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Primera
Parte
De una educación superior elitista a una incluyente / Todavía
hay camino por andar; hasta hoy ningún país atiende
al 100 por ciento de la demanda / En México, el crecimiento
de las universidades públicas está normado por la
Federación / Tres líneas de acción para continuar
ampliando la oferta en Veracruz
El
enfoque elitista que caracterizó a la educación superior,
desde su fundación formal hace casi 1 000 años hasta
finales de la década de los sesenta, se ha venido supliendo
laboriosamente por otro más incluyente, gracias a una consistente
expansión de oportunidades educativas en prácticamente
todas las naciones del orbe. La sociedad contemporánea sabe
que su porvenir descansa en la cantidad y la calidad de sus recursos
humanos. Sabe que a mayor nivel de educación de su población,
mayores serán las perspectivas de progreso individual y colectivo.
Es por eso que durante las últimas tres décadas y
media, la población mundial de estudiantes de educación
superior ha crecido de manera impresionante.
México no fue la excepción en cuanto a ese cambio
de enfoque. En 1970, nuestro sistema de educación superior
contaba apenas con alrededor de 250 000 estudiantes. Peor aún,
60 por ciento de ellos se encontraba matriculado en alguna institución
educativa ubicada en el Distrito Federal. Frente a esa realidad,
nuestro país impulsó durante la década de los
setenta una política de crecimiento y desconcentración
geográfica de ese tipo de servicios educativos. En consecuencia,
diez años después, en 1980 el país no sólo
logró aumentar su matrícula de educación superior
hasta alcanzar 800 000 alumnos, lo que significó triplicar
la población estudiantil de ese nivel, sino que además
aseguró que la mayor parte de la nueva oferta se diera en
el resto de las entidades federativas. El impacto de esa voluntad
de desconcentración se refleja en el hecho de que hoy la
población de estudiantes de licenciatura en la capital del
país representa menos de una cuarta parte del total nacional.
No obstante, a pesar de la ardua labor incluyente de nuevas oportunidades,
su impacto relativo sobre la proporción de jóvenes
en edad universitaria con acceso a la educación superior
fue muy bajo. Esto se ilustra por lo siguiente: en 1970, siete de
cada 100 jóvenes en el grupo de edad de 18-24 años
estaban matriculados en educación superior; en 1980 y a pesar
de la expansión educativa ganada, esa proporción subió
apenas a 13 jóvenes de cada 100. Peor aún, no ha sido
posible acrecentar significativamente ese indicador hasta la fecha,
aun cuando la educación superior mexicana ha continuado con
un crecimiento expansivo evidente. Entre 1980 y 2004 logró,
nuevamente, triplicar su tamaño para alcanzar una cifra cercana
a los 2 millones 400 000 alumnos inscritos. Pero su cobertura relativa
respecto a la población potencialmente demandante subió
apenas al 20 por ciento de los jóvenes en el rango de edad
de 18-24 años. Esto significa que hoy sólo uno de
cada cinco jóvenes mexicanos en edad universitaria encuentra
espacio en una institución de educación superior.
Son tres las razones principales de este problema. La primera es
obvia: el gran crecimiento demográfico del país de
años anteriores todavía impacta y seguirá impactando
a la educación media superior y por más tiempo aún
a la educación superior (por lo menos durante la próxima
década y media). Si bien los primeros grados de la educación
básica presentan ya tasas negativas, puesto que hay en sus
aulas menos alumnos que antes, los flujos escolares de los grados
posteriores seguirán poniendo presión en los niveles
más altos de la pirámide educativa. La segunda
razón es que la mayor eficiencia terminal alcanzada en la
educación primaria y secundaria –medida ésta
por la proporción de egresados de tales niveles–, aunada
a una expansión real del bachillerato, amplía la base
de solicitantes de ingreso a la educación superior. Para
ser precisos, a medida que se mejora la cobertura y el rendimiento
educativo de la educación básica y media superior,
aumenta la demanda real de educación superior. La tercera
razón es que, a pesar de la impresionante expansión
de oportunidades educativas del pasado, ésta no ha logrado
compensar no sólo la magnitud sino, incluso, la velocidad
de crecimiento de las nuevas solicitudes de primer ingreso que los
jóvenes demandan.
Reconocido lo anterior, resulta indispensable aclarar lo siguiente:
A finales de los ochenta y a lo largo de la década de los
noventa, la política educativa nacional buscó, entre
sus principales objetivos, componer los desperfectos y anomalías
de la calidad educativa generados por un crecimiento improvisado,
esto es, insuficientemente planeado y un tanto desordenado, de las
dos décadas anteriores. Si se acepta esa realidad, hoy debemos
necesariamente realizar una planeación meticulosa de la expansión
futura. Es cierto que debemos continuar impulsando nuestra política
incluyente en la educación superior; pero también
lo es el que las nuevas oportunidades deben ser de alta calidad
y asociadas con perspectivas reales de desarrollo personal, profesional
y laboral.
