Claudia Peralta Vázquez
En México, el Seguro Popular no ha garantizado ni logrado la cobertura nacional en salud esperada a favor de la población que no cuenta con ningún tipo de seguridad social, destacó la investigadora Asa Cristina Laurell, autora del libro Impacto del Seguro Popular en el Sistema de Salud Mexicano.
Con base en el informe de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), no hay aseguramiento universal en México y el porcentaje de población sin algún tipo de seguro corresponde al 25 por ciento.
Este dato es mucho más alto que el de países como Chile, con siete por ciento, y Colombia, con 10 por ciento, sin algún tipo de seguro. Así lo detalla Asa Cristina Laurell en este informe presentado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, a través del cuerpo académico Políticas y Gestión en Salud Pública.
En el evento, realizado en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), la autora de 18 libros y más de 100 artículos para revistas, precisó que para el gobierno federal la cobertura universal ha sido una de sus principales prioridades políticas y ha incentivado que los estados cumplan sus metas de afiliación, aunque no son reales.
En presencia de la secretaria de Administración y Finanzas, Clementina Guerrero García, y del director del Instituto de Salud Pública, Gabriel Riande Juárez, señaló que originalmente el Seguro Popular establecido en 2004 fue creado como un derecho de toda persona carente de un seguro de salud de origen laboral.
A partir de 2007 adquirió el perfil de un programa para combatir la pobreza. Sin embargo, la CNPSS reporta que se han afiliado 51.8 millones de personas al Seguro Popular, de ellas, 12.4 millones fueron afiliadas en 2010 y 8.3 millones en 2011.
A través de una videoconferencia transmitida a los campus Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan y la Facultad de Enfermería de Orizaba, Carolina Tetelboin Henrion, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, subrayó que los seguros privados contratados individualmente como prestación laboral cubren sólo el 2.8 por ciento de la población, un poco más de tres millones de personas, aunque las aseguradoras reportan el 5.9 por ciento de asegurados.
Por su parte Angélica Ivonne Cisneros, del Instituto de Salud Pública y actual directora general de Recursos Humanos de la UV, consideró que es texto obligado más allá del mundo académico, particularmente para los ciudadanos por la importancia que tiene la salud para cada uno de los mexicanos.
En su análisis opinó que la población abierta que no goza de seguridad social laboral y que se ha pretendido atender por el Seguro Popular, difiere del concepto de cobertura de seguridad social ya que éste sólo cubre las intervenciones explícitamente incluidas.
Al hacer una reflexión sobre el tema, la académica Dulce María Cinta Loaiza especificó que a partir de los años ochenta en México se empezaron a aplicar modelos neoliberales para modernizar el estado en materia de salud.
Otros aspectos relevantes que también se detallan en el libro, es que el Seguro Popular se financia con contribuciones fiscales de los gobiernos federales y estatales, y ofrece un paquete de servicios del Catálogo Universal de Servicios de Salud muy inferior a los seguros médicos de los institutos de seguridad social laboral, y sólo incluye un reducido número de enfermedades de alto costo.