«Las vías elegidas por la Rectoría han sido dignas, respetuosas, institucionales y las únicas que pueden dar un resultado positivo”: Consejeros
«La Universidad vive momentos críticos que, a la vez, son inéditos. Celebro las manifestaciones en las cinco regiones universitarias, así como el orden y la cordura con que se llevaron a cabo”: Rectora
Paola Cortés y Claudia Peralta
El Consejo Universitario General (CUG) de la Universidad Veracruzana (UV) decidió convocar a una marcha monumental en defensa de esta casa de estudios para el 10 de marzo, rechazar la modificación al Artículo 98 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y la reducción del presupuesto 2016, así como exigir al Gobierno del Estado el pago de los pendientes financieros e incrementar de tres a cinco por ciento el porcentaje propuesto en la reciente iniciativa del Ejecutivo estatal para garantizar la autonomía financiera de la Universidad.
El máximo órgano de autoridad en la UV sesionó el 4 de marzo con carácter extraordinario, registró la más alta participación de consejeros universitarios en su historia y, sobre todo, expresó de forma unánime un voto de confianza para la administración que encabeza la rectora Sara Ladrón de Guevara, además de aprobar una comunicación oficial del Consejo Universitario General al respecto y que puede consultarse en el portal oficial de esta casa de estudios.
Otra comunicación aprobada por el CUG fue aquella que la Rectora enviará al Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, para que intervenga ante la Secretaría de Hacienda y esta casa de estudios reciba la totalidad de los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie), mismos que redujeron en un 67 por ciento, de un total de 55 millones 423 mil 69 pesos.
El CUG sesionó con las cinco regiones universitarias de todo el estado enlazadas mediante el sistema de videoconferencias y registró un alto índice de participación de los consejeros. Éstos, en otra de las decisiones de la sesión, aprobó la conformación de una comisión de juristas encabezados por José Luis Cuevas Gayosso, director de la Facultad de Derecho, para discutir con los diputados locales la reforma al Artículo 98 de la Ley del IPE y la reducción presupuestal y la autonomía financiera de la Universidad.
Clementina Guerrero García, secretaria de Administración y Finanzas, y el abogado general, Alberto Islas Reyes, expusieron ante los consejeros los pormenores financieros y legales que caracterizan la actual coyuntura de la institución, luego de lo cual inició un sólido debate al interior del órgano.
A nombre de todos los consejeros alumnos, quienes se pusieron de pie en todas las regiones, Alejandra Ramos del Ángel, estudiante de Ciencias Químicas, dijo que ante la preocupación e indignación por las acciones impulsadas por el gobierno estatal que afectan a la Universidad y al desarrollo de la educación pública, “consideramos necesario hacer la mayor presión posible para obligar a éste a que pague lo que hasta el momento debe y derogue la propuesta de reforma a la Ley del IPE, porque representaría una mayor carga financiera”.
Alfonso Velázquez Trejo, del Sistema de Enseñanza Abierta; Alfredo Zavaleta Betancourt, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales; Enrique Velasco, coordinador del Centro de Estudios de Jazz; Cuauhtémoc Landa Torralba, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria; Gustavo Bureau Roquet, director de la Facultad de Arquitectura, y Augusto Hernández, del Instituto de Investigaciones Biológicas, entre otros, reconocieron y respaldaron las acciones legales emprendidas por las autoridades universitarias, pues tales vías son dignas, respetuosas, institucionales y las únicas que pueden dar un resultado positivo.
En este contexto, la Rectora subrayó que actualmente la Universidad vive momentos críticos que a la vez son inéditos. Celebró, además, las manifestaciones públicas de apoyo desarrolladas en las cinco regiones universitarias, así como el orden y la cordura con que se llevaron a cabo.
También se congratuló porque el Senado de la República aprobó, por unanimidad, un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Veracruz a liquidar los adeudos pendientes, pues esto sucedió a la par de lo que los universitarios reclamaban en las calles –en alusión a las marchas del 25 y 26 de febrero.
Lo anterior, dijo, significa que las gestiones de la UV han sido reconocidas, legitimadas y validadas por la sociedad: “Nuestro reclamo es apegado a derecho y se seguirá manteniendo”.
Para concluir la sesión, los integrantes del CUG llamaron a que las diversas manifestaciones de la comunidad universitaria incluyan propuestas artísticas, académicas y culturales, que se realicen bajo consideraciones de seguridad, disciplina y a la altura que le caracteriza.