La mera búsqueda de más espacios sin un correspondiente
esfuerzo por alcanzar la calidad y la pertinencia social, aunque
esté basada en una genuina preocupación sobre la equidad
social, generará mayores conflictos que los que intenta resolver.
Esa es una lección que debimos haber aprendido de nuestro
pasado. El país tuvo que canalizar grandes recursos y realizar
esfuerzos correctivos para intentar superar graves problemas que
hoy todavía no están cabalmente resueltos. No hay
duda de que buena parte de esa problemática se derivó
de que crecimos de manera acelerada y desordenada.
De ahí que el reto de hoy no sólo consista en masificar
apresuradamente la educación superior, sino también
en que las nuevas ofertas sean cualitativamente acreditables por
instancias externas a las casas de estudio, en áreas y tópicos
indispensables para el desarrollo local, regional y nacional, y
operadas mediante un menú diversificado de instituciones,
modalidades y programas. Debe quedarnos claro que será un
contrasentido seguir creciendo en carreras saturadas sin perspectivas
de empleo y a través de programas de dudosa calidad que no
reflejen una clara vocación por la pertinencia social. En
resumen, debemos aprender las lecciones de ayer y también
de lo que ha sucedido en otros países en la misma materia.
Resulta necesario, en ese contexto, aclarar lo siguiente: A pesar
del interés mundial mencionado al inicio de este trabajo
por expandir la educación superior, no hay país en
el mundo que en la actualidad atienda o pretenda atender a todos
los jóvenes en edad de cursar estudios universitarios, ni
siquiera a todos los egresados del nivel medio superior. Por ejemplo,
Canadá, que es el país con la mayor cobertura de ese
nivel educativo en el mundo, en el año 2001 aceptó
al 51 por ciento de su población en edad universitaria. Esto
es, a uno de cada dos jóvenes.
Estados Unidos, que se ubica en segundo lugar mundial en la materia,
al 40 por ciento de los solicitantes. Los países más
desarrollados pertenecientes a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (ocde) atienden en promedio al
33 por ciento de la población en edad universitaria. Estas
cifras, ciertamente, nos indican que México debe mantener
un esfuerzo sostenido para superar ese déficit educativo
(de al menos un 13 por ciento con respecto al porcentaje promedio
de la ocde), pero también nos dicen que buscar una cobertura
universal en la educación superior está fuera de la
realidad y de toda proporción.
Por tanto, no se debe enviar a la opinión pública
y a los jóvenes mensajes con premisas endebles de que es
factible en plazos cortos resolver toda la demanda potencial de
educación superior. Sí es posible atenuarla, pero
hay que hacerlo con bases de planeación coordinada.
Otros países con una visión pragmática y efectiva
sobre este punto ponen el acento en la generación de opciones
mientras trabajan seriamente en la flexibilización del sistema
educativo para abrir oportunidades formativas que, aunque impliquen
tiempos parciales de dedicación al estudio, permitan a los
jóvenes encontrar rutas alternas de desarrollo. Varias naciones
recurren, incluso, a la rotación de experiencias durante
la juventud (empleo temporal, deporte, actividades culturales, programas
sistemáticos de acción social y servicio comunitario,
acceso a programas educativos de tiempo parcial, estadías
en el extranjero, etcétera.) como una opción formativa
que, aunque pasajera, resulta útil para quien lo desee o
para quien no encuentre en determinado momento una oportunidad de
educación escolarizada de tiempo completo. Lo importante,
en consecuencia, es lograr asegurar a los jóvenes que siempre
habrá otras ocasiones propicias para la superación
permanente. Con ello, se evita el inadmisible juicio sumario de
que, al no ingresar a la universidad en su primer intento, ese joven
perdió su única oportunidad de mayor educación
y que, en consecuencia, se tiene bien ganada la deplorable etiqueta
de rechazado social.
Deseo insistir, entonces, en que no es posible lograr que los sistemas
de educación superior crezcan de manera espectacular en períodos
cortos, a menos que se incurra en graves improvisaciones que afectan
negativamente la calidad y la pertinencia educativa. La naturaleza
misma de las instituciones universitarias exige un proceso de desarrollo
gradual, acumulado, que asegure cuidadosamente la calidad del personal
académico, así como la de los programas y la infraestructura
física, tecnológica y organizacional.
Analizado lo anterior, veamos ahora lo que ha sucedido en Veracruz.
