En ese sentido, argumentó, se puede hablar de una asimetría
de la transición política: los ritmos de la transición
a nivel federal son diferentes a los cambios que se dan a nivel estatal
y dependen de la historia de la clase política, de la madurez
de la sociedad civil y de cómo éstos influyen en los
sistemas políticos estatales», dijo el investigador.
Aguilar Sánchez afirmó que el contexto nacional debe
servir de referente y de impulso para los procesos democráticos
estatales pero, de alguna manera, se requieren cambios que deben ser
impulsados desde distintos niveles, por ejemplo, desde la sociedad
civil o desde nuevas elites que tengan una nueva forma de entender
el poder político.
“Si se tienen diferentes ritmos políticos, es necesario
conocer cuáles son los elementos que construyen las elites
y los partidos políticos en los estados, necesitamos saber
si la idea de la democracia no es utilizada en una concepción
que sólo atañe a los profesionales de la política
y que no impacta la vida de la ciudadanía en general, necesitamos
saber si lo que está emergiendo son partidos políticos
democráticos o partidos que se mueven en una cultura todavía
clientelar y autoritaria, si realmente está emergiendo una
participación comunitaria democrática o si sólo
es una re-funcionalización de las redes corporativas”,
señaló.
Aguilar Sánchez dijo que en ese contexto es fundamental el
papel que juegan los movimientos sociales en México, ya que
históricamente son los que han impulsado o provocado las reformas
que, paulatinamente, le fueron dando forma al sistema democrático
que sustituyó al modelo autoritario.
“Hay gente que sugiere que la transición política
es, fundamentalmente, producto de las decisiones de las elites políticas
en el poder, concretamente del PRI y del contexto internacional, porque
ya no se podían sostener políticamente en un contexto
internacional adverso, donde se demandaba legitimidad absoluta. Se
dice que promovieron un proceso de liberalización controlada,
abrir cauces pero conservar el control y esta idea reduce el papel
de los movimientos sociales, los pone en segundo término”,
advirtió.
Ante este argumento, Aguilar Sánchez trae a cuenta que el movimiento
obrero de 1958 no tuvo repercusiones a corto plazo, pero puso en jaque
a una de las columnas vertebrales del sistema político mexicano,
el corporativismo sindical, y en 1962 comenzó una pequeña
reforma para empezar a abrir cauces. Luego viene el movimiento del
68, que empuja al PRI y a las elites políticas a pensar en
nuevas aperturas; después, en 1976, la Tendencia Democrática
de Electricistas cuestiona a toda la pirámide corporativa y
al año siguiente viene una gran reforma de procesos electorales,
que para muchos es el comienzo de la transición, en el aspecto
legal.
“En 1982, con Miguel De la Madrid se da lo que se considera
un retroceso en lo legal, pero después de los movimientos civiles
de 1985 al 1988, vienen una serie de cambios que derivaron en una
reforma electoral; y en 1994 la emergencia del EZLN apresura una nueva
reforma electoral. Creo que no puede verse todo esto como cuestiones
desarticuladas. En coyunturas importantes los movimientos sociales
han empujado los cambios políticos y sociales del país”,
afirmó el investigador.
Los movimientos sociales, desde hace más de 50 años,
tenían una idea de la democracia que iba más allá
de lo electoral, más participativa, en la que la toma de
decisiones fuera más equitativa.
La
relación con el poder
Aguilar Sánchez aseguró que es notorio que los movimientos
sociales, durante estos más de 50 años, han cambiado
su postura ante el poder, antes se tenía una tradición
en la que todo movimiento social se construía para derivar
en un partido político y luego tomar el poder, y ahora hay
movimientos que no sólo son de protesta, sino que proponen
políticas públicas, y que se erigen como reguladores
del poder político.
“En la actualidad se tienen otras concepciones de los movimientos
sociales, ya no sólo la idea tradicional de crear el gran
movimiento que derroque a un partido en el poder; la visión
ahora es de movimientos que tienen demandas específicas,
derechos cívico-políticos, demandas económicas,
y principalmente presionar y regular el poder político, sin
afiliarse a algún partido político”, afirmó.
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