Muchas de las localidades, dijo, parecen presentar un “desordenamiento
urbano”, pues los planes y leyes no han sido respetados ni
por las autoridades ni por las personas, pero es un asunto de conciencia
social más que de políticas públicas: “nosotros
tenemos primero que conocer el plan y luego defender y exigir su
ejecución”.
El ordenamiento urbano puede impulsar diagnósticos precisos
de las condiciones ecológicas y de asentamientos humanos
de cualquier localidad, que permitan una toma de decisiones mejor
y más informada; lo que se pretende es que los espacios que
están muertos se reactiven y haya un equilibrio entre manejo
de los recursos naturales y desarrollo urbano.
“Se busca que las actividades humanas afecten lo menos posible
el equilibrio ecológico, por lo que se establece que las
viviendas tienen que estar en áreas que no causen riesgo
a la población, que no impacten en el ambiente, que ahorren
recursos, que no contaminen y que el área humana sea asignada
en espacios ad hoc, que además no pongan en riesgo
la seguridad de las familias”.
Jiménez Huerta habló de la experiencia en la que participaron
arquitectos, biólogos, psicólogos, economistas e ingenieros
ambientales, en el ordenamiento ecológico de la localidad
Tierra Nueva, en el municipio de Atzalan, donde se creó el
plan de desarrollo, gracias al esfuerzo conjunto de la Secretaría
de Desarrollo Social y la Universidad Veracruzana.
Recordó que en 2004, un equipo multidisciplinario de universitarios
realizó cuatro ordenamientos más en municipios veracruzanos
(Nautla, Tatatila, Chiconquiaco y Tepatlán), tomando en cuenta
las características propias del lugar, la topografía,
la vegetación, el uso del suelo y, sobre todo, las necesidades
de la población.
Para lograr que los planes de ordenamiento urbano no sean reales
solo en el papel, Jiménez Huerta recomendó la integración
de comités ciudadanos que vigilen que los lineamientos se
estén llevando a cabo, y que las autoridades gestionen la
parte que les corresponde: “El problema es que un plan de
ordenamiento está contemplado a largo plazo, 15 ó
20 años, y a veces la fragmentación gubernamental
impide el seguimiento, por eso creo que lo fundamental en esta área
es la participación social y el compromiso que muestre la
gente con su localidad”.
Joaquín Jiménez Huerta pertenece al cuerpo académico
Investigación y Educación para el Desarrollo Sustentable
de la Facultad de Biología-Xalapa, que organizó el
encuentro, y que también integran Roberto Castro (matemáticas),
Laura Martínez (química), Celia Acosta Hernández
(forestal), Pascual Linares (filosofía), Héctor Narave
(legislación y gestión ambiental), así como
Soledad Rocha Flores, Aarón Ojeda Jimeno y María de
los Ángeles Chamorro (divulgación científica
y educación ambiental).
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