Primero, hay que reconocer que nuestro estado se mantuvo rezagado
por varios años en la generación de nuevas ofertas
de educación superior. Esto se ilustra por el hecho de que
sólo atendemos conjuntamente al 16 por ciento de los jóvenes
en edad universitaria, en comparación con el promedio nacional
que decíamos es del 20 por ciento. También es
justo reconocer, sin embargo, que recientemente se ha trabajado
para reducir ese rezago. Mientras que del 2000 al 2004 las nuevas
oportunidades de primer ingreso a la educación superior en
todo México crecieron 19 por ciento, en Veracruz lo hicieron
24 por ciento. Esa mayor ampliación estatal de espacios educativos
también se observa en el hecho de que mientras la matrícula
nacional de educación superior creció menos de 18
por ciento en los últimos cuatro años, en Veracruz
la matrícula estatal creció en un 48 por ciento durante
el mismo periodo. Sin duda, ese paso no sólo habrá
que mantenerlo sino, incluso, redoblarlo, pero mediante la diversificación
de programas e instituciones de calidad.
La nueva oferta educativa pública de Veracruz se presentó,
casi en su totalidad, en la educación tecnológica,
tanto en los institutos ya existentes como en los de nueva creación,
incluida la universidad tecnológica recientemente establecida.
El resto de la ampliación, que ha sido considerable, se debió
al sistema particular de educación superior. Por ello, el
crecimiento de la Universidad Veracruzana ha sido ciertamente residual
y su cobertura relativa en el estado, cada vez menor. Del año
2000 al presente, ha perdido siete puntos porcentuales en su participación
en el rubro de la población estatal de educación superior,
bajando del 44.5 por ciento al 37.4 por ciento.
Pero, ¿por qué ese comportamiento en la generación
de nuevas oportunidades de licenciatura en la máxima casa
de estudios de Veracruz? ¿A qué se debe su crecimiento
marginal del 1 por ciento en los últimos cinco años,
a pesar de que enfrenta una demanda creciente de estudiantes?
(una demanda que desde el año 2000 ha aumentado a un ritmo
promedio anual mayor al 10 por ciento y que no sólo proviene
de Veracruz sino también del resto del país –entre
un 12 y 15 por ciento, esto es, más de 4 200 solicitantes
provienen de otros estados). La respuesta es muy simple y fácilmente
verificable: al igual que el resto de las universidades públicas
del país, su crecimiento está normado por una contundente
política nacional que opera desde hace años y que
establece topes de crecimiento en aquellas universidades que han
alcanzado o rebasado el parámetro de tamaño máximo
deseable que es de 35 000 estudiantes, el cual, dicho sea de paso,
ha sido superado por nuestra universidad desde la década
de los ochenta.
Recientemente, en su Programa de Ampliación de la Oferta
de Educación Superior 2002, la sep ratificó un conjunto
de lineamientos denominados “Procedimientos para la Conciliación
de Oferta y Demanda de Educación Superior de las Entidades
de la Federación”, en donde insiste en la política
de “detener el crecimiento de las ies cuya matrícula
es mayor de 35 000 estudiantes, y concentrar los esfuerzos en la
mejora cualitativa de sus programas educativos”. Este documento,
en su apartado de Criterios para la Ampliación de la Oferta,
propone que “en las entidades donde las correspondientes universidades
públicas estatales hayan alcanzado o excedido el tamaño
deseable, se impulse más enérgicamente la creación
de nuevas instituciones con programas educativos de los niveles
y contenidos para la formación técnico-universitaria”.
Con base en esa norma federal, los subsidios de la sep a las universidades
estatales y, en consecuencia los de los gobiernos de los estados,
se han aplicado fundamentalmente para gastos de operación
y para la mejora de la calidad de los programas con el fin de que
obtengan su acreditación correspondiente por organismos nacionales
independientes. Por tanto, a las universidades públicas más
grandes no se les han canalizado recursos públicos, desde
hace años, para ampliar su oferta educativa, con la excepción
de los programas del nivel de Técnico Superior Universitario
y de Postgrado. También hay que precisar que desde hace dos
décadas las nuevas plazas de personal académico únicamente
son autorizadas y reconocidas financieramente por la Federación.
Esto significa que una universidad en particular no puede incurrir
en el crecimiento de su plantilla de personal sin exponerse al consecuente
déficit presupuestal. Esa es la razón fundamental
por la que universidades públicas como la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad Autónoma
Metropolitana, y las de Guadalajara, Nuevo León, Puebla,
Sinaloa y la uv no han aumentado su oferta de estudios convencionales
de licenciatura desde hace tiempo.
