Luego de la inconformidad de los profesionales
del derecho en el estado de Veracruz –debido a que la reforma
a los códigos penal y de procedimientos penales llevada a cabo
en 2003, se realizó por expertos que no son de la entidad–,
el congreso local llamó a formar un grupo de trabajo técnico
para llevar a cabo una nueva reforma, esta vez incorporando las necesidades
y experiencias de los juristas locales.
“La finalidad de este grupo es prelegislativa, es decir, no
estamos haciendo el trabajo de los diputados, estamos haciendo un
estudio previo que va a permitir encontrar razones político-jurídicas
que justifiquen una reforma a los códigos penal y de procedimientos
penales”, aseguró Martínez y Martínez.
El grupo cuenta con la participación de personas de la Federación
de Licenciados en Derecho de Veracruz; la Federación de Colegios,
Barras y Asociaciones de Abogados de Veracruz; de todas las principales
universidades del estado y se están estudiando propuestas del
Tribunal Superior de Justicia; de la Procuraduría General de
Justicia del Estado; así como del Poder Ejecutivo Estatal.
“Se tiene pensado terminar el estudio en la segunda mitad de
junio, ya comprendiendo la revisión total de los dos códigos.
Una vez que se termine se entregará a la Comisión de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Congreso
del Estado para que comience la tarea legislativa, una comisión
del congreso deberá ponderar las conclusiones del estudio y
decidirá si se presenta como una iniciativa de reforma”,
señaló el catedrático de la UV.
Por su parte, Ana Lilia Ulloa Cuéllar, catedrática de
la Facultad de Derecho de la UV y también integrante del grupo
de trabajo, dijo que lo que se está haciendo es aportar, desde
la especialidad de cada uno de los participantes, elementos para esta
reforma integral de los códigos referidos y que este trabajo
es muy importante porque busca adecuar el sistema jurídico
a la complejidad de nuestra sociedad y viceversa. Códigos
que contradicen la Constitución
Martínez y Martínez señaló que actualmente
–y como consecuencia de una tendencia de muchos años–,
en todo el país las penas corporales se han elevado hasta
los 70 años, lo que es contrario al espíritu del artículo
18 constitucional, que establece que las penas deben ser para readaptar
a los sentenciados mediante la educación y la capacitación
para el trabajo; además de que los propios códigos
anuncian ideas que nunca son abordadas o especificadas en el texto
completo.
“Una pena de 70 años nunca va a lograr la readaptación
social de los presos, además hay serias omisiones en la redacción,
como por ejemplo: el artículo tercero del Código Penal
vigente dice que el poder punitivo del estado queda sujeto a los
principios de legalidad, culpabilidad, readaptación social,
proporcionalidad de las consecuencias jurídicas, de atención
a los usos y costumbres de los pueblos indígenas y de protección
a los derechos de los ofendidos o víctimas del delito. Como
una declaración es impresionante, si uno se guiara sólo
por la redacción de este artículo diría que
es una maravilla, pero cuando uno lee el documento completo, resulta
que no corresponde al anuncio inicial”, afirmó Salvador
Martínez.
El catedrático de la Facultad de Derecho de la UV señaló
que el trabajo que se está realizando también tiene
que ver con corregir y controlar los vicios del sistema jurídico,
sobre todo a nivel policiaco; hay un poder punitivo, en las leyes
se identifican como delictivas ciertas conductas que son las que
se van a castigar; pero en otro plano, está el de la policía,
donde ya no se seleccionan conductas, sino personas.
“Esta segunda criminalización ha sido terrible en todo
el mundo y pone a los abogados en alerta, porque el policía
escoge quién es delincuente y quién no; entonces la
tarea del abogado –sea procurador de Justicia, agente del
Ministerio Público o juez– es contener ese poder de
castigar. No lo va a poder impedir, pero tiene que observar que
se cumplan ciertas condiciones para que se pueda aplicar una pena”,
dijo. |