Frente
a la determinación legal que obligaría a la Universidad
Veracruzana (UV) a pagar cerca de 73 millones de pesos por la rescisión
unilateral de un contrato de arrendamiento de equipo de cómputo
que data de 1999, los universitarios han levantado un frente común
en defensa no sólo de esta casa de estudios, sino de la universidad
pública en general, toda vez que ésta representa una
de las partes más importantes del patrimonio cultural del
país.
Algunos de los más destacados expertos de la UV en diferentes
disciplinas, manifestaron sin ambages que “el Rector no está
sólo en su reclamo de justicia, lo respalda la comunidad
universitaria, la sociedad veracruzana, el gobierno estatal y la
opinión pública”, mientras que el jurisconsulto
Manlio Fabio Cazarín definió que “la aplicación
del Derecho no es un ejercicio ciego y crudo, porque esto ha generado
muchas situaciones injustas”.
El expertos en educación Ragueb Chaín aseguró
que si bien el convenio (entre la empresa y la UV) fue establecido
en términos legales, “en términos de justicia,
es absolutamente un abuso”. Además, se pronunció
a favor de que “los universitarios debemos abordar la defensa
de la universidad pública, frente a intereses externos, particulares
o políticos”. Porfirio Carrillo, directivo de un área
fundamental, los posgrados, explicó que con este sentencia
“se atenta contra el patrimonio de las universidades, contra
el arte, el conocimiento y la cultura que le podemos dar a la población”.
Alberto Olvera, especialistas en democracia y sociedad, añadió
que “el Poder Judicial no puede juzgar a instituciones públicas
de la misma manera que lo haría con una empresa, por lo que
la UV tiene derecho a reclamar, como un acto de justicia”
que no haya sido ponderada su naturaleza de servicios educativos
y sociales.
Cada uno de ellos destacó que en el desahogo de este conflicto
siempre debe considerarse que la UV que no se trata de una empresa
con fines de lucro y tiene una misión de alto contenido social:
educar a miles de veracruzanos, producir conocimientos y difundir
las artes para toda la sociedad.
El
Rector no está solo: lo respaldan universitarios,
sociedad y el gobierno estatal: Casillas
Sacar
provecho de la jurisprudencia para aplicar un criterio mercantil
a una institución pública es un claro abuso, pues
atentar contra el patrimonio de la UV es hacerlo contra un bien
público, aseveró Miguel Ángel Casillas, sociólogo
y especialista en políticas públicas de educación
superior.
“No puede un proceso judicial gravar con intereses, multas
y demás a una entidad pública sin correr el riesgo
de socavar su propio fundamento social”, comentó en
torno a la demanda referida.
Aunque reconoció la responsabilidad universitaria, aseguró
también que esta casa de estudios no está dispuesta
a permitir que se le cause un daño patrimonial inmenso, además
de que dijo “es una exageración querer convertir en
deuda de 7 u 8 millones en una mayor a los 70”.
Aprovechó la oportunidad para dejar claro que el Rector no
está sólo en su reclamo de justicia y aseguró
que lo respalda la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana,
además del gobierno estatal y la opinión pública.
El
ejercicio crudo y ciego de la ley
genera injusticias: Cazarín León
Fallar
a favor de la ley, pero en perjuicio de la justicia, lesiona a la
sociedad, porque en nombre de las leyes se pueden cometer graves
violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, afirmó
el director de la Facultad de Derecho de la UV, Manlio Fabio Cazarín
León, respecto del conflicto entre la Universidad y Rodríguez
Pasquel Sucesores, S.A. de C.V.
Aseguró que aunque la norma es un parámetro objetivo
de convivencia social, debe mantener cierto carácter ético.
La aplicación de las normas, explicó, no puede hacerse
de manera fría o abstracta, sino que debe atender los principios
universales: justicia, equidad, bien común, que muchas veces
no se encuentran explícitos.
Cazarín León explicó que estos principios son
los derechos fundamentales, el principio democrático y el
principio de la responsabilidad del Estado, de manera que la aplicación
del Derecho no sea un ejercicio ciego y crudo, “porque esto
nos va a generar, y nos está generando, muchas situaciones
injustas”.
El director de la facultad de Derecho aclaró que, con base
en las leyes, algunas determinaciones de los tribunales pueden resultar
desproporcionadas, criticables y opinables, y que, de ninguna manera
“podemos casarnos con la idea de que por ser normas jurídicas,
son justas”.
Defender
a la UV de un abuso, deber de
la comunidad universitaria: Ragueb Chaín
Es
un deber fundamental de toda la comunidad universitaria de la UV
defender a la institución de un exceso de demandas derivadas
de un convenio establecido en términos legales pero que,
en términos de justicia, es absolutamente un abuso, aseguró
el investigador del Instituto de Investigaciones en Educación
(IIE) de esta casa de estudios, Ragueb Chaín Revuelta.
“Los universitarios debemos abordar la defensa de la universidad
pública, frente a intereses externos, particulares o políticos”,
dijo el investigador y añadió que resulta totalmente
injusto que se pretenda obligar a la UV a pagar 73 millones de pesos,
pues “cobrarle intereses sobre intereses a una institución
pública y del tipo de una universidad, resultaría
fatal”.