¿Qué opciones se nos presentan, entonces, en el futuro
inmediato para ampliar la oferta de educación superior estatal?
Son tres las líneas de acción que identifico. Primero,
continuar con el crecimiento de la educación tecnológica
a partir de las instituciones ya existentes y de la educación
técnico-superior universitaria de dos años mediante
la creación de nuevos programas y universidades tecnológicas,
para las que sí existen recursos financieros públicos
disponibles. Segundo, mediante el aumento de espacios en las instituciones
particulares que están en condiciones de crecer adecuadamente
y en programas para los que existen perspectivas de desarrollo profesional.
Para este propósito, puede ser de gran utilidad un programa
de becas dirigido a estudiantes con buen rendimiento académico
y de bajos recursos económicos. La tercera es a través
de una auténtica red estatal de educación a distancia
que opere con el apoyo de las instituciones más sólidas
en el estado. A estas tres líneas me referiré con
más detalle en la segunda parte de este artículo.
Segunda Parte
Algunos criterios básicos para orientar la nueva oferta de
educación superior / Hacia la constitución de un Consorcio
Veracruzano de Educación Superior a Distancia / Desde 1999,
la uv ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones
líderes en el mundo para ofrecer exitosamente educación
distribuida
En la primera parte de este artículo comentaba que en los
últimos 35 años la expansión de los servicios
de educación superior en México, al igual que en el
resto del mundo, ha sido impresionante. En nuestro país,
este crecimiento se ha dado además de manera desconcentrada
llevando oportunidades educativas a todos los estados de la República.
En cuanto al acceso a la educación superior nacional –no
obstante que de 1970 a 2004 crecimos casi 10 veces en nuestra población
de licenciatura, pasando de 250 000 alumnos a dos millones 400 000–,
su impacto en las oportunidades educativas para los jóvenes
en edad universitaria no ha sido el esperado. En 1970, siete de
cada 100 jóvenes mexicanos tenían acceso a la educación
superior; este año, 20 de ellos logran el ingreso.
Cuando comparamos estas cifras con las de otros países de
mayor nivel de desarrollo, encontramos que todavía son insuficientes.
Decíamos que el porcentaje promedio de los países
más avanzados de la ocde es de 33 por ciento. Esto significa
un diferencial del 13 por ciento que es necesario superar. También
comenté que, hasta la fecha, ningún país atiende
ni está en condiciones de atender al 100 por ciento de su
demanda potencial de educación superior. La nación
con la mayor cobertura mundial es Canadá que ofrece oportunidades
de educación superior a uno de cada dos jóvenes canadienses.
Para el caso de Veracruz, el trecho deficitario a recorrer es aún
mayor. Hoy atendemos apenas al 16 por ciento de nuestros jóvenes,
por lo que nos encontramos cuatro puntos porcentuales por debajo
de la cobertura promedio nacional. Ciertamente, en los últimos
cinco años, la expansión de la educación superior
veracruzana ha sido objeto de impulso y ampliación. Decíamos
que su tasa de crecimiento en el periodo (44 por ciento) ha sido
significativamente mayor que la experimentada en todo el país
(menos del 18 por ciento). Esto se debe al impulso de la educación
tecnológica, ofrecida por los institutos tecnológicos
y por una nueva universidad tecnológica, así como
a la evolución de la educación superior particular
que ha ampliado notablemente la oferta educativa en sus carreras
tradicionales e intensificado la creación de nuevas instituciones
y programas convencionales.
La Universidad Veracruzana, en cambio, ha tenido un crecimiento
marginal en el mismo periodo (uno por ciento), derivado de la política
federal de contención del tamaño de las instituciones
públicas que cuentan con más de 35 000 estudiantes
y de impulso a la consolidación cualitativa de los programas
existentes. El incremento en el número de instituciones y
programas y el crecimiento marginal de la matrícula de la
uv ha significado, en consecuencia, que ésta vaya reduciendo
gradualmente su participación relativa en la población
estudiantil estatal. El peso relativo de la UV en la matrícula
estatal de educación superior ha bajado del 44.7 por ciento
en 2000 a 34.5 por ciento en este año. En congruencia con
la política federal, el crecimiento de la UV se ha presentado
básicamente en los estudios de técnico superior universitario
de dos años y en los programas de postgrado con perspectivas
de acreditación externa. Son precisamente estos dos tipos
de programas para los que la sep otorga apoyos financieros orientados
al crecimiento de universidades que han alcanzado o rebasado el
tamaño institucional recomendado en todo el país.
