“La vigente legislación establece un tiempo específico en el que los documentos generados por diferentes instancias serán resguardados en el AGN; es decir, los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Segob, Secretaría de Hacienda, entre otras dependencias, una vez cumplido su tiempo como archivos de concentración o de administración, pasan al AGN”, detalló Yovana Celaya.
En cambio, la actual iniciativa no fija un periodo que asegure que la información que se genera hoy pueda consultarse en 25, 30 o años más. “Esto tendrá un efecto sobre la producción del conocimiento en el presente y en el futuro”.
Señaló que con la aprobación de la iniciativa, la información personal (nombre, dirección, incluso fotografías) contenida
en documentos de hace 50 o 70 años podría testarse o censurarse, bajo el argumento de la protección de datos personales y datos sensibles.
“Ya no se tendrá acceso a los archivos de los movimientos políticos de los años sesenta, de la información generada y transmitida entre los funcionarios, incluso la de los siglos XVII hasta principios del XX; en suma, toda aquella información que se considere de naturaleza sensible.”
La comunidad académica, enfatizó, ve con buenos ojos la existencia de una ley que coadyuve a preservar la información generada en siglos pasados, el actual y los venideros; sin embargo, sería una equivocación sólo guardarla y no permitir que se difunda entre los mexicanos.
“Queremos que esta apreciación se incluya en la ley, porque de nada sirve preservar un archivo que no se da a conocer. Somos una comunidad preocupada por la información de los siglos XVII, XVIII o XIX y también por la generada en el presente, deseamos que esté disponible en su totalidad para su consulta por todos los interesados.”
Archivo del Estado de Veracruz, en peligro
Los archivos históricos serán determinados por la Ley de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la cual instituye que se considera histórico todo aquello producido 100 años atrás.
Al respecto, Yovana Celaya advirtió que el AGEV estaría en riesgo de perder la categoría de histórico y se convertiría en archivo de concentración.
“Buena parte de su documentación (alrededor del 80 por ciento) corresponde al siglo XX y tiene escasa información del siglo XIX; es lo que tenemos, con lo que trabajamos, con ello construimos memoria, hacemos investigación, ejercemos la docencia y los alumnos hacen tesis”, expuso.
Por lo tanto, si el AGEV se convierte en archivo de concentración, los académicos, estudiantes y ciudadanos tendrán que atender la legislación de transparencia y datos personales para consultar la información: “Pasaríamos de tener un archivo general histórico a una documentación pequeña sólo del siglo XIX”, advirtió.
Cabe mencionar que el archivo estatal resguarda aproximadamente 130 millones de documentos y materiales únicos, entre ellos un acervo de más de 19 mil planos de la entidad, decretos, obra legislativa y fotografías que narran la historia de Veracruz.
Por ello, agreó, continuarán participando en el debate y en la próxima audiencia pública, porque no sólo quieren mejorar la redacción, sino que esperan se elimine el Artículo 14 transitorio.
“Queremos socializar la información, que se entienda que los archivos no sólo competen a los historiadores, sino a todos como sociedad, porque en los archivos está la memoria de todos.”
Por último, invitó al actual Director del AGEV a sumarse a la discusión, ya que hay una importante comunidad de científicos sociales que hacen investigación y docencia con base en los documentos ahí resguardados, por lo que solicitó su apoyo para proteger y dar libre acceso a la información pública depositada en el AGEV.