Se tienen algunas referencias interesantes en torno a la vinculación entre políticos y científicos. En Inglaterra, por ejemplo, una manera para tratar de superar las diferencias de cultura y entendimiento sobre la ciencia y su legislación, ha llevado a realizar estancias de intercambio: parlamentarios que permanecen durante algunas semanas en contacto directo con los entornos de investigación y sus problemáticas cotidianas, y científicos que participan, así sea como observadores, en los debates de la política cultural, aportando valiosas opiniones y acercamientos.

El papel del Conacyt ha sido fundamental para entender las particularidades de la política y del desarrollo en nuestro país. La creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984 puede verse como el producto de una estrategia que ha intentado reforzar la permanencia de cuadros de alto nivel en nuestro país, generando incentivos para la profesionalización de la investigación y, en la medida de lo posible, frenar los efectos adversos de la política económica. En los últimos 35 años, el Conacyt ha apoyado la formación de miles de becarios, en el país y en el extranjero, con un impacto importante cuando son integrados a las instituciones del conocimiento y la investigación.

No obstante que la Ley de Ciencia y Tecnología fue aprobada por el Congreso de la Unión el 5 de junio de 2002, con el establecimiento de un nuevo Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y que en abril de 2004 la Cámara de Diputados aprobó la adición de un artículo en el cual se establece que la inversión nacional en investigación y desarrollo experimental deberá ser al menos del 1% del PIB, siendo ratificado por el Presidente de la República en septiembre del mismo año (Conacyt, 2005: “Conacyt, 35 años: Creando con ciencia en México”, reporte firmado y emitido electrónicamente por el doctor Inocencio Higuera, Secretario Ejecutivo del SNI), esta meta ha sido difícil de cumplir al pie de la letra, y en comparación con otros países, puede incluso todavía parecer insuficiente para vencer los rezagos históricos (la Comunidad Europea plantea alcanzar una inversión del 3% del PIB para 2010, mientras que en 2002, Japón ya había rebasado este porcentaje por un amplio margen, seguido por los esfuerzos de los Estados Unidos con un 2.6% y Alemania con un 2.5%).

En los últimos meses, la AMC se ha dado a la iniciativa de un ejercicio de consulta, amplio e incluyente, que permita establecer, en un plazo perentorio, las líneas fundamentales para orientar el desarrollo de la política de inversión en la investigación científica y tecnológica, y cuyos resultados, apunta el doctor Paredes, serán del dominio público, difundidos entre los distintos sectores sociales, con la idea de que los diferentes actores políticos asuman un diálogo de mayor equidad entre ciencia y política, trabajando en las instancias de gobierno a nivel municipal, estatal y federal, buscando en suma una mayor conciencia y una mejor valoración del papel de los académicos, investigadores y científicos, como capital fundamental de las áreas estratégicas de México. Es así como desde la investigación se intenta incidir en una conciencia científica y tecnológica que en el futuro asista las decisiones políticas importantes.