Manlio Fabio Casarín León
José Luis Couttolenc Soto
En México se carece aún del ejercicio del derecho humano a una buena administración, que permitiría que en un Estado democrático ya no se observen decisiones discrecionales, verticales o unilaterales por parte de la autoridad, y que no cuentan con el consenso, anuencia o aceptación de la sociedad porque nunca se pusieron a discusión ni en conocimiento de ella.
Así lo señaló Manlio Fabio Casarín León, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), quien dijo que este derecho se ejerce en Europa, donde nació en el año 2000 con la firma de la Carta de Niza, y constituye uno de los componentes esenciales del derecho humano generando la prerrogativa individual y colectiva en los ciudadanos, para que los asuntos que impacten o generen algún efecto en su esfera jurídica sean tratados por las administraciones públicas de manera equitativa, proporcional, transparente y diligente.
El también académico de la Facultad de Derecho explicó que de incorporarse en el país el derecho humano a la buena administración, se estarían superando aquellas visiones tradicionales en donde el concepto de buena gobernanza tenía impacto únicamente en las políticas públicas como un principio rector.
Ejemplificó como caso concreto las políticas que se están implementando en materia financiera, económica y tributaria, en donde el ciudadano es solamente un sujeto a la expectativa, inerte y con muy poca o nula participación en la toma de decisiones que le van a impactar, o le están impactando directamente, en su esfera patrimonial, personal y familiar.
Casarín León mencionó que Veracruz tiene la oportunidad de ser pionero al incursionar en esta materia, dado que investigadores universitarios tienen ya una serie de propuestas que han sido publicadas en su oportunidad, en las que se insiste ante los órganos de decisión la necesidad de constitucionalizar el derecho humano a la buena administración.
Precisó que la última Constitución Política de Veracruz cumple 17 años, por lo que considera un buen momento para resucitar mecanismos planteados en ella “y que a la fecha han tenido una eficacia bastante disminuida y cuestionada, como sería el juicio de protección de los derechos humanos, que no ha despegado con la eficacia que se requiere por muchos aspectos del sistema jurídico mexicano”.
Por ello, el investigador insistió en que es buen momento para la incorporación del derecho humano a la buena administración y de aquí irradiar sus efectos a nivel nacional para que pueda permear en la estructura federal, de esta forma el Estado mexicano se colocaría a la vanguardia en Latinoamérica garantizando la administración pública.
Para llevar a cabo lo anterior, se requeriría una reforma a la Constitución Política de Veracruz, específicamente en lo relativo a los derechos humanos, en donde se incorporaría el derecho antes citado con los elementos básicos que garantizan el ámbito procedimental y, en lo sustantivo, con una serie de actuaciones de la administración veracruzana, de sus funcionarios y servidores.