| Año 6 • No. 241 • octubre 9 de 2005 | Xalapa • Veracruz • México |
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Debaten
expertos Ley Modelo para Prevenir y Sancionar la Tortura
Impulsan desde la UV reformas jurídicas |
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| Veracruz será una pieza fundamental para mejorar condiciones para el respeto y para la tutela eficaz de los derechos humanos: Cazarín Léon | ||
| Boca
del Río, Ver.- Pese a que son el instrumento
de política ambiental con mayor definición jurídica
para la conservación de la naturaleza, las 43 Áreas
Naturales Protegidas (ANP) de Veracruz son insuficientes para preservar
la enorme biodiversidad que tiene la entidad dentro y fuera de ellas,
aseguró Yetlaneci Aguilar, coordinadora de proyectos ambientales
del Área Biológico Agropecuaria de la Universidad Veracruzana
(UV). “La protección no se logrará mediante la mera creación de una serie de ‘museos naturales’, donde lo que sucede por fuera de esas islas de naturaleza congelada queda excluido de la preocupación protectora”, comentó al iniciar los trabajos del simposio que en el marco del Congreso Norteamericano de Ornitología mostró a los participantes la riqueza biológica de la entidad. |
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Con el proyecto de Ley Modelo se busca promover la creación de una red de profesores de Derechos humanos y que académicos e instituciones se involucren en investigar sobre temas relacionados. |
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| Su
preocupación está basada en el enorme potencial biológico
de la entidad –que no se restringe sólo a las ANP y que
se nota en términos cuantitativos–, por ejemplo, en las
7 mil 400 especies de plantas distribuidas en más de 20 diferentes
tipos de vegetación y en las 394 especies de vertebrados endémicos
de la región, de los cuáles 40 no existen en ningún
otro lugar del mundo más que en Veracruz. Explicó que más importante aún que preguntarse cómo evaluar la efectividad de estos sistemas de protección, es definir cuáles son los elementos útiles para decidir si un Área Natural Protegida está cumpliendo o no con su cometido, que es, a fin de cuentas, el objetivo de su creación. Aguilar, quien coordina proyectos de ANP para la UV, reconoció que pocas son las que realmente cumplen con su misión, pues la mayoría carecen de una estructura adecuada para ser administradas, así como de criterios ecológicos, socioeconómicos y de planificación; de hecho, carecen de planes de manejo y tienen baja prioridad en los planes de gobierno. Por otra parte, aceptó que aún falta coordinación entre el sector gubernamental, educativo y privado en cuanto a ANP se refiere, y dijo que es común encontrar áreas que incluso carecen de información científica, socioeconómica y legal, además de que no cuentan con administración, personal calificado, recursos económicos y materiales, por lo que existe en ellas un constante saqueo de todo tipo de recursos, invasión por asentamientos humanos y conflictos legales. Al señalar los retos que en este tema se vislumbran, Aguilar aseguró que será fundamental hacer un recuento de los logros alcanzados para decidir cómo y en dónde deberán invertirse los recursos durante los primeros dos decenios del siglo XXI, a fin de lograr el máximo impacto en el futuro. Para que esto suceda, dijo, es necesario reconocer los tres grandes retos que enfrentamos. “El primero es una terrible ignorancia en cuanto a la vida sobre la tierra, el segundo es establecer prioridades de conservación para encauzar los recursos y las acciones, y el tercero es invertir de manera eficiente los recursos financieros y humanos de que se disponga”. ANP de Veracruz Yetlaneci Aguilar informó que en Veracruz existen actualmente 43 Áreas Naturales Protegidas en diversas categorías, 14 decretadas por la Federación, 18 por el Gobierno Estatal y 11 Áreas Privadas de Conservación. Señaló que la superficie total protegida es de 841 mil 370 hectáreas, que representan el 15.52 por ciento del territorio, y añadió que se encuentran en proceso de decreto ocho áreas más, con las cuales se protegerán aproximadamente 9 mil 791 hectáreas; aunadas a las anteriores, en la actualidad 10 zonas se encuentran en diagnóstico para su declaratoria. |
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| La ley | ||
| Con
el fin de homologar las legislaciones federal y estatales referentes
al delito de la tortura, un grupo de investigadores de diversas instituciones
de educación superior –incluida la UV–, trabajan
en un proyecto de investigación que pretende crear una Ley
Modelo para prevenir y sancionar la tortura en México. “En los diagnósticos preliminares que hicimos, detectamos que hay variadas construcciones del tipo penal de tortura en las distintas legislaciones. Existe una ley federal en materia de tortura, y 32 legislaciones estatales, que están divididas entre aquellas que consignan la tortura en una ley especial, y las que tienen el delito de tortura en los códigos penales; La idea es, proponer que se elabore una ley federal, o en su defecto que se continúe con las legislaciones estatales, pero homologando el tipo penal de tortura, que además, incorporen los estándares internacionales”, sostuvo Namiko Matsumoto Benitez. México es parte de la Convención de la ONU y de la OEA en cuestión de tortura –aseguró la catedrática-, por lo tanto, si bien estos tratados generan obligaciones internacionales desde el momento de ser ratificados, en ocasiones se requiere de adecuaciones en las legislaciones internas para darle operatividad y así estar en condiciones para cumplir con esas obligaciones internacionales, labor que en el país está pendiente. “Otro problema es que hay legislaciones estatales que hacen una lista de acciones que pueden ser consideradas como tortura que en otros estados no son contempladas; por lo cual se puede dar el caso de que lo que es tortura en Veracruz, no lo es en Tamaulipas”, dijo. El proyecto, una vez terminado se presentará ante el Congreso Federal, o a los congresos locales para su estudio y en su caso, aprobación. Matsumoto Benitez explicó que la primera etapa del proyecto consistió en la elaboración de un diagnóstico nacional sobre la educación legal en Derechos Humanos, con el propósito de analizar si en las facultades de Derecho se estudiaba este tema, y en aquellas facultades que se estudiaba la temática, se revisó la forma en la que se incorporaba en sus planes de estudio. “Con ese estudio se comprobó que había una deficiente educación legal en el tema, por lo tanto se promovió la creación de una red de profesores de Derechos Humanos, y se promovió que académicos e instituciones se involucren en investigación de temas relacionados con los Derechos Humanos, y a partir de esto surgió el proyecto de elaborar la ley modelo”, aseguró. |
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| Mesas de discusión | ||
| Con
la finalidad de presentar el proyecto ante académicos, organizaciones
de la sociedad civil, investigadores, defensores de derechos humanos,
personas involucradas en el Poder Judicial, para que analicen la propuesta
la critiquen, hagan observaciones, para enriquecerlo, se realizaron
dos mesas de discusión: Las obligaciones del estado mexicano
en materia de tortura y Los retos frente a la tortura. En las mesas participaron Noemí Quirasco Hérnández, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Guadalupe Porras, integrante de la Comisión de DH del Congreso local; Juan Carlos Arjona Estévez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; Carlos Ríos, consultor externo de ProDerecho; Manlio Fabio Cazarín, director de la Faculad de Derecho de la UV; María José Vera Mendivilla, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Además de Jorge Luis Del Angel, visitador de la CEDH; Rafaela López Salas, coordinadora del Posgrado de la Facultad de Derechos de la UV; Raul Pimentel Murrieta, magistrado de la séptima sala en materia penal del TSJ; Consuelo Lagunas Jiménez, catedrática de la Facaultad de Derecho de la UV; Aidé González Rebolledo, de la Sala Constitucional de TSJ; Edna Guadalupe Pérez García, secretaria ejecutiva de la CEDH. |
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