En
México la educación ha sido impulsada y financiada
por el estado, con la contribución de los trabajadores de
la educación, asociaciones diversas, empresas y otros, que
desde diferentes lugares y en diversas formas han participado en
su desarrollo.
Como fruto del pacto social postrevolucionario, la sociedad mexicana
depositó en el estado la responsabilidad y el liderazgo del
desarrollo educativo y éste lo asumió como un compromiso
que lo legitimaba ante esa misma sociedad. (Noriega, 1998, p.358).
El esfuerzo gubernamental cuya expresión más tangible
es el presupuesto, ha sido oscilante y aun cuando en momentos ha
podido beneficiar a amplias capas de la población, no siempre
ha sido de la magnitud de las necesidades sociales, sino ha variado
en función de éstas, pero sobre todo de las condiciones
económicas del país y de las necesidades del sistema
político.
De acuerdo a Colorado (2004), en México el gasto en Educación
Superior es de 6.1 billones de dólares y el porcentaje de
personas entre 25 y 34 años que alcanzaron el nivel superior
es del 17 por ciento.
La evolución del financiamiento de acuerdo al mismo autor
se verá de manera sucinta en tres períodos; el primero
de 1970 a 1982, el segundo de 1983 a 1993 y el tercero de 1994 a
2003.
En el primer período de 1970 a 1982 hay un crecimiento constante;
el gasto en educación pasó de 1.8 por ciento respecto
al PIB a 3.8 por ciento. La capacidad del gobierno para financiar
la expansión del sistema encontró su principal fuente
de recursos a través del endeudamiento externo y las enormes
divisas generadas por el aumento de los precios del petróleo
a mediados de la década de los setentas. La decisión
de aumentar los recursos tuvo su base en la desigualdad escolar
existente entre las zonas urbanas y rurales; la desigualdad económica
en las diferentes capas sociales; y en la necesidad de elevar los
niveles de educación de la población.
Posteriormente, durante los años de 1983 a 1993, el financiamiento
está marcado por la crisis económica que sufrió
el país donde hubo un retroceso en el gasto; se redujo al
2.8 por ciento al principio de la década de los ochentas
y se mantuvo estable hasta 1992.
Finalmente, de 1994 al 2003 hubo una recuperación y el porcentaje
se elevó hasta 5.3por ciento. Es importante destacar que
el modelo económico en México ha impulsado las políticas
de reducir las funciones y adelgazamiento del Estado, con la mitad
de la población en condiciones de pobreza.
Las políticas de financiamiento hacia las universidades públicas
han cambiado en el nuevo siglo, culminado en la tendencia actual
de diversificación de las fuentes de ingresos de las mismas.
Las tendencias para el financiamiento de la Educación Superior
en México, de acuerdo a Fresan (2002), son: la reducción
de costos, el aumento de la eficiencia y la eficacia, y la búsqueda
de mecanismos para incrementar los ingresos.
Con relación al incremento de los ingresos, las Instituciones
de Educación Superior están adoptando las siguientes
acciones: incremento de cuotas de inscripción y colegiaturas;
aumento de los ingresos por servicios diversos prestados por la
institución; donaciones de egresados y de otras fuentes filantrópicas;
desarrollo de proyectos patrocinados por agencias nacionales y extranjeras;
programas de educación continua presenciales y no presenciales;
desarrollo de programas y proyectos de interés para el sector
productivo; establecimiento de incubadora de empresas; realización
de sorteos; y renta de instalaciones universitarias.
Referencias
bibliográficas.
- Colorado, A. (2004) Las cuotas en el financiamiento de la Educación
Superior. Tesis para obtener el grado de Lic. En Sociología.
Xalapa, Universidad Veracruzana, Facultad de Sociología.
- Fresan, M. y Torres, D. (2002) “Tendencias en el financiamiento
de las Instituciones de Educación Superior Públicas”
en Revista de la Educación Superior en línea núm.
113
- Noriega, M. (1998) “El financiamiento de la educación;
su historia y su estudio” en Latapi. Un siglo de educación
en México. Tomo I FCE/CONACULTA. México p.358-382. |
