Karina de la Paz Reyes Díaz
Integrantes de Equifonía, A.C., informaron por primera vez en un recinto universitario sobre las recomendaciones del Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el caso del feminicidio de la joven Pilar Argüello Trujillo, ocurrido en septiembre de 2012 en Coscomatepec, Veracruz.
Este ejercicio se desarrolló el miércoles 15 de noviembre en el Aula Magna “Guillermo Ortiz Mayagoitia” de la Facultad de Derecho.
Equifonía, A.C., lleva el curso legal del caso y una de sus fundadoras, Araceli González Saavedra, recordó que el cuerpo de la joven, de 20 años de edad, fue localizado en medio de un chayotal de aquel municipio, con signos de violencia sexual, semidesnudo y expuesto, características de un feminicidio.
No obstante, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y la Sala de Responsabilidad Juvenil dieron libertad al presunto asesino, pese a que declaró su culpabilidad y participó en la reconstrucción verbal de lo ocurrido. Según estas instituciones, no existían evidencias suficientes para determinar la sanción.
Con tal contexto, la activista aclaró que por un lado están las reformas al marco jurídico vigente, pero, por otro, la necesidad de la profesionalización de quienes van a impartir justicia en la entidad; asimismo, que la sociedad sepa que cuenta con recursos legales para hacer valer sus derechos humanos.
“Éste es un proceso que no termina cuando se aprueba una ley (en referencia a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave). Lo más difícil es cuando mujeres tienen que exigir justicia. Las alertas de género no son un logro, son un recordatorio de todo lo que se debe hacer para que se garantice la seguridad, la vida, la justicia para las mujeres veracruzanas.”
Insistió en que la vía es que en las instituciones haya personas que tengan una buena formación; “por supuesto que la Universidad Veracruzana es clave para que cada vez haya más profesionales en el Derecho que tengan esa pericia y compromiso con los derechos humanos”.
Otra de las activistas y acompañantes en el caso, María Adriana Fuentes Manzo, egresada de la Facultad de Derecho, precisó que para ella es importante informar sobre la Comunicación 75/2014 emitida por el CEDAW.
Precisó que el plazo para que el estado de Veracruz adopte medidas respecto al caso de Pilar Argüello Trujillo, vence en febrero de 2018. Asimismo, destacó la importancia de que este mecanismo sea conocido por quienes están en proceso de ser juristas, para que en dado caso hagan uso de él.
En esta reunión informativa también participó la coordinadora de la Unidad de Género de la UV, Esther Hernández Palacios, quien destacó el compromiso de los estudiantes de Derecho para que “la justicia no sea de papel en el país”.
El director de la entidad académica, José Luis Cuevas Gayosso, fungió como moderador de este ejercicio e hizo hincapié en la utilidad que tiene para los estudiantes conocer lo que sucede en Veracruz en materia de violencia de género.