A pesar de la ausencia de políticas nacionales consistentes
para el fomento de vías alternas a la educación escolarizada
tradicional y, por tanto, de recursos federales adhoc, nuestra casa
de estudios emprendió desde hace cinco años una estrategia
institucional integral y sostenida con el fin de preparar una oferta
multimodal de educación a distancia, virtual y semipresencial
que le permita ampliar su oferta de estudios universitarios. Esta
estrategia ha significado un esfuerzo, sin paralelo en el país,
en materia de construcción de espacios educativos dedicados
al aprendizaje individualizado y colaborativo; de innovación,
expansión y equipamiento de nuestras capacidades tecnológicas;
de formación de recursos humanos especializados en las nuevas
tecnologías de aprendizaje y en los sistemas de operación
en línea; de desarrollo de programas, cursos y textos en
formatos interactivos, y en la confección de todo tipo de
sistemas en red para el apoyo académico y administrativo
de estas nuevas modalidades de aprendizaje.
Esta estrategia se planeó con toda anticipación para
evitar la improvisación y el desorden en soluciones cuya
puesta en práctica implica acciones de alto grado de complejidad
y especialización. Con el fin de garantizar al máximo
la calidad de los recursos humanos involucrados, de los medios y
de los sistemas de soporte, la Universidad Veracruzana ha venido
formalizando, a partir de 1999, alianzas estratégicas con
corporaciones e instituciones académicas líderes en
la materia en el ámbito internacional. Algunas de las organizaciones
que están colaborando con nuestra universidad en el desarrollo
de la infraestructura requerida para el éxito de la educación
distribuida son: Microsoft, Avaya (Lucent Technologies), VCON, Cisco,
Opus, Symantec, Webct, Macromedia, Autodesk, Oracle, System &
Computing Technologies (sct), On line Cataloguing Library Center
(OCLC), Ebsco Host, Infolatina, Avantel, Telmex, Telcel, Universidad
de Columbia Británica, Universidad de Phoenix (Apollo International),
Universidad Abierta de Cataluña, Instituto Universitario
de Postgrado (Fundación Santillana), Fundación Iberoamericana
(Funiber), Global Development Learning Network (Banco Mundial),
Organización Universitaria Interamericana (OUI), Consejo
Británico, Universidad de Cambridge y el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Como puede observarse, es sólo a través del trabajo
compartido con organizaciones expertas como se puede garantizar
la calidad y la actualización de las soluciones emprendidas
en este campo de innovación dinámica. A este esfuerzo
me referiré más adelante con mayor detalle.
Antes de comentar cada una de las tres líneas de acción
para abordar la ampliación inteligente de oportunidades educativas
en el sistema veracruzano de educación superior, permítanme
describir brevemente los análisis sistemáticos que
serán necesarios para planear el tipo de estudios y las modalidades
bajo las que convendría ofrecerlos.
En principio, se requiere de proyecciones más precisas del
flujo escolar por nivel educativo, donde se apliquen las tasas actuales
y esperadas de transición estudiantil, así como estudios
sobre preferencias educativas para cada área general de estudios.
Con ello se puede anticipar con mayor precisión la demanda
futura desagregada de estudios superiores. Esta información
cuantitativa deberá ser contrastada con análisis prospectivos
de los programas académicos y temas específicos que
resultan prioritarios para el desarrollo de Veracruz en los ámbitos:
w Macroregional (el papel del estado frente al fenómeno de
la globalización, la Cuenca del Golfo de México, el
Plan Puebla-Panamá, el Corredor Transístmico Coatzacoalcos-Salina
Cruz, etcétera); W Nacional (el papel de los sectores veracruzanos
de la petroquímica, la energía, la transportación
multimodal, la producción agropecuaria, los litorales marinos,
el agua, el desarrollo rural autosustentable, la modernización
productiva, comercial y de servicios públicos, privados y
sociales que demanda la prosperidad del país y el estado;
la certificación laboral emergente, los retos básicos
en materia de educación, salud, alimentación, vivienda,
infraestructura básica y organización social, etcétera);
WMicro-regional y local (el establecimiento de incubadoras de empresas
de alta base tecnológica; la vocación productiva y
el desarrollo de infraestructura y servicios intermunicipales; el
papel especializado y compartido de las comunidades en la constitución
de clusters, cadenas productivas y negocios alternativos; el manejo
sustentable de recursos naturales regionales; la consolidación
de infraestructura y de servicios urbanos y rurales específicos
para cada municipio, etcétera).
