Ricardo Sepúlveda Iguíniz reconoció el impulso de la institución a la defensa de los derechos humanos
Claudia Peralta Vázquez
En la inauguración del 3er Foro Internacional en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Ricardo Sepúlveda Iguíniz, director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal (Segob), reconoció a la Universidad Veracruzana (UV) y a su rectora, Sara Ladrón de Guevara, por su impulso a la defensa de los derechos humanos.
En el evento organizado por la UV y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), realizado el 24 de enero, Ricardo Sepúlveda hizo hincapié en que la agenda establecida como parte de este foro definiría algunas políticas y estrategias en materia de derechos humanos para Veracruz, entidad que enfrenta las consecuencias de este tipo de violencia.
Ante autoridades estatales y académicas e integrantes de asociaciones civiles reunidos en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), el funcionario reconoció el trabajo que realizan los colectivos integrados por los familiares de personas desaparecidas, a partir de que las instituciones del país no estaban preparadas para atender esta situación, las cuales en la actualidad han sido rebasadas.
En presencia de Andreas Forer, representante del Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en México, de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, Sepúlveda Iguíniz puntualizó que este tema es el de mayor importancia dentro de la política y retos que afronta nuestro país, debido al sufrimiento, daño y violación que supone una afectación a los derechos humanos.
Lamentó que muchas personas vivan esta situación, por lo que exhortó a trabajar en la búsqueda de sus familiares, pero también en hacer todo lo necesario porque nadie más sea víctima de este flagelo.
El funcionario federal resaltó la lucha a favor de establecer un marco legal y constitucional en el tema de personas desaparecidas, el cual está siendo votado y analizado en el Congreso de la Unión.
En su intervención, Namiko Matzumoto Benítez, titular de la CEDH, señaló que éste es un delito continuado pues sus efectos no cesan y por tanto subsiste la obligación del Estado de investigar los hechos, identificar a los responsables y buscar por todos los medios a las víctimas.
También se sumó al reconocimiento de cada una de las asociaciones creadas con el fin de encontrar a sus familiares extraviados, como “Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz”, “Colectivo por la Paz”, “Familiares Enlace Xalapa”, “Solecito”, “Red de Madres”, Familiares Desaparecidos Orizaba-Córdoba”, entre otros.
Apuntó que esta problemática social es uno de los retos más grandes que enfrenta el Estado mexicano, particularmente Veracruz, ya que miles de personas viven la incertidumbre de no saber el destino de sus familiares y amigos.
Mencionó que existe un número indeterminado de casos donde agentes del Estado participaron en la desaparición. “Estos actos constituyen la negación misma del fin del Estado, que es la de salvaguardar bienes fundamentales de los individuos, como la vida e integridad física”.
Aseveró que el diseño e implementación de acciones para prevenir, investigar y sancionar, requiere de la colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno, de los órganos constitucionales autónomos, pero también de la sociedad en su conjunto.
Cabe destacar que el 3er Foro Internacional en Materia de Desaparición Forzada de Personas congregó a expertos en el tema, originarios de países como Uruguay y Colombia.