Año 6 • No. 247 • noviembre 20 de 2006

Enfocado a programas que no fomentan el desarrollo económico de la mayor parte de la población, el gasto público en México no mejora la productividad, y por consecuencia la economía nacional no crece, aseguró José Luis Hernández Mota, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante su participación en la mesa “Macroeconomía” dentro del XVI Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, que se realizó en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV).

El especialista dividió el gasto público en productivo –aquel que además de un beneficio social busca que la gente con esa inversión estatal genere ganancias para ellos y el país–, e improductivo –de carácter asistencial que no ayuda a la gente a producir más allá de solventar necesidades básicas–, y dijo que en México se sigue privilegiando el segundo.

“Una posible solución es que el gasto público en primera instancia se destine al sector productivo, y cuando éste sea devuelto –vía impuestos–, ahora sí se destine al sector social, con lo que se generaría una dinámica productiva que al mismo tiempo atendería los rezagos sociales del país”, afirmó.

El sector productivo, dijo Hernández Mota, se caracteriza por basarse en un esquema económico descentralizado, generalmente compuesto por el capital privado y es el que abarca la mayor parte de la fuerza laboral.

El capital público, explicó el investigador, está compuesto por los impuestos que pagan todos los contribuyentes; de este dinero se financian las obras de infraestructura, las inversiones estatales y la asignación de los presupuestos a los estados y dependencias públicas.

Hernández Mota aseguró que otro destino productivo del gasto público es en la formación de capital humano que pueda incorporarse al mercado laboral en mejores condiciones, y así, de manera tangencial, contribuir a un mejoramiento de las condiciones económicas del país.

“Un esquema deseable de la utilización del gasto público es aquel que se rige de acuerdo a tres prioridades fundamentales: estructura física, productividad y formación de capital humano, y en el que la atención al sector social se realiza con los impuestos que genera la participación pública de la inversión en productividad”, afirmó el investigador.