Estos análisis deberán correlacionarse estrechamente
con las políticas públicas y los proyectos privados
de inversión y de promoción del empleo. Además,
habrá que considerar aquellas habilidades generales que son
indispensables para el aprendizaje autónomo y de por vida,
en el contexto de la sociedad actual del conocimiento y que son
aplicables a todas las disciplinas. El balance comparativo
entre la proyección de la demanda estudiantil tendencial
o tradicional y los requerimientos identificados sobre nuevos recursos
humanos calificados y, por tanto, de nuevos contenidos, competencias
profesionales y técnicas, así como de nuevos programas
y modalidades educativas habrá de proporcionar una orientación
más precisa sobre la naturaleza, características específicas
y perfiles de los futuros estudios superiores en Veracruz.
Un aspecto crucial es, entonces, la definición de aquellas
competencias básicas que deberán ser objeto de aprendizaje
en todo estudiante del nivel superior y que debieran ser promovidas
por toda institución educativa, así como aquellos
conocimientos y habilidades básicas que resultan esenciales
en cada disciplina profesional y técnica. El avance que logre
Veracruz en la materia será de gran utilidad para promover
la acreditación recíproca entre instituciones y, en
consecuencia, la flexibilidad educativa y la movilidad académica
de estudiantes en el estado. Este aspecto, como veremos más
adelante, será una condición esencial para poner en
marcha un verdadero sistema estatal de colaboración en red
para la educación a distancia que funcione a manera de consorcio
interinstitucional y que explicaré más adelante.
Queda cada vez más claro que la planeación prospectiva
de recursos humanos calificados debe enfatizar más los aspectos
cualitativos relacionados con los perfiles emergentes de desempeño
laboral que los cuantitativos. No obstante, no deben despreciarse
los balances numéricos entre ofertas y demandas generales
de profesionales y técnicos, puesto que son útiles
para identificar áreas sobresaturadas y desatendidas para
el desarrollo socioeconómico. La velocidad de los cambios
tecnológicos, científicos y, por ende, del conocimiento,
desempeño y movilidad en las situaciones de trabajo requieren
del futuro egresado un conjunto de habilidades y actitudes para
la formación autodidacta de por vida. ¿Y qué
decir de las herramientas indispensables para sacar ventaja de las
actuales condiciones dinámicas de la información en
el ciberespacio? Todos los estudios profesionales y técnicos
de hoy necesitan promover habilidades y actitudes básicas
para este fin, en todos y cada uno de los estudiantes del nivel
superior. Todos los estudios superiores deben, además, permitir
la movilidad académica de los estudiantes, mediante la flexibilidad
racional de sus programas, para permitirles ajustes en sus rutas
formativas acordes con sus fortalezas académicas, sus preferencias
de ejercicio profesional y el comportamiento dinámico del
mercado laboral. No hay vuelta de hoja. De no hacerlo, se estará
condenando a los futuros egresados, nada más y nada menos,
que al subempleo.
Lo anterior implicaría formas precisas de alentar y conducir
la evolución de la educación superior. Primero, llevaría
a que los nuevos estudios superiores estén orientados a la
consecución de competencias precisas, mensurables y verificables.
Segundo, que estén configurados en niveles (básico,
intermedio y específico), de modo que cada uno de ellos permita
la acreditación académica separada de competencias.
Con ello, se buscaría la acreditación, mediante diplomados,
de habilidades generales en el primer nivel; de competencias intermedias
por campo de estudio en el segundo, y de certificación específica
de competencias laborales en el tercero. A medida que las distintas
casas de estudio compartan los mismos criterios curriculares y de
acreditación, se iría ampliando el rango institucional
de transferencia de créditos educativos y movilidad académica
entre universidades.
Tercero, conllevaría a crear un consorcio de instituciones
de educación superior, configurado gradualmente por centros
educativos acreditados conforme cumplan con criterios básicos
de infraestructura y operación. Finalmente, con el fin de
asegurar las condiciones mínimas de funcionamiento inicial,
se sugeriría que las instituciones participantes en tal consorcio
establezcan una entidad académico-administrativa paralela
a la operación tradicional que favorezca la aplicación
y puesta en marcha de los nuevos criterios con un enfoque de monitoreo,
evaluación y ajuste constante. La magnitud y la velocidad
de influencia académica de esa entidad alterna sobre su operación
tradicional sería objeto de decisión de cada institución
participante.
Aclarado este punto, podemos analizar la perspectiva de crecimiento
de la educación tecnológica. Es evidente que este
subsistema cuenta con desarrollos académicos en el ámbito
nacional que pueden influir positivamente en la nueva oferta educativa.
Esto es, cuenta con programas muy probados en otras entidades federativas
que pueden ser importados a Veracruz con una base sólida
de certidumbre académica, tanto los de los institutos tecnológicos
como los de las universidades tecnológicas. Al respecto de
estas últimas, en México es aún muy reducida
la matrícula de los programas de dos años de técnico
superior universitario (TSU), con sólo 2.9 por ciento del
total de la matrícula nacional de educación superior.
