La
posibilidad de elegir al presidente de la República por cuatro
años y reelegirlo por otro periodo igual, así como la
disminución de hasta el 60 por ciento del presupuesto de las
campañas electorales, fue la propuesta de María Amparo
Casar Pérez, del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), durante el Primer Simposio Veracruzano de
Otoño, organizado por la Universidad Veracruzana (UV). |
María
Amparo Casar Pérez, del Centro de Investigación y
Docencia Económicas, participó en el Primer Simposio
Veracruzano de Otoño. |
Al explicar qué reformas requiere el país para aminorar
los conflictos centrales del funcionamiento político, la
académica mencionó la reelección aunque, aseguró,
no garantice la solución a todos los problemas. En términos
electorales sugirió una reforma que pusiera fin al poder
que ejercen los medios de comunicación sobre las elecciones
y generar un ahorro en campañas de por lo menos dos mil 500
millones de pesos destinado a combatir la pobreza.
Durante su conferencia “La agenda política del futuro
inmediato”, a lado de Lorenzo Meyer, Amparo Casar explicó
que la agenda está puesta desde hace una década, pero
no se ha logado nada debido al cinismo o mezquindad de las fuerzas
políticas en nuestro país. “O bien los legisladores
escriben las iniciativas sólo para justificar su existencia,
pero no tienen la menor intención de concretarlas; o bien
no quieren empujar sus iniciativas de reforma porque calculan que
el gobierno en turno sería el beneficiado”, dijo.
Luego de una rápida revisión en reformas trascendentes,
recordó que en 1996 se hizo una electoral, y la otra fue
la de Transparencia y acceso a la información. Sin embargo,
de ese entonces a la fecha no se pueden contabilizar más
reformas. Por ejemplo, mencionó, en la Cámara de Diputados
existen 17 iniciativas de los ocho partidos políticos para
la reelección y jamás han llegado a las comisiones
para su discusión y consecuente votación en el Pleno.
En la USBI y ante decenas de estudiantes y académicos de
la UV, Amparo Casar propuso una reforma política institucional
antes de cabildear reformas estructurales como la hacendaria, energética,
laboral, o de telecomunicaciones. “Me parece que si hubiese
razones para pensar que pudiera generarse un consenso sobre la reforma
política y lograr las mayorías que esto requeriría
para avanzar en la reforma política, también las habría
para las otras reformas… y lo que vemos es que no ha habido
para ninguna”, expresó.
Aseguró que la ausencia o dilación en los acuerdos
sobre las reformas estructurales cierra las oportunidades al país
de crecimiento, productividad y generación de empleo, que
no son fácilmente recuperables. En cambio, me parece, aseveró,
que con todas sus imprecisiones, lagunas y obsolescencias normativas
las instituciones políticas funcionan.
De esta forma, visualizó tres de los problemas que se han
ido develando y que habría que intentar resolver o aminorar.
El primero de estos es la dificultad de construir acuerdos; el siguiente
se refiere a las imprecisiones en nuestro marco jurídico
que han llevado, llevan y pueden llevar a situaciones de crisis;
y tercero, los costos y defectos que tiene nuestra democracia electoral.
La ponente aseguró que la reforma deberá atender los
tres problemas y mejorar las posibilidades de acuerdo mediante el
fomento de creación de mayorías, así como incentivos
a la cooperación y agilización del proceso legislativo.
Asimismo, la reforma deberá eliminar o disminuir posibilidades
de crisis y reducir los costos de la democracia, así como
el potencial de conflictos de los procesos electorales. |