Año 6 • No. 216 • Marzo 20 de 2006 Xalapa • Veracruz • México
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  Reconoció Salvador Martínez, catedrático de la UV
Necesario consultar a juristas veracruzanos para reformas legales de la entidad
Juan Carlos Plata
Las organizaciones de abogados del estado de Veracruz están muy interesadas en que se logre una nueva reforma a los códigos Penal y de Procedimientos Penales en la que se escuche y se tomen en cuenta las propuestas de los juristas locales, porque aseguran que son más adecuadas a la realidad de Veracruz, afirmó Salvador Martínez y Martínez, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) y presidente del grupo de trabajo técnico que se ha organizado para analizar las propuestas de reformas.

Salvador Martínez y Martínez.
Luego de la inconformidad de los profesionales del derecho en el estado de Veracruz –debido a que la reforma a los códigos penal y de procedimientos penales llevada a cabo en 2003, se realizó por expertos que no son de la entidad–, el congreso local llamó a formar un grupo de trabajo técnico para llevar a cabo una nueva reforma, esta vez incorporando las necesidades y experiencias de los juristas locales.

“La finalidad de este grupo es prelegislativa, es decir, no estamos haciendo el trabajo de los diputados, estamos haciendo un estudio previo que va a permitir encontrar razones político-jurídicas que justifiquen una reforma a los códigos penal y de procedimientos penales”, aseguró Martínez y Martínez.

El grupo cuenta con la participación de personas de la Federación de Licenciados en Derecho de Veracruz; la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Veracruz; de todas las principales universidades del estado y se están estudiando propuestas del Tribunal Superior de Justicia; de la Procuraduría General de Justicia del Estado; así como del Poder Ejecutivo Estatal.

“Se tiene pensado terminar el estudio en la segunda mitad de junio, ya comprendiendo la revisión total de los dos códigos. Una vez que se termine se entregará a la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Congreso del Estado para que comience la tarea legislativa, una comisión del congreso deberá ponderar las conclusiones del estudio y decidirá si se presenta como una iniciativa de reforma”, señaló el catedrático de la UV.

Por su parte, Ana Lilia Ulloa Cuéllar, catedrática de la Facultad de Derecho de la UV y también integrante del grupo de trabajo, dijo que lo que se está haciendo es aportar, desde la especialidad de cada uno de los participantes, elementos para esta reforma integral de los códigos referidos y que este trabajo es muy importante porque busca adecuar el sistema jurídico a la complejidad de nuestra sociedad y viceversa.

Códigos que contradicen la Constitución
Martínez y Martínez señaló que actualmente –y como consecuencia de una tendencia de muchos años–, en todo el país las penas corporales se han elevado hasta los 70 años, lo que es contrario al espíritu del artículo 18 constitucional, que establece que las penas deben ser para readaptar a los sentenciados mediante la educación y la capacitación para el trabajo; además de que los propios códigos anuncian ideas que nunca son abordadas o especificadas en el texto completo.

“Una pena de 70 años nunca va a lograr la readaptación social de los presos, además hay serias omisiones en la redacción, como por ejemplo: el artículo tercero del Código Penal vigente dice que el poder punitivo del estado queda sujeto a los principios de legalidad, culpabilidad, readaptación social, proporcionalidad de las consecuencias jurídicas, de atención a los usos y costumbres de los pueblos indígenas y de protección a los derechos de los ofendidos o víctimas del delito. Como una declaración es impresionante, si uno se guiara sólo por la redacción de este artículo diría que es una maravilla, pero cuando uno lee el documento completo, resulta que no corresponde al anuncio inicial”, afirmó Salvador Martínez.

El catedrático de la Facultad de Derecho de la UV señaló que el trabajo que se está realizando también tiene que ver con corregir y controlar los vicios del sistema jurídico, sobre todo a nivel policiaco; hay un poder punitivo, en las leyes se identifican como delictivas ciertas conductas que son las que se van a castigar; pero en otro plano, está el de la policía, donde ya no se seleccionan conductas, sino personas.

“Esta segunda criminalización ha sido terrible en todo el mundo y pone a los abogados en alerta, porque el policía escoge quién es delincuente y quién no; entonces la tarea del abogado –sea procurador de Justicia, agente del Ministerio Público o juez– es contener ese poder de castigar. No lo va a poder impedir, pero tiene que observar que se cumplan ciertas condiciones para que se pueda aplicar una pena”, dijo.