ESTADO Y SOCIEDAD

La reforma del Estado USOS Y DESUSOS DE UN VIEJO MITO
Alberto J. Olvera

	Nicolas Guzmán – Aguafuerte

La crisis política que experimentamos es de tal magnitud que acciones urgentes son necesarias para romper el ciclo destructivo en que nos encontramos inmersos.
La necesidad de una reforma a fondo de las instituciones es hoy aceptada por todos los actores políticos, económicos y sociales. Sin embargo, nada garantiza el éxito del nuevo ciclo de voluntades reformistas.

Alberto Olvera: Investigador titular del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV . Dr. en Sociología por la New School for Social Research, New York. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Premio al Decano 2007. Especialista en estudios sobre la sociedad civil, la participación ciudadana y la innovación democrática en México y América Latina. Sus más recientes publicaciones son: con Ernesto Isunza (eds): Democratización, Rendición de Cuentas y Sociedad Civil, M. A.Porrúa- CIESAS - UV , 2006; y con Evelina Dagnino y Aldo Panfi chi: La Disputa por la Construcción Democrática en América Latina, FCE - CIESAS - UV , 2006.

Nuestro país vive una situación cercana a una crisis política general. De un lado, los partidos políticos parecen incapaces de crear un mínimo clima de cooperación, dadas las condiciones de lucha electoral permanente a que se ven sometidos y la patente crisis de liderazgo que viven todos ellos. De otro, el ascenso de la imparable violencia asociada al narcotráfi co pone de manifi esto la debilidad del Estado y la fuerza de los poderes fácticos en todo el territorio nacional. Estos hechos, entre tantas otras manifestaciones de aguda conflictividad política, nos demuestran que la transición democrática que pensábamos concluida es en realidad frágil e inacabada, y que la democracia no puede consolidarse sin que medie una profunda reforma del Estado, esto es, una transformación jurídica e institucional de las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, y entre las fuerzas del viejo régimen y los partidos que representaban la oposición política frente a él. El empate de fuerzas políticas que explica la parálisis actual ha conducido a que el proceso legislativo no aborde las reformas centrales que requiere la construcción de un régimen político fundado en un concepto más amplio de democracia. La ausencia de pacto de transición explica también la persistencia de un ambiente de confrontación. La reconstrucción del vínculo entre legitimidad y legalidad lograda a través de la celebración de elecciones limpias se debilita cuando todos los actores políticos recurren a prácticas inmorales, ilegales y clientelares con tal de ampliar sus espacios de poder.

En este contexto destaca —por contraste— el notable acuerdo que alcanzaron todas las fracciones parlamentarias en las Cámaras de Diputados y Senadores al aprobar una Ley para la Reforma del Estado, publicada en el Diario Oficial el pasado 13 de abril. La ley consiste en que el poder legislativo se obliga, en un plazo de un año, a discutir, generar consensos y aprobar los cambios legislativos necesarios para consolidar la democracia mexicana, en las áreas de “gobernabilidad democrática, régimen de gobierno, reformas electorales de tercera generación, federalismo, reforma del poder judicial y nuevas garantías sociales” (Art. 4). En el marco de esta ley se instaló el pasado 25 de abril la Comisión Ejecutiva de Negociación y Constitución de Acuerdos del Congreso de la Unión , formada por un grupo amplio de diputados y sena-dores de todos los partidos, así como por un representante del poder ejecutivo y otro del poder judicial. Esta comisión organizará los debates y propiciará los acuerdos que deben conducir al cumplimiento efectivo de la antedicha ley.

Dada la enorme importancia que tiene esta iniciativa para el futuro político del país, es preciso ponderar objetivamente sus posibilidades de éxito. La crisis política que experimentamos es de tal magnitud que acciones urgentes son necesarias para romper el ciclo destructivo en que nos encontramos inmersos. La necesidad de una reforma a fondo de las instituciones es hoy aceptada por todos los actores políticos, económicos y sociales. Sin embargo, nada garantiza el éxito del nuevo ciclo de voluntades reformistas. Por el contrario, el riesgo de fracaso es muy grande, y el país no podrá asimilar una nueva frustración política sin pagar costos muy altos. Es preciso analizar este proceso con la mayor objetividad posible y señalar riesgos y posibilidades.

Los antecedentes