David Sandoval y Claudia Peralta
La Universidad Veracruzana (UV) ha sentado un precedente a nivel nacional en la defensa de su presupuesto, coincidieron en señalar especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Romualdo López Zárate, rector de la UAM, Unidad Azcapotzalco, y Javier Mendoza Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, se pronunciaron a favor de que la máxima casa de estudios de Veracruz defienda el derecho a la educación pública a nivel superior.
Durante su participación en la mesa redonda “El financiamiento de la educación superior en México, un problema social”, realizado en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIHS) el 29 de febrero.
“No puede explicarse el estado de Veracruz sin la Universidad Veracruzana”, aseveró el Rector de la UAM; agregó que no hay otra institución en el estado que forme investigadores y gente calificada en posgrado, “además la tradición que tiene en la cultura es ejemplar a nivel nacional”.
Sin embargo, reconoció que no existen elementos necesarios para hacer efectivos los derechos plasmados en la Carta Magna, “es la situación que está enfrentando la Universidad Veracruzana: le asiste la razón, le asiste la misión histórica del desarrollo del estado”.
Planteó que “contamos” con una magnífica Constitución, considerando que las adhesiones hechas desde 2001 para reconocernos como un país pluriétnico y pluricultural son fundamentales, así como las reformas en 2011 para incorporar el tema de los derechos humanos, además de las modificaciones realizadas al Artículo 3o para tener una educación de calidad.
“El problema es hacer exigibles nuestros derechos, no tenemos los mecanismos para exigir al Estado que los haga efectivos”, recalcó.
López Zárate opinó que los académicos deben comunicar cuáles son las contribuciones de la institución, “que la sociedad sepa que su universidad es el futuro del estado, en esa medida no sólo este gobierno sino los
que vienen van a valorar su relación con ella”.
Por su parte, Mendoza Rojas también se pronunció a favor de la UV: “Aplaudo lo que está haciendo la Universidad Veracruzana como estudiantes, como académicos y como autoridades; está marcando un ejemplo de lo que una universidad pública debe hacer cuando se ve afectada en el desarrollo de sus funciones sustantivas, tiene que movilizarse, tiene que llegar hasta donde tenga que llegar para que se cumplan los compromisos de los diferentes actores tanto a nivel federal como estatal”.
Consideró que éste es un momento oportuno porque ha tenido repercusiones en el Senado de la República y ha sensibilizado a actores políticos, a la opinión pública y la comunidad universitaria nacional para defender a la universidad pública.
“En la medida en que se ataque a la universidad pública, la comunidad universitaria debe ser su principal defensora; en el caso de la UV, se ha logrado generar un cuerpo con los diferentes sectores, creo que ha sido ejemplar y sentará precedentes para cualquier otra universidad”, destacó el investigador.
Gobierno de Veracruz tiene una deuda insoslayable
Previo a su participación en la mesa redonda, Romualdo López advirtió que la propuesta del titular del Ejecutivo estatal de fijar el tres por ciento de los ingresos gubernamentales a la UV, “es oportuna pero no suficiente” en los momentos que necesita resolverse la problemática financiera.
Dijo que se trata de una iniciativa que se habrá de ponderar: “Hacia adelante está bien, pero hay una deuda pendiente insoslayable, la cual debe atenderse.”
Citó que una situación similar ocurrió en 1933, cuando el gobierno federal decidió destinar una cierta cantidad a la UNAM; no obstante, al paso de los años esa cifra dejó de ser representativa y ocasionó muchos problemas financieros a la máxima casa de estudios del país.
Tras pronunciar su firme respaldo a la situación actual que enfrenta la UV, el Rector de la UAM-Azcapotzalco mencionó la propuesta del gobierno federal de destinar el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el rubro de ciencia y tecnología.
En tanto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha pedido que se destine a la educación superior el 1.5 por ciento del PIB.
Aun así, este porcentaje está muy por debajo de lo que fijan países desarrollados y en proceso de desarrollo a este rubro.
IES requieren política certera de financiamiento
Javier Mendoza declaró que México carece de una política con visión de Estado que otorgue certeza y seguridad financiera a la educación superior.
“Para el Congreso de la Unión y las legislaturas locales de los estados no existe una política de financiamiento, por lo cual se requiere transitar hacia un nuevo arreglo institucional a largo plazo”, recalcó durante su intervención en la mesa redonda.
Consideró que un claro indicador que evidencia esta problemática es que durante el presente año hay una caída muy importante en el financiamiento federal para las instituciones de educación superior (IES).
Ante este panorama, expresó que no es posible que en algunos años se crezca mucho y en otros menos. Dicha situación no sólo responde a las coyunturas económicas, sino también a la carencia de una política entre los diferentes órdenes de gobierno de la federación, que establezca cómo debe evolucionar el presupuesto público de las instituciones en los siguientes seis, 10 o 20 años.
Mendoza Rojas dijo que tras darse a conocer los resultados de la auditoría a la cuenta pública de 2014, se establecieron recomendaciones de la Cámara de Diputados sobre la necesidad de revisar los mecanismos de asignación presupuestal.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que dichas recomendaciones aplican directamente al Programa de Subsidios Federales para organismos descentralizados estatales, el cual otorga recursos para el subsidio ordinario a las universidades públicas estatales.
Indicó que se deben actualizar y revisar los convenios de apoyo financiero, considerando las particularidades de operación de cada institución; además, es necesario definir coordinadamente entre la Secretaría de Educación Pública y cada universidad pública estatal, la aplicación y destino de las aportaciones federales.
Y agregó: “Esto está acorde a lo que vive actualmente la Universidad Veracruzana”, en el sentido de establecer reglas de operación o lineamientos específicos que regulen el ejercicio de los recursos federales transferidos y fortalecer
la participación de la instancia federal.