Paola Cortés Pérez
La rectora Sara Ladrón de Guevara advirtió que las universidades públicas del país se encuentran en completa indefensión al no existir mecanismos legales que garanticen la suficiencia financiera para sus tareas sustantivas.
La Rectora participó en el foro “La legislación y el financiamiento”, efectuado el 2 de marzo en la Ciudad de México y organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Senado de la República.
Ahí comentó que no existen los mecanismos legales ni organismos que revisen y vigilen de manera oportuna la entrega del presupuesto federal y el subsidio estatal que por ley le corresponden a toda universidad pública del país.
En el panel también participaron Romualdo López Zárate, Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco; Imanol Ordorika Sacristán, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y Javier Mendoza Rojas, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), también de la UNAM, moderados por Armando Alcántara Santuario, investigador del IISUE.
Ladrón de Guevara resaltó que el financiamiento que llega a las universidades proviene de fondos públicos de la federación y de las aportaciones que dan los estados en donde se ubican; hecho que las pone en desventaja e indefensión, porque cada gobierno estatal manejará el flujo financiero de acuerdo a la discreción de los titulares del Ejecutivo en turno.
Actualmente, “no hay manera de que las universidades puedan cobrar los subsidios; no se tiene un garante, por lo cual los universitarios han salido a las calles a exigir que los gobiernos estatales hagan la oportuna entrega de recursos a sus universidades”, subrayó la Rectora.
Ante este panorama, puntualizó que mesas de debate como la que realizó la ANUIES, son necesarias para propiciar una legislación que regule los montos porcentuales de las aportaciones estatales y federales para las universidades públicas estatales, así como mecanismos de aseguramiento para que los recursos lleguen a las instituciones.
Las mesas de debate “La legislación mexicana en materia de educación superior”, tuvieron lugar en el patio central de la antigua sede del Senado de la República, y tuvieron como objetivo analizar la situación actual, desafíos y expectativas de la legislación que regula la educación superior en México.
Los participantes coincidieron en señalar que los principales problemas financieros de las universidades públicas del país son: entrega de subsidios federales y estatales; pago de jubilaciones y pensiones, e insuficiencia de recursos económicos.
Romualdo López sostuvo que la legislación vigente en educación superior no garantiza la suficiencia y certeza financiera; por ejemplo, la Ley General de Educación –en el apartado correspondiente a financiamiento– no establece proporción alguna que deba destinarse a la educación superior, entonces “es una ley muy obsoleta”.
Dijo que una manera en que las universidades pueden planear la construcción de infraestructura y el desarrollo de investigación con mayor alcance y mejores resultados, es a través de los presupuestos plurianuales, rubro que debe ser incluido en las reformas a la legislación de la educación superior.
En el mismo sentido se expresó Imanol Ordorika, al decir que la legislación educativa actual es obsoleta e inadecuada, por lo tanto es necesario un nuevo proceso legislativo para una Ley de Educación Superior que considere los siguientes puntos: ampliar la cobertura a más sectores de la sociedad; asegurar la gratuidad de la educación; especificar qué es educación superior y los tipos de educación que existen; precisar las funciones de las universidades, entre otros.
Por su parte, Javier Mendoza señaló que el problema de financiamiento se resolverá en el momento en que las universidades públicas tengan una visión de proyecto a largo plazo, es decir, “cuando pensemos cómo queremos que sea la educación superior y cómo será la cobertura, en ese momento tendremos una política de financiamiento”.
Cabe mencionar que el 9 de marzo continuarán las actividades sobre el análisis y reflexión de la educación superior, con tres mesas de debate que tendrán como temas centrales la regulación de la educación superior particular, la legislación y políticas para la internacionalización y globalización, y la educación normal y tecnológica en el país.