Uno de los objetivos fundamentales de toda universidad publica consiste en ofrecer a la sociedad una gama de servicios que sean asistenciales, de asesoría e incluso de representación, por tal razón la Universidad Veracruzana no debe quedarse al margen en este aspecto. La forma: el establecimiento, en las facultades de Derecho, de despachos de atención jurídica social, que tendrían este carácter porque estarían encaminados a ofrecer una serie de beneficios a la sociedad, para aquellas personas que no cuentan ni con los recursos económicos e intelectuales para resolver sus problemas de tipo legal.
Este sistema estaría basado en una reglamentación interna del despacho en el que deberá haber un coordinador (abogado) de pasantes de la licenciatura, el que, por los efectos presupuestarios, realizaría una labor simbólica no remunerativa, un secretario que seria el encargado de la tramitación de los pasantes que pongan sus servicios a disposición de la universidad, la que, para tal efecto, les liberaría su servicio social siempre y cuando se cumplan con los requisitos: 12 meses y con un mínimo de tres horas de servicio diario.
No debe considerarse como utópica esta propuesta ya que, por información proporcionada por compañeros en la Facultad de Derecho-Xalapa, cuentan con un pequeño despacho jurídico, y que tenía las mismas funciones que se mencionan en un principio, sólo que ignoran el motivo por el que no se encuentran funcionando en este momento. Cabe señalar que en esta región se están teniendo pláticas con el coordinador del SEA en Veracruz, Carlos Quiroz Sánchez y el delegado de Derechos Humanos para que en un futuro no muy lejano se ponga en práctica la realización de este proyecto que, de llevarse a cabo, estaríamos cumpliendo con los principios sociales de la Universidad, tal como lo están realizando algunas instituciones de carácter privado. Para cualquier comentario:

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