Manlio Fabio Casarín León
Karina de la Paz Reyes
La academia generalmente no influye en la decisión del poder político, pero debe empezar a hacerlo, pues las condiciones que se están generando en el país son un caldo de cultivo para la inestabilidad social, planteó el jurista Manlio Fabio Casarín León, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
Para él, es necesario otorgar una justa dimensión a la academia, cuyo objetivo es “dar luces, aportar alternativas y propuestas, y dependiendo de la sensibilidad, y de la visión que tenga el poder político, podrá tomar este tipo de información y alternativas, procesarlas en el debate público para obtener soluciones a los problemas que laceran a la ciudadanía”.
Recordó que en el marco del conjunto de acciones orientadas a fortalecer el Estado de Derecho en México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) encabezar un proceso de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil en materia de justicia cotidiana.
El CIDE intituló este ejercicio “Foros de consulta en materia de justicia cotidiana”, y del 22 de enero al 26 de febrero se desarrollaron cinco en igual número de ciudades.
La Universidad Veracruzana, a través de Casarín León, participó en el que tuvo como sede a Guanajuato, dedicado al tema “Justicia para los ciudadanos”.
En su intervención, Casarín León expuso patologías de la función pública, pero también cómo se pueden combatir. En sus palabras, la justicia para los ciudadanos es un tema muy significativo porque no tiene que ver con juicios ni tribunales, sino con el día a día, en el cual una persona acude a una ventanilla a hacer un trámite, cuando se inconforma por la negación de una solicitud, de un permiso, de una licencia.
Con foros como el citado, se trata de diseñar una ruta crítica para construir una metodología tendiente a generar soluciones e impulsar grandes reformas que faciliten esta justicia. Se dice que la justicia mexicana es poco accesible, costosa e ineficiente, de ahí que Casarín León planteó generar reglas estandarizadas para que el trato de la autoridad, en materia de derechos, tenga un mínimo de homogeneidad en todas las entidades de la federación.
Comentó que en cada entidad federativa los procedimientos frente a la administración pública tienen una extraordinaria cantidad de diferencias, ausencias y omisiones que en este momento resultan inaceptables, si se toma en consideración el Artículo 1 de la Constitución.
Para el jurista, la legalidad contiene los incentivos más atractivos para generar prácticas de corrupción. Añadió que estamos en un momento en que se requiere “dignificar” el ejercicio de la función pública y en cualquier nivel de gobierno se debe fortalecer la infraestructura ética, el tema deontológico (ciencia o tratado de los deberes).
La reforma al estatuto de la función pública, remarcó, se refiere también a las remuneraciones dignas pero proporcionales a las responsabilidades, con sanciones “contundentes” y “ejemplares” para el funcionario que incurra en un acto de corrupción.