“Pretender aprovecharse de la situación para que la
UV, con recursos públicos, pague a un particular una cantidad
excesiva de dinero, es inaudito. Debemos estar unidos frente a una
situación de este tipo, exigiendo justicia; si bien se debe
atender este asunto en términos legales, en términos
de justicia deben ponderarse los intereses de una institución
pública y de servicio como lo es la UV”, señaló.
Atentar
contra la UV es hacerlo contra el arte, el conocimiento
y la cultura que le podemos dar a la población: Carrillo
Muchas
empresas ven en las instituciones como las universidades públicas
a otras empresas con grandes fondos y recursos, como una especie
de baúl lleno que hay que saquear, definió el director
de Estudios de Posgrado de la UV, Porfirio Carrillo.
Respecto del conflicto legal con la empresa Rodríguez Pasquel
Sucesores, S.A. de C.V., el directivo universitario agregó
que “las universidades son las menos indicadas para ser objeto
de negocios privados” y dijo: “No estamos pidiendo que
nos regalen nada, sólo que respeten el patrimonio educativo
más importante del país: las escuelas y las universidades”.
Carrillo Castilla explicó que con las tareas de la UV “no
estamos impactando a cinco o diez personas; hay una gran población
que se beneficia y cuando se atenta contra el patrimonio de las
universidades, se atenta contra el arte, el conocimiento y la cultura
que le podemos dar a la población, además de que se
lesiona el patrimonio cultural de todos los mexicanos, el que hemos
construido a lo largo de nuestra historia”.
La
UV tiene derecho a reclamar que se
le juzgue como a una empresa: Olvera
El
Poder Judicial no puede proceder o juzgar a instituciones públicas
de la misma manera que lo haría con una empresa o cualquier
entidad privada, por lo que la UV tiene derecho a reclamar, como
un acto de justicia, que se revise esa consideración y, sobre
todo, el monto que se condena a pagar, aseguró Alberto Olvera
Rivera, uno de los expertos en democracia y sociedad más
reconocidos en el ámbito internacional.
También director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales,
Olvera añadió que los jueces “nos obligan a
pagar una suma exorbitante, que no es sino resultado de cobrar intereses
sobre intereses, etc., y no tomaron en cuenta que ésta es
una institución pública, que presta un servicio a
la sociedad”.
Explicó que obligar a pagar una cifra como la que demanda
la empresa en cuestión “afectaría todas las
actividades de la UV”. Además, dijo que “lo que
tenemos que reclamar al juez es que no puede ignorar esto, porque
al condenarnos a pagar esta cantidad exorbitante afecta las capacidades
de la institución”, dijo.
“Lo cierto, sin embargo, es que en las formas en que los jueces
resuelven conflictos comerciales que involucran a entes públicos,
es importante tomar en cuenta su carácter no lucrativo y
el tipo de servicio social que prestan”, añadió.
Fallo contra la UV significa perjuicio
para toda la sociedad: Pitalúa
Un
fallo contra la Universidad Veracruzana (UV) no sólo afectaría
económicamente el patrimonio de la institución y sus
actividades sustantivas, sino que sería percibido como un
perjuicio para toda la sociedad, aseguró Agustín Aguirre
Pitalúa, director de la Facultad de Psicología de
la casa de estudios.
“La gente ha construido una representación colectiva
de la Universidad como un bien público que beneficia a todos.
Entiende que la Universidad es suya y atentar contra su patrimonio
es hacerlo contra la sociedad misma”, comentó el académico
en torno a la demanda que enfrenta la institución por más
de 73 millones de pesos.
Además, dijo que aun cuando un fallo negativo estuviera acorde
con las normas jurídicas, despojar a esta casa de estudios
de 73 millones de pesos es una injusticia: “Estaríamos
en un proceso de percepción social y lo que la gente va a
percibir es que la ley permite el beneficio de unos cuantos en perjuicio
de muchos”.
“Con 73 millones de pesos, la Universidad podría construir
y equipar 14 bibliotecas especializadas con 10 mil volúmenes
cada una de ellas, un acervo bibliográfico envidiable; establecer
35 centros de cómputo con 100 equipos de punta cada uno de
ellos, o equipar 400 aulas para docencia. Es todo un patrimonio”,
explicó.
El Consejo Universitario discutirá dar
respuesta unificada a conflicto legal
Consejeros
universitarios de todas y cada una de las facultades, centros de
estudio e investigación que alberga la UV se reunirán
hoy lunes para conocer, deliberar y dar una respuesta unificada
y consistente legalmente al conflicto originado por la demanda de
la empresa Rodríguez Pasquel Sucesores, en contra de esta
Casa de Estudios.
De acuerdo con el secretario académico Ricardo Corzo Ramírez,
en la próxima sesión extraordinaria del Consejo Universitario
General (CUG) –máximo órgano de autoridad en
la UV– universitarios de todo el estado reflexionarán
y propondrán, “con su experiencia y compromiso, las
vías a seguir para que el interés general y social
que representa nuestra Alma Mater se sobreponga a los intereses
particulares”.
Corzo Ramírez afirmó que “los universitarios
habremos de garantizar que nuestra institución y su Programa
de Trabajo no se vean afectados por situaciones coyunturales y tome
las decisiones pertinentes que salvaguarden su desarrollo dentro
de los cauces de la legalidad y la justicia” en estos tiempos
que definió como de continuas confrontaciones de diversa
índole. |
