La mayoría de los gobiernos en la Unión Europea y de los países desarrollados habla de proteger los derechos de los migrantes contra las redes mafiosas, la trata de personas y el tráfico ilegal, pero al mismo tiempo impone políticas de migración que no sólo fomentan este delito, sino que castigan a los que lo cometen.

Todavía impera en los gobiernos el principio de soberanía, por la que tienden a cerrarse, pues creen que así aseguran su sociedad de bienestar: “Se cree que si se abren las puertas, si se absorbe más de lo que puede la economía, se rebaja el bienestar”.

“Ese problema tiene otras soluciones, entre las que podría mencionar la solidaridad y los acuerdos de cooperación”.

Su propuesta es la intervención del derecho penal no sólo atacando las redes mafiosas, sino castigando cualquier conducta que vaya en contra de los intereses de inmigración clandestina, aunque no vulnere los derechos fundamentales.

Habló entonces de acudir a medidas sociales y jurídicas de cooperación entre los países de destino y de origen, y promover en éstos un proceso flexible de regularización para evitar las redes mafiosas, midiendo los receptores su capacidad de absorción y ajustándola a sus necesidades de mano de obra.
“Efectivamente no se pueden abrir las puertas indiscriminadamente, pero si no se tienen estudios sobre la capacidad de absorción de sus inmigrantes sólo se van a crear políticas restrictivas que no permiten la migración legal”.

En España existe una capacidad de absorción mucho más alta que la que se había reconocido: “Nuestra capacidad de absorción era de un 11 por ciento y se estaba absorbiendo en el país a tres por ciento de los migrantes, fue el nuevo gobierno quien hizo un proceso de regularización flexible de acceso a la inmigración legal, que espera minimizar los efectos negativos de la migración ilegal”.