Mesa inaugural del Foro “La seguridad, justicia y legalidad en Veracruz”
Lucero Mercedes Cruz Porras
El Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) y la Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) celebraron el 16 de noviembre el Foro “La seguridad, justicia y legalidad en Veracruz. Una mirada desde los observatorios ciudadanos”, en el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán” de dicha entidad académica.
En esta intensa jornada de análisis se presentaron dos mesas de reflexión en torno a temáticas con gran relevancia en la esfera pública estatal y nacional, con un especial enfoque a las acciones que diferentes instancias proponen y realizan en beneficio de la calidad de vida de la sociedad.
El encuentro fue inaugurado por Ernesto Treviño Ronzón, José Alfredo Zavaleta Betancourt y Filiberta Gómez Cruz, investigadores y directora del IIH-S, respectivamente, y José Othón Flores Consejo, titular de la CUO, quienes agradecieron la presencia del conferencista Leonel Fernández Novelo, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Los presentadores acotaron que la organización del foro respondió a la necesidad de tratar académicamente un “tema vivo en la agenda pública desde hace años, cuando el estado de Veracruz entró en un ciclo de violencia del que no ha podido salir”.
Durante la conferencia inicial, Leonel Fernández ofreció un repaso por los diagnósticos de indicadores delictivos realizados con una metodología científica por el ONC, “organismo que se encuentra actualmente en un fuerte debate en el Senado de la República sobre el tema de armas de fuego en México”. Aclaró que una de las principales labores del observatorio consiste en la elaboración de reportes mensuales sobre los 10 delitos de alto impacto con mayor incidencia en la estabilidad social en el país (robo a casa habitación, extorsión, robo de vehículo, secuestro, violación, robo a transeúnte, robo con violencia, robo a negocio, lesión con arma de fuego y homicidio doloso), así como el monitoreo e investigación del desenvolvimiento de los mismos.
Dichas actividades “cuestionan la pertinencia de las políticas públicas en materia de seguridad, porque se requiere información sólida y constante para determinar un tratamiento eficaz para las problemáticas”, aclaró el investigador. Posteriormente mostró datos contundentes del último corte mensual (septiembre de 2016) revisado por el ONC, en el que es posible observar que “los delitos de alto impacto han tenido tasas de crecimiento muy grandes que inciden en la percepción de inseguridad en regiones donde aún no se rebasa la media porcentual”.
Las tasas de incremento de los 10 delitos de alto impacto, por cada 100 mil habitantes, parten del registro de carpetas de investigación de los civiles afectados ante las entidades responsables, las cuales hasta septiembre de 2016 reportan una alarmante “profesionalización de la violencia en los grupos de crimen organizado”. Esta constante se refleja en varios casos, sobre todo en la crisis de homicidios dolosos en el país, pues en agosto de este año se registró el mayor índice de homicidios dolosos relacionados con la portación de armas de fuego, desde 1997. En este aspecto 12 entidades federativas superaron la media nacional; dicha lista está encabezada por Colima, con un 304.12 por ciento mayor, seguida por Guerrero, con un 193.96 por ciento de diferencia respecto de meses anteriores.
En cuanto al secuestro, el investigador explicó que se hace una particular distinción entre los fueros común y federal, debido a que “en los últimos años la Procuraduría General de la República ha comenzado a atraer muchos de estos delitos, ante la falta de capacidad de los gobiernos estatales para contenerlo”.