Jorge Vázquez Pacheco
En el marco del VII Seminario Internacional de Estudios Jurídicos “Construcción del derecho de familia”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Sistema de Enseñanza Abierta y la Facultad de Derecho, María Carmen González León, catedrática de la Universidad de Salamanca, España, disertó en torno de los derechos de los menores.
La académica española detalló algunos aspectos relacionados con este sector de la población y su capacidad para decidir por sí mismos. Al definir al “menor maduro” y la labor de los padres o de quienes mantienen la patria potestad sobre ellos, son muchos los detalles que han trascendido hasta la legislación y el estado jurídico españoles, explicó.
“Tenemos que resolver el conflicto que representa tratar de conciliar el deber que tienen los padres con el respeto a la dignidad, identidad e intimidad del menor. Ya es caduco el concepto de que carece de capacidad de decisión si no ha alcanzado determinado número de años”, indicó la especialista.
Es importante comprender la adquisición gradual de madurez y cobrar conciencia de su capacidad para tomar decisiones y actuar conforme a ello, sobre todo cuando se afecta al derecho de la personalidad. “Hay que respetar, en la medida de lo posible, su voluntad. ¿Está capacitado el menor de edad para aceptar o rechazar una intervención quirúrgica o, como en el caso de los Testigos de Jehová, negarse a una transfusión sanguínea aunque su vida esté en peligro?”.
González León abordó también el manejo de las redes sociales, los datos e imágenes que el menor suba a las mismas con o sin supervisión de los mayores y el problema que ello implica si hay intromisión de los padres o tutores. “En España tenemos una ley orgánica de protección de datos que no nos ofrece pista en este sentido, lo único que indica es que los menores de 14 años requieren autorización de padres o tutores. Otro tema en discusión se refiere al uso de los teléfonos móviles en los colegios, que ha motivado posiciones en pro y en contra”.
El asunto de los menores maduros y de su capacidad de decisión se encuentra sometido a escrutinio en España y no son pocos los detalles que aún quedan por resolver.