Rafael Aréstegui y Claudio Rafael Castro
Se realizó el Primer Coloquio “Contribuciones de los estudios de opinión al quehacer legislativo”
Karina de la Paz Reyes
El Centro de Estudios de Opinión y Análisis (CEOA) de la Universidad Veracruzana (UV) y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, realizaron el Primer Coloquio “Contribuciones de los estudios de opinión al quehacer legislativo” el 4 de diciembre, en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, campus Xalapa.
El evento académico es el “punto de arranque” del convenio general de colaboración e intercambio en materia de investigación e información parlamentaria que suscribieron la Cámara de Diputados y la UV, y que radica en ambos centros de estudios, indicó el titular del CEOA, Claudio Rafael Castro López.
En su intervención, el director general del CESOP, Rafael Aréstegui Ruiz, recordó que este centro surgió hace 12 años, junto con otros dos, cuyo origen fue la transición política del país, es decir, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.
Su propósito es apoyar a la Cámara con investigaciones de diversos rubros que respaldan el quehacer legislativo. Por ello decidieron acercarse a las entidades académicas, que “tienen mucho que decir en materia de los temas que nosotros debemos abordar”.
Primeramente establecieron un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y paulatinamente con las instituciones de educación superior del interior del país, y con los institutos de los congresos locales.
En sus palabras, México nunca había vivido una crisis como la que está sucediendo, “la credibilidad que tienen los órganos de gobierno nunca había estado en niveles tan bajos”; añadió que “esto obedece a la realidad que vive el país: los movimientos sociales marchan en una dirección y los actores y partidos políticos en otra muy diferente”.
Aréstegui Ruiz consideró también que el conjunto de reformas constitucionales que se han aprobado en 2014, producto del Pacto por México, “están trayendo más inconformidad que beneficio y ésa es una responsabilidad que tenemos los investigadores, de decirlo abiertamente”.
Las manifestaciones que se han realizado en el país, continuó, son una expresión del descontento social que se vive, e indican que se tienen que modificar las formas de tomar decisiones. “Evidentemente en ese orden de cosas, poder medir la opinión pública, sin que sea el único elemento a considerar para tomar decisiones, es un elemento fundamental”.
Remarcó que la opinión pública es uno de los elementos que deben estar presentes al ponderar la decisión a tomar con respecto a una medida.
A manera de ilustrar, señaló que los fenómenos meteorológicos que han azotado al país evidencian que se gasta más en reparación del daño que en prevención de riesgos, a pesar de tantas limitaciones económicas que aquí se padecen. “Tirar el dinero en reparar daños que se pudieron prevenir parece que es carecer de una política de prevención de riesgos”, lamentó.
“Pero así como sucede eso, podemos meternos en cualquier rubro y nos vamos a encontrar con que nuestras políticas públicas no tienen el soporte académico que se requiere. Entonces las instituciones educativas, sus centros de investigación, tienen que jugar ese papel, tienen que señalar cuál sería el rumbo por el que debe marchar nuestro país.
”En ese orden de cosas es muy importante la labor que realizan ustedes y evidentemente tiene riesgos, pero en la medida que nos juntemos, esos riesgos disminuyen”, remarcó.