El reto de los gobiernos en materia de seguridad social, en el contexto de la globalización, es buscar un equilibrio entre la eficacia empresarial de los organismos de salud y la protección del trabajador, afirmó la jurista española Ana Isabel Pérez Campos, durante su participación en el Seminario Internacional de Derecho y Globalización, celebrado en la Universidad Veracruzana (UV).

Ante esta disyuntiva, la académica de la Universidad Rey Juan Carlos de España, explicó a una nutrida audiencia las acciones y reformas que el gobierno español ha realizado en materia de seguridad social: “Se trata un reordenamiento jurídico basado en tres líneas de reformas fundamentales, que evitan el incremento de cotizaciones a los trabajadores y empresas; consisten en la reducción de las prestaciones, la privatización de la seguridad social y la homologación de los derechos asistenciales en los estados de la Unión Europea (UE)”.

La primera de estas reformas, la reducción de las prestaciones, se refiere a la disminución de su cuantía y al incremento de los requisitos para acceder a ellas. Pérez Campos señaló que el más afectado ha sido el seguro de desempleo, ya que ahora se busca que los recursos destinados a éste fomenten el empleo y no lo retarden. Para ello, se busca la agilización de gestión gubernamental del trabajo, así como la detección oportuna de los fraudes al sistema.

La segunda línea de reformas se refiere a la privatización de las prestaciones sanitarias o a la promoción de las instituciones privadas, con el fin de disminuir el gasto público en hospitalización y medicamentos.

La última línea mencionada por la académica es la que hace referencia a la universalidad de las prestaciones de los trabajadores a través de la introducción de elementos comunes en las legislaciones de la UE que sientan la base de principios generales europeos de seguridad social: la igualdad de trato y de prestaciones sin importar la nacionalidad, la homologación de cotizaciones y la coordinación interestatal entre administraciones de seguridad social.

“Estas reformas no significan que el sistema público de seguridad social español haya sufrido un retroceso, con el pretexto de la globalización, sino por el contrario: El Estado debe seguir garantizando un bienestar al ciudadano, que se concreta en una protección social suficiente”, finalizó la jurista.