Son
las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938. En las consolas de radio
se
escucha la voz del presidente de la República, Lázaro
Cárdenas del Río, dirigiéndose a la nación
para informarle que las industrias petroleras son expropiadas debido
a su negativa de regirse por las leyes nacionales. Con este hecho
comienza una nueva etapa en el desarrollo de México, la cual
es sintetizada por la sociedad en una frase: “El petróleo
es nuestro”.
El Artículo 1 del Decreto Expropiatorio consignaba: "Se
declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor
de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos,
refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación,
carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y
todos los demás bienes muebles e inmuebles" pertenecientes
a más de 10 compañías con capital extranjero.
Han transcurrido 70 años desde aquel giro histórico
en el rumbo del país; no obstante, ahora la situación
parece cambiar: diversas voces al interior del gobierno federal plantean
la posibilidad de abrir la exploración y extracción
del hidrocarburo a la inversión privada, principalmente de
capital extranjero, ya que –aseguran– tales compañías
poseen la tecnología requerida para dichos procesos.
Ante tal escenario, tres académicos de la Universidad Veracruzana
(UV) definen la magnitud histórica de la expropiación
petrolera y opinan sobre la aparentemente ineludible privatización
de los referidos sectores que conforman a la paraestatal.
“Existe todo un proceso histórico anterior a la expropiación
petrolera de 1938; hay toda una etapa donde los trabajadores rinden
informes sobre sus condiciones laborales y cuánto piensan que
las firmas extranjeras realmente obtienen por la industria del hidrocarburo”,
precisó Martín Aguilar Sánchez, director del
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S).
Así, la nacionalización del petróleo es una confluencia
de un conjunto de luchas obreras que se dan desde finales del Porfiriato
hasta cuando se crea el sindicato petrolero: “Con la expropiación,
los trabajadores ganan un contrato colectivo y mejoras en sus condiciones
laborales y comienzan etapas como la denominada administración
obrera, que ocurre también en la industria ferrocarrilera”,
añadió el investigador.
Alejandro De la Fuente Alonso, académico de la Facultad de
Derecho, explicó que el sustento para la expropiación
reside en el Artículo 27 de la Constitución, donde se
aborda el régimen de propiedad en la República Mexicana,
asentando que las tierras y aguas pertenecen a la nación; sin
embargo, se transmite su dominio a los particulares.
En el Artículo 27 constitucional se consigna también
que las expropiaciones sólo podrán hacerse “por
causa de utilidad pública y mediante indemnización”,
detalló De la Fuente Alonso.
El
neoliberalismo dicta el rumbo
En 1939 se publica una ley que permite a las empresas privadas la
distribución y comercialización del hidrocarburo y
sus derivados; posteriormente, durante el sexenio de Adolfo Ruiz
Cortines (1952-1958) se derogaron las leyes de almacenamiento y
transporte, beneficiando así a los contratistas que ya trabajaban
con Petróleos Mexicanos (Pemex), agregó Alejandro
De la Fuente.
De esta forma, los intentos de privatizar sectores considerados
como estratégicos han aparecido en el debate nacional en
varias ocasiones; una de las más claras durante el sexenio
de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), como señala Martín
Aguilar Sánchez: “La estrategia del Estado mexicano
por privatizar Pemex comienza con el gobierno de Miguel de la Madrid,
basado en un enfoque neoliberal que repercute en los sexenios posteriores,
donde se efectúan otras medidas como la aprehensión
del líder sindical de los trabajadores petroleros Joaquín
Hernández Galicia, La Quina”.
Considerar la privatización como la panacea económica
tiene que ver con una visión mundial de ese periodo, como
en los gobiernos de Margaret Thatcher en Reino Unido, Ronald Reagan
en Estados Unidos y Carlos Salinas (1988-1994) en México,
destacó el investigador.
Actualmente la decisión de privatizar parte de la industria
petrolera “parece que ha sido tomada por el partido en el
poder; sin embargo, una iniciativa con este alcance determinará
el futuro del régimen y en ese sentido puede estar en riesgo
de perder la presidencia”, advirtió Alejandro De la
Fuente.
