Año 3 • No. 137 • abril 26 de 2004 Xalapa • Veracruz • México
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Afirmó José Lorenzo Álvarez Montero
Crear municipios al vapor genera pobreza
Dunia Salas Rivera


José Lorenzo Álvarez Montero.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el municipio un rango de autoridad que permite áreas de progreso, de desarrollo cultural e identidad de propósitos. Cierto es que los municipios en México tienen recursos que provienen del Gobierno Federal, lo que vuelve a la municipalización una expectativa de prosperidad para los miembros de una comunidad, sin embargo, se debe tener cuidado de que no se creen municipios de manera artificial, porque con ello lo que se ocasiona es pobreza.

Así lo manifestó José Lorenzo Álvarez Montero, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV, quien respecto a este problema citó el caso de Carlos A. Carrillo, municipio creado durante el gobierno de Patricio
Chirinos, bajo el argumento de que, con el ingenio se generaban recursos suficientes para su sustento, lo cual no bastó cuando se presentó el problema de la quiebra como consecuencia del TLC y sus repercusiones en el precio del azúcar.

Álvarez Montero dijo que los aspectos que la Legislatura del Estado, a través de la comisión previamente nombrada para tal efecto, debe analizar puntualmente son: el factor económico, para tener la plena certeza de que se cuenta con los medios para subsistir; la infraestructura propia para que se establezcan las autoridades; los centros de cultura y considerar la opinión tanto de las personas que integran la comunidad, como del municipio donde se encuentra ésta, el cual generalmente se niega, lo que genera problemas fuertes.

Resaltó como punto importante en la formación de nuevos municipios la precisa demarcación territorial con la que se va a dotar al nuevo municipio, para evitar problemas como los generados en el límite de Xalapa-Banderilla, donde la indefinición territorial provocó problemas de servicio público y de pago de impuestos, porque la gente no sabía a quién rendir cuentas.

El investigador aseguró que aunque la idea de progreso mueve a las comunidades a querer municipalizarse, también interviene el carácter político que se vuelve negativo al haber líderes que anteponen su beneficio personal al colectivo: “Hay lugares donde las autoridades se conceden a ellos mismos sueldos muy elevados, porque no hay disposiciones que establezcan límites en la asignación de salarios”.
La ley debe de tener salidas, dar opciones, no debe
de ser una camisa de fuerza
Respecto a ello, el jurista ejemplificó con el reciente caso de San Rafael, donde se concedieron salarios altísimos y después no sabían de dónde tomar recursos para pagarlos puesto que el municipio apenas se había creado. Por disposición de la propia Constitución Local, la Legislatura determina quiénes pueden componer el primer consejo municipal, y se sujeta a ciertos principios: deben ser vecinos del lugar y preferentemente originarios, porque desafortunadamente aquellos que no lo son no presentan beneficios para la comunidad.

En este sentido, afirmó Álvarez Montero, es fundamental el papel de la UV como formadora de gente capacitada para resolver estas dificultades: “Si hay un problema en los municipios de reciente creación es el de la justicia. Lo primero que debe tener un ayuntamiento son instituciones jurídicas, y se debe atender cómo hacen sus leyes, cómo convocan a un cabildo, cómo toman sus decisiones, cómo deben ser las comisiones y las supervisiones, porque todo descansa en el aparato jurídico. No todo es el aspecto económico, aunque ese es un punto importante”.

El autor de La justicia municipal en Veracruz advirtió que la Ley Orgánica de los municipios está hecha bajo una lógica de mayoría absoluta: “Cuando todos eran del mismo partido, había disciplina de partido y no había problemas de este tipo, pero ahora destacan los gobiernos plurales, y la Ley Orgánica no es plural”; y recurrió al caso de Martínez de la Torre donde la ley estipula que el síndico primero debe de tomar protesta al presidente, pero no contempla alternativas si aquél se rehúsa y por tanto, el presidente queda sin asumir el cargo.

Otro problema que citó del mismo lugar es que la Comisión de Hacienda debe rendir cada tres meses un informe, el cual debe ser firmado por el presidente y el regidor encargado de la comisión, pero si éste no procede por no estar de acuerdo, el problema fuerte se dará al término del periodo, cuando haya que rendir cuentas y el informe no tenga la firma, porque sólo una persona puede hacerlo:

“Por ello la ley debe de tener salidas, dar opciones, no debe de ser una camisa de fuerza. La ley se debe reformar, y para ello se requiere de un análisis exhaustivo de la legislación, ver los problemas concretos y entonces resolverlos, y eso le corresponde en gran medida a nuestra máxima casa de estudios, porque somos una universidad pública y podemos prestar ese servicio a los 212 municipios del estado de Veracruz”.