La distribución
de los recursos financieros asignados a la educación desde
el gobierno federal no están asociados con prácticamente
ningún criterio racional, sino con la capacidad de negociación
que tenga cada uno de los estados para obtener una mayor proporción,
advirtió este jueves Alberto Arnaut Salgado, investigador
en Sociología de El Colegio de México.
“No vemos que la distribución de los recursos federales
esté asociada con políticas que busquen una mayor
equidad en la distribución de recursos financieros entre
los distintos estados de la república en términos
de mayor marginalidad, con mayores retos sociales y, en general,
retos específicamente educativos”, dijo.
Tal proceso, en su opinión, tampoco está vinculado
con proyectos de innovación o de mejoramiento de la calidad
educativa, con la capacidad que tienen los estados para sostener
sus propios sistemas educativos ni con las aportaciones que hace
cada uno de los estados al pib o con la masa de recursos fiscales
nacionales.
Poco antes de la conferencia “Federalismo y educación”
que Arnaut Salgado, Margarita Noriega Chávez y Ricardo Camacho
Lozano sustentaron en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales
de la UV, el investigador aseguró que dos aspectos han transmitido
gran rigidez a la administración educativa federalizada hasta
la fecha: las preocupaciones de los estados por el reparto de los
recursos federales y la del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación –el más importante grupo de presión
en la política educativa– por la regulación de
las condiciones de trabajo del magisterio.
Noriega Chávez, de la Universidad Pedagógica Nacional,
dijo que el sistema educativo, aún centralizado, limita el
margen de maniobras de los estados para organizarse y que el proyecto
económico global no ha permitido una respuesta a las demandas
educativas de la sociedad, pues las prioridades en la asignación
de recursos no se encuentran claramente definidas. “Se aplican
recursos millonarios a otros aspectos que pudieran no ser prioritarios
desde el punto de vista de quien está necesitado en el ámbito
educativo. Consideramos que la educación es factor importante
en el desarrollo económico”.
Camacho
Lozano, de la Pedagógica Veracruzana, coincidió en
este criterio. “Me parece que todavía enfrentamos dos
problemas: un sistema centralizado que limita el margen de maniobra
de los estados, y un proyecto económico global que no ha
permitido un crecimiento ni una respuesta a las demandas educativas”.
Por otra parte, aseguró, hay una apertura para el financiamiento
privado a fin de completar la inversión, pero al mismo tiempo
hay recursos para otras cosas como el Fobaproa, de manera que, al
final, la manera en que se distribuyen los recursos públicos
sigue ofreciendo pocas posibilidades de participación en
el cambio de estas decisiones, sigue siendo centralizado, y la otra
tiene que ver con transparencia en el manejo eficiente de los recursos.
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