En
el 90 por ciento de las constituciones de América Latina
–exceptuando a México– se contemplan mecanismos
de democracia directa, como el referéndum, plebiscito, revocación
de mandato, entre otros, que están claramente subutilizados.
Felipe Hevia señaló que, de 1978 a 2004, en todo el
continente se realizaron sólo 32 experiencias de democracia
directa.
Al hablar en la FILU sobre participación ciudadana y consolidación
de la democracia, el investigador del Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-DF)
añadió que de esas 32 experiencias, 24 fueron iniciativa
de los gobiernos y sólo ocho fueron ejercicios promovidos
por la ciudadanía, “lo que resulta un subejercicio
del subejercicio”. Estos mecanismos legitiman a los propios
representantes populares, ya que le dan a la ciudadanía un
mayor sentido de la participación en los procesos políticos,
más allá de los asuntos meramente electorales. “Hay
muchos mecanismos institucionales de participación ciudadana,
órganos colegiados, consejos consultivos ciudadanos.
Esto hace que se eficienten las políticas públicas
al despolitizar la discusión de las prioridades de una nación”.
Estos procedimientos surgen en los países no como una consecuencia
de estabilidad política, sino más bien como reacción
a la falta de estabilidad, ante la necesidad de involucrar de alguna
manera a la sociedad en el ámbito político.
Mauricio Merino Huerta, quien fuera consejero del IFE, aseguró
que la participación ciudadana y las políticas públicas
deben estar claramente conectadas para poder consolidar los procesos
democráticos de los países latinoamericanos.
“Está más que claro que los gobiernos no pueden
resolver todos los problemas y que la agenda pública no puede
ser decisión unilateral de la autoridad, las soluciones deben
partir de definiciones de los problemas y éstas deben ser
hechas de acuerdo con sus causas y planteadas como cursos de acción
que buscan resultados, y todo este proceso debe, en el peor de los
casos, ser vigilado o supervisado por la sociedad”.
Ernesto Isunza Vera dijo que hay cuatro argumentos que hacen prácticamente
irrebatible la conveniencia de que la participación ciudadana
sea permanente: hace eficientes las políticas públicas,
exige la transparencia de lo público, controla a los servidores
públicos y complementa al sistema político representativo.
“La añeja pregunta socrática de quién
debe ejercer el poder tiene dos respuestas posibles: por quienes
sepan mejor y por quienes experimenten sus efectos, por lo que en
las sociedades complejas, como en las que vivimos, la decisión
de a qué puerto debe dirigirse la nave, debe ser de los pasajeros,
no del capitán o la tripulación”.
Afirmó que pluralizar la esfera de decisión ciudadana
no implica desaparecer a los partidos políticos, pero sí
hacerlos conscientes de que no son los únicos participantes
de los procesos políticos del país. “Si ya hay
participación ciudadana en el órgano que rige y califica
las elecciones, ¿por qué los partidos no dejan que
la haya en la toma de decisiones en materia económica y fiscal
en el país?, eso es algo que hay que resolver, porque es
posible y sería deseable que la gente participara de esos
procesos” . |