En Veracruz sólo existe una universidad tecnológica,
por lo que se necesita una mayor promoción de este tipo de
instituciones, sobre todo si se toma en cuenta que existe financiamiento
federal para la creación de estas universidades. También
habrá que estar atentos a la evolución del reciente
proyecto federal de creación de las universidades politécnicas,
pues abre una vía alternativa en la materia.
Por otra parte, habría que explorar la posibilidad de participación
real de las instituciones tecnológicas en el consorcio estatal
de educación superior al que nos referimos líneas
arriba. Sabemos que estos centros educativos se rigen por una normativa
federal centralizada que acota la naturaleza, contenido y funcionamiento
de los programa académicos, pero también conocemos
iniciativas recientes surgidas para dotarlos de mayor flexibilidad
con el objeto de que se ajusten más eficazmente a los requerimientos
específicos regionales y locales. En todo caso, vemos con
optimismo su posible contribución en la configuración
de un sistema alternativo de educación a distancia, virtual
y semipresencial por la experiencia que las instituciones tecnológicas
tienen ganada, entre otros asuntos, en lo que respecta al aprendizaje
basado en competencias laborales y en la vinculación con
el sector productivo y ocupacional.
En cuanto al subsistema universitario particular, el reto más
importante relacionado con su crecimiento es el de la garantía
de calidad y pertinencia de sus programas. Sería indeseable
que su expansión se diera básicamente a través
de carreras tradicionales (licenciaturas de 4-5 años ya saturadas
en el mercado profesional, tales como: contabilidad, administración,
derecho, comunicación, entre otras) y en instituciones que
no cumplen con los requisitos mínimos de calidad académica.
Para estar en condiciones de orientar la evolución de los
nuevos estudios, es indispensable contar con las proyecciones sobre
las áreas emergentes de competencia laboral en Veracruz,
sobre los términos ya comentados al inicio de esta segunda
sección. También es fundamental aplicar a fondo los
criterios establecidos por la Secretaría de Educación
Pública en lo que respecta al otorgamiento del reconocimiento
de validez oficial de estudios (Revoe). En el entendido
de que varias instituciones tienen compromisos establecidos con
generaciones de estudiantes, será necesario poner en práctica
un programa compensatorio de promoción de la calidad institucional
con metas y calendarios precisos. Una vez asegurados los estándares
básicos de calidad, las instituciones particulares pueden
tener un papel definitivo en la configuración del consorcio
veracruzano de educación a distancia.
¿Cuáles serían algunos de los lineamientos
y fases generales para la membresía funcional en este consorcio?
He aquí algunas ideas preliminares. En principio, los criterios
e indicadores de carácter académico, administrativo
y tecnológico que deberán ser cubiertos por las instituciones
participantes se establecerían de manera escalonada, sobre
la base de las etapas de operación del propio consorcio.
En una primera etapa debe privilegiarse la oferta de cursos básicos
orientados a la formación de habilidades generales (cómputo,
inglés, comprensión de lectura y habilidades de escritura,
hábitos de autoestudio, habilidades de análisis cuantitativo,
principios de ética profesional, etcétera). Esta etapa
puede articularse sobre la base de diplomados tendientes a acreditar
al alumno para continuar con sus estudios superiores en cualquier
campo profesional, en cualquier área de competencia laboral
y en cualquier institución educativa que sea miembro del
consorcio. En forma paralela, se realizarían los estudios
y proyectos de diseño de programas y cursos en aquellas áreas
de certificación laboral seleccionadas, las cuales iniciarían
su operación en la segunda etapa de operación del
mismo.
El énfasis de la segunda etapa se pondría, entonces,
en estudios cortos para la certificación de competencias
laborales emergentes, la cual funcionaría simultáneamente
con la segunda generación de cursos básicos orientados
a la formación de habilidades generales. Este método
de trabajo permitirá a las instituciones participantes ganar
experiencia operativa y administrativa sobre cursos y programas
acotados.
La tercera etapa implicaría la oferta de estudios más
comprehensivos, aunque articulados sobre la base de competencias
disciplinarias mensurables y verificables. Sobre este aspecto en
particular, sería de gran utilidad la constitución
gradual de un sistema estatal de evaluación y acreditación
de competencias. Por último, para hacer atractiva esta oferta
educativa, se aconsejaría respaldarla con un amplio programa
de becas escolares dirigidas a los estudiantes de menores niveles
de ingreso económico familiar. Como puede observarse, esta
propuesta sugiere que se evite incrementar la matrícula escolar
y aplicar becas en las licenciaturas tradicionales que ya presentan
saturación en el mercado de trabajo profesional y técnico.