Es así que la privatización ingresa a la compleja
arena política, donde inciden diversos factores, como lo
señala Danú Fabre Platas, académico miembro
del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos
y Sociales (IIESES): “Se usa como herramienta o navaja para
poder cortar la tela política y eso es frecuente, están
discutiendo sobre Pemex y los primos incómodos y parientes
cercanos del Secretario de Gobierno; están discutiendo sobre
la política de Calderón que como candidato negaba
privatizar sectores de Pemex y ahora, de pronto, suelta la posibilidad”.
Numerosos medios de comunicación cuestionan la privatización
de Pemex, agregó Fabre Platas: “Algunos se atreven
a señalar que ya está de alguna manera negociada esa
privatización, que ya está acuartelada y atrincherada
–vía subterránea– y que sólo es
cuestión de hacerla pública; una tercera postura señala
que en términos económicos esta privatización
no es nada nuevo. Yo coincido con estas tres de alguna manera, pero
con esta última más”.
Privatizar no es la varita mágica, en algunos casos puede
dar resultados pero en otras no tiene sentido, opinó Martín
Aguilar, quien añadió: “Cada sexenio que comienza
inicia el debate si debería privatizarse la industria petrolera
y mucho del recurso económico que genera Pemex no se utiliza
para regenerar la industria petroquímica; el punto de la
privatización debería ser si esto garantiza que el
desempeño de la paraestatal sea más eficiente”.
El movimiento cardenista que legaliza, legitima y hace a Pemex patrimonio
nacional no tiene que ver con lo que estamos viviendo, manifestó
Fabre Platas al comparar la situación en 1938 con la sociedad
mexicana actual: “En aquellos tiempos, posrevolucionarios,
de crisis social, de heridas profundas en nuestro México,
apropiarnos de algo implicaba de alguna manera hacer patria, hacer
nación; ahora estamos más involucrados en esta posmodernidad
extraña en la cual lo inmediato es lo importante”.
Una
privatización matizada
Para lograr lo que actualmente el gobierno federal denomina asociaciones
con el sector privado, es decir, la participación de inversión
privada
–primordialmente extranjera– debería modificarse
la Constitución Política y esto, además de
las dificultades que plantea someterlo a un consenso legislativo,
tanto en la cámara de diputados como en la de senadores,
implicaría un alto costo político para el partido
en el poder ya que sus resultados no se reflejarían en corto
plazo, destacó De la Fuente Alonso.
En este sentido, los académicos coinciden en que permitir
la inversión privada en la exploración y extracción
petrolera genera más preguntas que respuestas debido a que
dentro de la paraestatal confluyen procesos que distan mucho de
ser claros y transparentes.
“Casi nunca se hace pública la forma en la cual se
concesionan fracciones de los procesos de industrialización
y demás en Pemex, son de adjudicación directa la mayoría
de ellas y esto es terrible”, subrayó Danú Fabre;
“lo que debe estar en la mesa es la codificación y
la normatización clara, consciente, transparente y honesta
de este tipo de procesos”.
Hay una cuestión que no se conoce y está como telón
de fondo, opinó Martín Aguilar: “¿Qué
está pasando con la industria petrolera en el país?,
¿qué se ha invertido, qué no se ha invertido?,
¿cuál es el ingreso que genera Pemex y hacia dónde
va ese recurso?, ¿se le ha dado importancia a Pemex o se
subsidia a otra serie de programas federales?”, planteó
el investigador.
Contrario a lo que quisiera pensar, no hay un eco social a favor
o en contra de la privatización, cuando más se traduce
a un comentario de sobremesa, de pasillo o académico en algunos
espacios, comentó Fabre Platas.
La soberanía tiene que redimensionarse y la industria petrolera
es muy importante para fortalecer la soberanía del país,
pero “tenemos que poseer una industria eficiente, eficaz y
rentable; yo digo que en esta etapa no necesitamos privatizar”,
manifestó Martín Aguilar. |
