En tales circunstancias, las elites políticas recurren al ejército para conducir tal reforma, sin un plan preciso y sin logros significativos en la integración policiaca, en la coordinación con los jueces ni en la reducción de las tasas delictivas, lo cual ha incrementado en los ciudadanos el sentimiento de inseguridad.

El debate institucional y civil acerca de las policías mexicanas ha sido intenso sólo a partir de la segunda mitad de los años noventa. En los años ochenta se temía a la policía por violenta y corrupta, ahora los mexicanos tenemos una conmiseración por tal oficio y manifestamos que no nos contrataríamos como tales.

Los políticos y policías han sostenido que la delincuencia ha disminuido mediante “cruzadas”, “combates”, “guerras”, mientras que los medios de comunicación, aunque menos interesados ahora en la producción de programas de nota roja como lo estuvieron en años recientes, insisten en que los delitos se incrementaron sin ningún tipo de control efectivo.

Por infortunio, no existe aún en el país un procedimiento único de registro de delitos ni se han logrado avances significativos en la cultura de la legalidad y la denuncia, por lo cual la cifra de victimación sigue siendo alta. La delincuencia y la violencia que se observan en la vida diaria y en los medios, son una evidencia de que la lenta construcción de una nueva sociedad regulada por el libre-mercado y la reforma estatal neoliberal es un proceso complejo inacabado que enfrenta fuertes resistencias sociales. La inseguridad y las altas tasas delictivas se han incrementado en el país durante los últimos tres sexenios, a pesar de que éstos han hecho esfuerzos evidentes para controlar las tasas delictivas.

En 1998 un experto decía: “en el resto de la república la delincuencia del orden común ha crecido a un ritmo igualmente violento: 17.4% en 1994; 38.5% el año siguiente; y 16.2% en 1996”. La tendencia se incrementó hasta 2000 con una ligera tendencia a la baja desde 1998. Respecto de lo anterior, otro analista comenta: “A escala nacional los delitos en aumento son despojo, fraude y amenazas […] Como se aprecia, la incidencia delictiva en el ámbito nacional se ha incrementado en los últimos años”. (Ruiz Harrell, 1998; Zepeda Lecuona, 2004; Ramos García, 2006).

Los datos de Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) confirman que la tendencia se mantiene a la alta hasta el 2006 (García Luna, 2007). Las altas tasas delictivas, los crímenes políticos y la violencia política contra-institucional de los zapatistas construyeron un entorno complejo que el sistema policiaco militarizado no ha logrado controlar institu-cionalmente hasta ahora. La inseguridad aumentó y la delincuencia se expandió.

Del conjunto de los delitos que se han registrado en los tres últimos gobiernos federales, el narcotráfico es el que más capta la atención de los medios y respecto del cual los ciudadanos asumen, paradójicamente, actitudes de temor y entusiasmo. El narcotráfico es uno de los motivos más frecuentes del miedo, pero, al mismo tiempo, es una actividad aplaudida por algunos estratos de clase baja. El narcotráfico en México se ha convertido en el tema principal de los medios y a pesar de ello poco se ha logrado en la opinión pública para la explicación de las causas del proceso. En efecto, tanto el narcotráfico como la delincuencia son tratados en los medios como actos que se explican por la naturaleza maldita de algunas personas inciviles. La delincuencia es presentada y construida públicamente como un juego sucio que se opone a la construcción de una sociedad de libre mercado regulada por “un Estado eficiente”.

Este argumento es falso. La delincuencia no puede reducirse al narcotráfico; asimismo, el tráfico de drogas debería entenderse como una empresa racional, con circuitos de producción y mercado, y lo que realmente importa de ella, como en toda empresa legal, es quiénes son los ganadores. Los productores y conductores de noticias están lejos de imaginar el contexto y los mecanismos de funcionamiento de la delincuencia y especialmente del narcotráfico. En una sociedad desigual como la nuestra, el mercado no tiene un lugar público para la venta de drogas; las ganancias infladas por la persecución institucional se reparten por medios pacíficos o violentos y se utiliza el problema para la construcción de la aceptación pública de los gobernantes.

En este contexto, el nuevo presidente panista ha recurrido al ejército para controlar a los narcotraficantes y los delitos en el país mediante operativos en el marco del programa “México seguro”, creado por el expresidente Vicente Fox Quezada (2000-2006). La decisión de enfrentar con el ejército al narcotráfico no es propia del presidente actual, pero sí la espectacularidad con la cual se habla de sus operativos. El uso del ejército en actividades antidrogas se decidió como resultado de los cambios regionales en la seguridad latinoamericana y como parte de un proceso de reforma policiaca que no logró institucionalizarse ni ha logrado los resultados esperados. El presidente utiliza al ejército para lograr una cuota de legitimidad que no ha podido ganar con las elecciones ni en los primeros cien días de gobierno. En general, los logros del ejército en tareas de seguridad pública han sido magros mientras que la respuesta de los narcotraficantes ha sido puntual y amenaza con una escalada mayor.

El reposicionamiento de los narcotraficantes ha generado entre columnistas y expertos en el tema la idea de que hay un nuevo cártel protegido por las autoridades. En realidad existen hasta ahora pocos datos empíricos para sostener tal idea. Las redes de protección político-policíaca son más complejas y difusas. La protección activa o inactiva del narcotráfico, es decir, la protección o la no violencia policiaca es más bien local y si aparece a nivel nacional como una decisión única es sólo porque es el resultado de múltiples alianzas y negociaciones locales. La verdad es que los operativos militares se han implantado en las principales plazas del narcotráfico en el país como Michoacán, Baja California Norte, Tamaulipas, Guerrero, Tabasco y Veracruz y que se han multiplicado los enfrentamientos entre los mismos narcotraficantes.