Pero, ¿cómo avanzar técnicamente en la preparación
del consorcio interinstitucional? ¿Sobre qué cimientos
se podría construir? ¿Con qué know how se cuenta
en Veracruz para esta ambiciosa empresa social? La Universidad Veracruzana
tiene respuestas sólidas a estas interrogantes debido al
conocimiento experto, al trabajo acumulado, y a las soluciones técnicas,
organizacionales, de recursos humanos y de infraestructura con que
hoy cuenta y que le confieren un reconocido papel de liderazgo en
el país. Varios de sus directivos participan desde hace años
en las organizaciones expertas del mundo en educación distribuida,
coordinan proyectos de cobertura internacional y nacional relacionados
con la educación virtual, lideran grupos nacionales
de trabajo responsables de la definición de estándares
de calidad para la acreditación de cursos a distancia y de
servicios de apoyo, y han conducido el desarrollo de soluciones
implicadas en el funcionamiento de nuestro actual sistema estatal
en red de servicios académicos y administrativos y que es
objeto de reconocimiento por organizaciones especializadas.
Tan sólo en infraestructura tecnológica y equipamiento
para la conectividad y el cómputo, la Universidad Veracruzana
ha invertido más de 450 millones de pesos, lo que la convierte
en una de las tres universidades del país con el sistema
en red de mayor desconcentración geográfica y robustez
en telecomunicaciones e informática, cuya presencia abarca
las 13 ciudades más importantes del estado.
Este esfuerzo institucional se orientó primero para conformar
una auténtica red estatal que permitiera la conectividad
distribuida de múltiples servicios académicos y administrativos
en el interior de la propia institución, tales como: las
tutorías, asesorías y evaluaciones electrónicas;
las videoconferencias interactivas, la administración escolar
en línea, el correo electrónico y otros servicios
de Intranet para toda la comunidad universitaria, la telefonía
de protocolo en Internet, el manejo electrónico de la administración
de recursos humanos, la contabilidad y el presupuesto en cada dependencia
universitaria, entre otros.
En una segunda etapa, los objetivos de esta estrategia fueron ampliados
para apuntalar el papel de la universidad como una verdadera agencia
de distribución social del conocimiento, allende sus fronteras
convencionales. Fue así que se emprendieron acciones para
estar en condiciones de ofrecer servicios como los siguientes: las
aulas virtuales, los cursos en línea, los programas interactivos
para el aprendizaje individualizado de idiomas, la búsqueda
e investigación digital de bibliografía y bases de
datos, las redes virtuales de investigación y desarrollo
académico, los portales virtuales de apoyo académico,
entre otros.
La puesta en operación de tales innovaciones tecnológicas
implicó que nuestra casa de estudios emprendiera un esfuerzo
titánico en materia de actualización de su personal
en el desarrollo de cursos, textos, evaluaciones, sistemas de apoyo
al aprendizaje y redes especializadas en formato electrónico
e interactivo; de capacitación del personal administrativo
para la administración en línea de sistemas, procesos,
trámites y servicios; de construcción de espacios
modernos para el aprendizaje individualizado y colaborativo (más
de 40 000 metros cuadrados de nuevas instalaciones); de tendido
de fibra óptica (más de 90 kilómetros de línea
propia); de desarrollo y adquisición de sistemas, plataformas,
software de vanguardia, equipos, acervos en texto y en línea,
así como de licencias de uso, etcétera.
El resultado de tal esfuerzo ha derivado en que nuestra casa de
estudios cuenta hoy con reconocimiento nacional e internacional
como una de las instituciones de mayor nivel de innovación
y cambio en el país y con mejores perspectivas en la educación
distribuida. Eso se refleja en el número de instituciones
líderes de otros países que buscan emprender alianzas
estratégicas con nosotros y en los servicios contratados
a la UV por entidades públicas (federales y estatales), privadas
y no gubernamentales en materia de capacitación y asesoría
técnica en informática, cómputo, redes y formación
de recursos humanos en línea.
He deseado enfatizar lo anterior con el objetivo de dejar claro
que la Universidad Veracruzana está en condiciones de proporcionar
la orientación estratégica, la asesoría técnica
y la capacitación de recursos humanos requeridos para la
constitución del consorcio interinstitucional de educación
a distancia en Veracruz. Aunado a lo anterior, debo precisar también
que los niveles de inversión requeridos por las instituciones
participantes se verían sustancialmente reducidos al tomar
ventaja de los acuerdos y contratos que la UV ya tiene con las principales
corporaciones que podrían intervenir en la constitución
de una red interinstitucional de educación distribuida. Esto
sería posible al ampliar los términos, servicios y
beneficios a otras instituciones de Veracruz.
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