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Aseguró
experta jurista de la UV
En la democracia, las instituciones no garantizan la legitimidad,
sino los derechos
Dunia Salas Rivera |
Publica
el Instituto de Investigaciones Jurídicas artículos
de especialistas como Raúl de la Huerta, Manlio Fabio Casarín,
Petra Armenta, Raúl Olivares y María del Carmen Ainaga |
La
más reciente publicación colectiva del Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana
(UV), Estudios Jurídicos Contemporáneos, contribuye
a determinar cuáles son las posibles líneas sobre las
cuales se debe continuar estudiando y reformulando los paradigmas
del Estado de Derecho; asimismo, reconoce la multiplicidad de tópicos
que sobre esta disciplina requieren una urgente revisión y
actualización, aseguró Cedma González Andrade,
investigadora de esa dependencia universitaria.
Durante la presentación de este texto durante la Semana cultural
del abogado, celebrada en la Facultad de Derecho de la UV, González
Andrade añadió que dicha publicación toca temas
que están muy sensibles en estos momentos, sobre todo en lo
que se refiere a la reforma electoral, democracia, impartición
de justicia y derechos fundamentales, tópicos que “sin
duda se han encontrado en la agenda política nacional, pero
sobre los que aún no hemos logrado evolucionar de manera satisfactoria
dentro del Estado de Derecho mexicano, aunque nos encontramos en ese
camino”, dijo. |
![](images/IMG_0059.gif)
Cedma González Andrade y José Luis Cuevas Gayosso,
durante la presentación del libro
Estudios Jurídicos Contemporáneos. |
La jurista planteó que quizás por haber sido demasiado
largo este proceso de transición política es que “no
hemos podido llegar a lo que es ya la consolidación de la democracia,
la cual incide en la reformulación de los principios sobre
derechos fundamentales, el Estado de Derecho constitucional, el sistema
político, la participación ciudadana, la introducción
de la participación de la sociedad civil y otros aspectos de
trascendencia histórica que son de completa actualidad, los
cuales son planteados en el libro”.
Durante su intervención, el académico de la Facultad
de Derecho, José Luis Cuevas Gayosso, habló de los artículos
escritos por el investigador Raúl Olivares Vionet, “La
Reforma Electoral Federal de 1996”, y la investigadora del IIJ
Petra Armenta Ramírez, “Participación ciudadana
en el marco electoral mexicano”.
En el primero, aseveró Cuevas Gayosso, el autor advierte el
carácter sociológico jurídico de la reforma electoral,
añadiendo que fija un sustento en dos de los más notables
constitucionalistas: Fix Zamudio y Valencia Carmona, quienes desarrollan
seis líneas maestras del constitucionalismo contemporáneo:
“Olivares apoya su estudio en tres, de las cuales, la que se
refiere a la concepción de la Constitución abierta constituye
el eje estructural que, para el caso de México, los tratadistas
plantean en una doble apertura: una interna y otra externa”.
En el caso de la primera, dijo, “los efectos son visibles en
la sociedad civil a través de los medios de comunicación
y en la reconformación y participación de los partidos
políticos; por cuanto hace a los externos, se refiere a los
efectos del orden internacional y del cambio de modelo económico
como a los tratados internacionales”.
Asimismo, se refirió a un condensado desarrollo que realiza
Olivares Voinet respecto de las reformas en el sistema electoral mexicano,
a partir de la iniciativa del presidente Ruiz Cortines hasta 1990
en la que destacó tres puntos: “El apoyo a la legalidad
de los procesos, la posibilidad de asociarse individualmente
–rompiendo así con el corporativismo– y el derecho
al voto de los ciudadanos en el extranjero. Como punto adicional se
especifica el tópico relativo al financiamiento de los partidos
a través del estado”.
Cuevas Gayosso señaló que sin duda la reforma de mayor
trascendencia fue haber dado el rango constitucional al Instituto
Federal Electoral (IFE) y la creación del Tribunal Federal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).
Finalmente, comentó que un sistema democrático es la
elección de un procedimiento para tomar una decisión
en un sentido o en otro; sin embargo, “el procedimiento o las
instituciones per se no garantizan esta legitimidad que sólo
se da al maximizar los derechos fundamentales. Este es el supuesto
principal para que se garanticen la gobernabilidad y, en lo que se
refiere al derecho electoral, los derechos políticos”,
puntualizó. |
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