UniVerso: El Periódico de los Universitarios - Universidad Veracruzana

Dijo que es bien sabido que el sindicalismo mexicano ha sido producto de un corporativismo a ultranza, aliado al Estado y a los partidos, “así fue construido hace décadas, pero si no ha cambiado con los nuevos tiempos es porque los intereses políticos de los dirigentes no lo han permitido, porque de alguna forma es parte de la estructura del mismo sistema”.

Explicó que como las corporaciones le dan cimiento a todo el poder del Estado mediante eslabones, los líderes han dedicado más tiempo a la política que a defender los intereses de los trabajadores: “Los sindicatos todavía pueden retomar su posición y liderazgo, sus obligaciones y compromiso social, pero no parecen estar interesados, pues su poder colectivo ha sido utilizado por sus líderes para obtener beneficios personales”.

Exentos de esta descalificación se encuentran, según el jurista, algunos sindicatos que se autonombran independientes, entre ellos el Frente Auténtico del Trabajo y el Movimiento Proletario Independiente, es decir, organizaciones que han superado el corporativismo dedicando sus esfuerzos a defender los derechos de los trabajadores.

Aunado a la creciente desconfianza en los sindicatos, la desaparición de empleos, el aumento de contrataciones eventuales y de trabajos precarios y las políticas neoliberales han restado fuerza a las organizaciones sindicales, resultado del movimiento neoliberal impulsado a partir de la década de los ochenta.

En nombre del progreso, señaló, se ha privilegiado lo individual sobre lo colectivo y se ha entronizado una serie de figuras en el derecho laboral para estimular la productividad confundiendo al trabajador con un discurso falaz: ‘ya no es el sindicato el que te da beneficios, tú te los ganas por ser productivo’, que significa en términos reales ‘te los ganas porque te dejas explotar’.

De acuerdo con el jurista, lo único que ha impulsado esta corriente es que el trabajador se vaya separando de lo grupal, dejando atrás la seguridad social, las prestaciones y sus derechos, incluso el concepto mismo de solidaridad, que los deja cada vez más desprotegidos.

Este modelo ha empujado en países como el nuestro y en toda América Latina al empleo informal. De hecho, según datos de la Secretaría del Trabajo, de los 52 millones de ocupados 25 millones están en la informalidad, al margen de todas las leyes, lo que representa un problema social que se agravará en el futuro, cuando terminen su tiempo de vida activa y enfrenten la realidad sin pensión, servicios médicos y ninguna seguridad social.

Este panorama es resultado de la concertación social pues, al margen de las leyes positivas, en las últimas décadas se firmaron acuerdos de solidaridad, de estabilidad, de competitividad, de crecimiento y, finalmente, de Alianza para el bienestar (con Zedillo), que hicieron a un lado el derecho social –sin derogar ni abrogar las leyes–, simplemente dejándolo de aplicar por mutuo acuerdo.

En 1999, la Suprema Corte de Justicia llevó al absurdo esta trasgresión cuando, precipitadamente, emitió un criterio que puso a los tratados internacionales por encima de las leyes federales, pues había la exigencia de modificar 30 leyes mexicanas, “así salió del paso, pero dejó nuestros derechos a expensas de los intereses internacionales”.

“Ningún país permite ni ha permitido esta clase de transgresiones”, subrayó, pues si bien los tratados los firma el Presidente (como representante del poder ejecutivo), y los ratifica el Senado (que representa a los estados), lo que emana de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión es producto de la soberanía popular, teóricamente, la voluntad del pueblo.

Incluso dio como ejemplo el rechazo a la Constitución Europea, pues los franceses argumentaron que ningún tratado podía estar por encima de las constituciones federales que son producto del acto soberano del pueblo: “Aquí lo hicimos al revés, pusimos por encima de nuestra Constitución los tratados internacionales, y ahora cuando el congreso legisla tiene que ver primero afuera para ver si no trasgrede alguno, es decir, estamos sometidos jurídicamente a la globalización”.

No obstante, reconoció que las leyes no resuelven por sí solas el problema laboral en México, pues reformar un texto no cambia la realidad social: “Alguna vez me preguntó un secretario de Trabajo si yo estaba de acuerdo en que se reformara la Ley del Trabajo y le dije que no, porque una ley como ésta va dirigida a quienes tienen trabajo, pero no se ocupa de los desempleados”.

Lastra aseguró que una ley nueva no va a recuperar los puestos de empleo que ni los últimos gobiernos en el país han procurado rescatar, pues ni siquiera se han propuesto alternativas para sacar al trabajo de la clandestinidad, para convencer a los 25 millones de trabajadores informales que las condiciones laborales en la formalidad les darán más beneficios.

Propuso entonces promover el empleo al estimular la contratación y disminuir impuestos al empresario que contrate por tiempo fijo: “Es sencillo, porque un trabajador que tiene empleo paga impuestos, seguridad social, paga todo, pero eso no lo ha podido ver nuestro sistema político”.

Por último, criticó a la Secretaría de Hacienda que, sin ceder un ápice, busca recaudar impuestos de donde se pueda. Se refirió cómo el año pasado se llegó al absurdo de gravar las prestaciones, propuesta que fue aprobada por los diputados, y abrogada después por las mismas presiones sindicales: “ahí vemos claramente el poder de la fuerza colectiva, eso es lo que los sindicatos deben aprovechar, y no usar a las organizaciones como plataformas para el poder”.