Año 8 • No. 316 • Junio 30 de 2008 Xalapa • Veracruz • México
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Las reformas a la industria eléctrica llevadas a cabo por Salinas, Zedillo y Fox, además de ser anticonstitucionales, constituyeron un atentado contra la empresa pública, en busca de su desaparición

“No hace falta argumentar demasiado, no hay empresa en el mundo que sobreviva si año con año tiene que pagar más de 100 por ciento de sus utilidades”: Fluvio Ruiz Alarcón
Juan Carlos Plata
Una reforma hacendaria que le quite peso fiscal a la empresa, la creación de un órgano autónomo que dirija, regule y supervise las acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), la utilización de la figura “contrato-plan” y reintegrar en una sola empresa las cuatro subsidiarias, son modificaciones que hacen viable un proyecto nacionalista para Pemex, sin necesidad de integrar capital privado al sector energético nacional, sostuvo el especialista en la materia, Fluvio Ruiz Alarcón.

“En 2007, Pemex obtuvo ingresos por 1.16 billones de pesos, tuvo utilidades antes de impuestos de 855 mil millones de pesos y tuvo pérdidas luego de impuestos por 16 mil millones de pesos. No hace falta argumentar demasiado, no hay empresa en el mundo que sobreviva si año con año tiene que pagar más de 100 por ciento de sus utilidades”, sostuvo el físico e ingeniero con maestría en Extracción Petrolera y colaborador de la revista Mundo del petróleo, la publicación especializada más prestigiada de Latinoamérica.

Ruiz Alarcón sostuvo que estos cambios necesarios deben darse en cuatro niveles: el fiscal; en la estructura institucional (con la creación de un órgano autónomo que dirija, regule y supervise las acciones de la empresa); en la relación entre el Estado y la empresa; y en la propia organización de la empresa.

“Petrobras de Brasil y Statoil de Noruega han logrado una alta eficiencia mediante órganos autónomos de operación; en ese sentido, Pemex necesita un órgano técnico integrado que apruebe los planes de búsqueda, desarrollo, extracción y abandono de los yacimientos; que le diga bajo qué normas ambientales debe operar y que vigile el cumplimiento de estas regulaciones”, explicó.

En cuanto a la relación del Estado y la empresa, Ruiz Alarcón propuso la creación de la figura del “contrato-plan” –utilizado en Francia, país que tiene las empresas estatales más eficientes del mundo–, una especie de compromiso recíproco entre el Estado y su empresa pública, en el que aquél le fija ciertos objetivos a ésta y se compromete a otorgarle los recursos económicos y de todo tipo para que los objetivos se cumplan.

Además, Pemex podría reintegrar la empresa en una sola para poder aprovechar las ventajas de las economías de red y de escala, con los respectivos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Incluso, señaló que podría modificarse el Consejo de Administración, de manera que frente a la tentación instrumentalista de los representantes del gobierno y a la vocación por naturaleza gremial de los representantes del sindicato, se pueda sumar una voz de gente que pudiera aportar una visión de largo plazo de la industria.

“A un nivel intermedio, se debería devolver la naturaleza de instituto de investigación al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que es como fue concebido. El año pasado Petrobras invirtió mil millones de dólares en investigación –dicha empresa tiene su principal fortaleza en la inversión para la formación de sus cuadros técnicos y para la investigación y desarrollo tecnológico–, mientras que el apoyo presupuestal para el IMP fue de 44 millones de dólares”.

El especialista sostuvo además que en México es urgente darle valor agregado al petróleo crudo, Pemex debe dejar de ser una empresa que vende petróleo crudo y que deja de lado la transformación industrial, lo que ha llevado al país a importar 41 por ciento de la gasolina que consume.

Fluvio Ruiz explicó que además de pagar al fisco 55 por ciento de sus ingresos, a Pemex se le impone el llamado “superávit primario”, que es una cantidad de dinero que si bien no entrega al fisco, no puede utilizar; se ha abusado tanto de este mecanismo que a final de 2008 Pemex tendrá 457 mil millones de pesos sin utilizar depositados en diferentes instrumentos financieros.

“Para decirlo coloquialmente, a Pemex se le obliga a utilizar una tarjeta de crédito cuando tiene dinero en una tarjeta de débito. Esto es la base de la descapitalización, de la insuficiencia de infraestructura y de que al día de hoy estemos importando 41 por ciento del consumo total de gasolina en México”, dijo.

Respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo para la reforma energética, el especialista dijo que si bien el objetivo pudiera ser correcto –ya que se crea un régimen fiscal menos agobiante en el caso particular de exploración en aguas profundas y en el Paleocanal de Chicontepec–, está pensada para que terceros puedan invertir en estas áreas que hoy la constitución reserva a la nación.

“Se flexibiliza el régimen fiscal ahí donde se pretende que haya inversión privada, pero no donde Pemex tiene la responsabilidad exclusiva. Además, un elemento positivo de la iniciativa oficial, que es ir hacia un régimen de autonomía presupuestal de Pemex, se nulifica porque la Ley Federal de Derechos establece un régimen transitorio sumamente complicado que dificultaría sobremanera que Pemex acceda a ese régimen, que es el correcto”.
Ruiz Alarcón sostuvo que para que la empresa pueda ser eficiente, se le debería permitir utilizar estos 457 mil millones de pesos del superávit primario; implementar una reforma hacendaria progresiva que le quite peso fiscal a Pemex y que grave al gran capital –Pemex paga más impuestos que todas las empresas privadas juntas–; una modificación de la distribución de los recursos conocidos como excedentes del petróleo, que se oriente fundamentalmente a la reinversión productiva en Pemex.

Además, explicó que es necesario que se elimine la actual fórmula de determinación del precio de referencia del petróleo –este año ese procedimiento fijó el precio en 49 dólares por barril, cuando el precio real está muy cerca de los 100 dólares, lo cual afecta a la empresa porque sus ingresos están calculados a partir del precio de referencia, y todo el dinero extra se va directamente a los excedentes y no se puede hacer una reinversión productiva.
“De haberse fijado el precio de referencia en 62 dólares, el Estado tendría los 100 mil millones de pesos que ahora se dice que el país no recibe por no tener la reforma energética que propone el Ejecutivo”, dijo.

Reformas eléctricas: anticonstitucionales
Por su parte, Edgar Belmont Cortés, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sostuvo que es una falacia que el nacionalismo sea un obstáculo para el desarrollo del sector energético nacional y sostuvo que las propuestas de privatización de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía Luz y Fuerza del Centro (CLFC) tienen tras de sí intereses de empresas privadas ávidas de ingresar al negocio.

Como prueba de ello, mencionó que en 2003 las cámaras de Diputados y Senadores interpusieron una denuncia de hechos contra el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el director de CFE y el Secretario de Energía, donde se señala que los acusados incurrieron en actos que violentan el texto expreso de la Constitución y lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pues se considera que los permisos otorgados por el gobierno federal y la CRE buscaban expandir el servicio público de energía eléctrica casi exclusivamente con base en permisos de producción privada y atentaban contra el servicio público al impedir que la CFE ocupara sus recursos en la construcción de nuevas centrales eléctricas.
“Durante el sexenio de Carlos Salinas se abrieron las puertas al capital privado para generar electricidad para autoconsumo; Ernesto Zedillo buscó una apertura de electricidad, aduciendo que la misión de la empresa pública había llegado a su fin, y Vicente Fox buscó abrir el mercado de usuarios de alta y media tensión –que en conjunto consumen cerca de 70 por ciento del total de electricidad en el país–”, sostuvo Belmont Cortés.

Actualmente, 34 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país la generan empresas privadas. De 2000 a 2007 los productores privados –a quienes, a partir de 2001 CFE debe comprarles sus excedentes de producción– aumentaron su capacidad de generación en 11 mil megawatts, mientras que CFE lo hizo en sólo cuatro mil.

Con estas disposiciones, señaló Belmont Cortés, el proyecto de la empresa pública se ha hecho cada vez más inconsistente, por lo que las actividades, incluyendo la seguridad en el trabajo, la contratación de tecnología, de servicios, de asesoría en proyectos de ingeniería, no son prioridad.

“Renunciar a la formación y capacitación de recursos humanos que requiere el país y la empresa pública, es cancelar la posibilidad de establecer vínculos con las universidades para promover, financiar y desarrollar, de forma conjunta, investigación y tecnología necesarias para garantizar la soberanía energética de cualquier país. Además de que la falta de inversión y de proyecto en la empresa pública se traduce en un deterioro de la prestación del servicio público.”
Pemex es la undécima empresa productora de petróleo y gas del mundo; es la tercera en cuanto a producción de crudo; undécima en cuanto a reservas de crudo; decimotercera en producción de gas y en capacidad de refinación; y la vigésimo novena en reservas de gas.
Fuente: Petroleum Intelligence Weekly