Agustín Carpio Pérez
Agustín Castellanos Rodríguez
Teóricamente los indígenas tienen derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, sin embargo en la práctica esto no siempre sucede, expresó Agustín Carpio Pérez en la Facultad de Derecho.
El 2 de marzo, el jurista originario del municipio de Ixhuatlán de Madero dictó la conferencia «La importancia de los intérpretes en el sistema penal acusatorio», durante la cual condenó las violaciones constitucionales que atentan contra los derechos de las comunidades indígenas a causa de un escaso conocimiento del idioma español.
«Los pobladores de la región Huasteca han sufrido un proceso de aculturación, afectándoles hasta desconocer sus raíces. La falta de servicios legales en pueblos indígenas representa un valor negativo en el ejercicio de los derechos de estas comunidades».
Teóricamente la Constitución establece que la federación, para eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinará las políticas necesarias para el desarrollo de estos pueblos y comunidades, diseñadas de manera conjunta con los miembros de estas entidades, agregó.
«Actualmente, de las políticas que llegan a las comunidades no existe previa consulta que incluya algún consejo indígena. Los programas llegan –con nombre de proyecto rural– para ser desarrollados de la manera que ya vienen diseñados.»
Dijo que este tipo de programas trae grandes consecuencias para las comunidades, afectando directamente las costumbres y cohesión de las localidades.
De manera constante las violaciones de los derechos de los indígenas se suscitan durante los procesos de desarrollo de programas rurales: «Ciertos proyectos privados que trabajan para organismos federales contratan a los miembros de las localidades por un salario mínimo, con jornadas superiores a ocho horas en condiciones de total inseguridad», expuso Carpio Pérez.
Ante este panorama, en materia judicial urgen intérpretes capacitados y dispuestos a la protección de los derechos de los indígenas, una necesidad establecida constitucionalmente.
«Datos concretos revelan que en los distritos judiciales con presencia de lenguas maternas los fiscales deben desarrollar la actividad de traductor, una propuesta que ha quedado superada por la realidad.»
Dentro del ejercicio legal que se enfoca a los derechos de los indígenas se deben involucrar varios actores que conozcan la lengua y cultura de las regiones indígenas, una propuesta rebasada por la escasez de profesionistas con dichas facultades.
«Las instituciones deben prestar particular atención a esas cuestiones, para lo cual se necesitará de mucha gente que pueda cubrir estas necesidades», agregó.
«Nos falta la cuestión práctica, personas enfocadas en este modelo de justicia penal y con la convicción de poder fungir como intérprete. La igualdad formal es una idea bastante alejada de la igualdad sustantiva, es por eso la relevancia de este campo.
«Aparentemente es una cuestión no invisibilizada, con el fin de no invertir en políticas públicas. Los responsables afirman que ésta es un área cubierta de manera satisfactoria, pero se trata de una ficción desmentida por la realidad de
las comunidades indígenas», explicó Agustín Carpio.
Para concluir, el jurista explicó: «Mi intención es hacer referencia a los nuevos modelos que incorporan los juicios orales, en donde un intérprete juega un papel fundamental. A nivel nacional se han logrado ciertas conquistas en materia de derechos indígenas, estados como Oaxaca y Morelos trabajan al respecto, evidenciando las carencias de esta rama del sistema judicial.
«Para garantizar el derecho en todos los usos y procedimientos, individual y colectivamente, se necesitan esfuerzos que deban tomar en cuenta los usos y costumbres, así como las especificidades culturales de las comunidades indígenas.»