Asistentes al Simposio sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
Claudia Peralta Vázquez
Gabriela Naranjo Guevara, investigadora de la Universidad Iberoamericana, campus León, Guanajuato, afirmó que ante el grave fenómeno de la inseguridad que prevalece, es urgente que el Estado mexicano adopte y respete estrategias, así como protocolos en materia de derechos humanos y seguridad pública.
Durante su participación en el Simposio Internacional sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, destacó que el mayor reto es encontrar el equilibrio entre la coercibilidad de las normas y el respeto a los derechos fundamentales, particularmente la vida, integridad personal, libertad, orden y paz pública.
Naranjo Guevara agregó que esto debe realizarse en apego a los compromisos internacionales que México ha adquirido a partir de la reforma en materia de derechos humanos y compartió algunas propuestas en torno a este tema latente a nivel nacional e internacional.
La académica señaló que desde el punto de vista de los derechos humanos, deben clarificarse los conceptos de seguridad humana, pública, nacional y ciudadana, a fin de diseñar estrategias firmes de protección a la población.
En el marco de este foro, hizo una reflexión sobre las políticas públicas implementadas en la actualidad, y resaltó que la construcción de sociedades pacíficas, respetuosas de un marco jurídico y preocupado por la seguridad ciudadana, no es una tarea ni responsabilidad única de las autoridades del Estado, «las personas que formamos parte de la comunidad tenemos una enorme responsabilidad en la materia».
La académica resaltó la necesidad de implementar y fortalecer la figura de los observadores ciudadanos, lo cual sería una herramienta de colaboración para la exigencia, aportación y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
La abogada, quien ha desempeñado el cargo de Coordinadora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Iberoamericana de León, expuso la importancia de dar continuidad a las políticas públicas y evaluar su efectividad, ya que no hay un reconocimiento e identificación de los problemas de seguridad pública.
En este sentido, detalló que las políticas públicas no evaluadas, muchas veces repercuten en violaciones a los derechos fundamentales, escenario muy alejado de lo que realmente debe constituir para la atención de la seguridad ciudadana.
En su análisis sobre esta problemática, mencionó también que debe haber una comunicación estrecha entre los diferentes órganos de seguridad, con el propósito de definir acciones para abatir los actos delincuenciales.
Naranjo Guevara catalogó como otro reto el referente a las condiciones laborales, atención y evaluación de los agentes de seguridad pública, municipal, estatal y federal.
Esto dijo, daría pie a nuevas investigaciones, identificación de problemas y necesidades, establecimiento de indicadores, propuestas, exigencias y, quizá, reconstrucción de los cuerpos de seguridad.
Subrayó que ante el impacto de la violencia en el personal de seguridad, no hay un área de catarsis, asesoría para el manejo del estrés al interior de las corporaciones, acompañamiento.
De igual forma, resaltó el tema de la militarización de la seguridad pública, la cual lleva implícitos riesgos derivados de la formación de las fuerzas castrenses, ya que está enfocada a la eliminación del enemigo y no
a la ejecución de acciones preventivas del delito, intervención oportuna y efectiva para cuestionar y resolver conflictos sociales.