Año 6 • No. 234 • agosto 21 de 2006 Xalapa • Veracruz • México
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En AL, descentralizar ha significado
democratizar el Estado: experto francés
Juan Carlos Plata
Surgida en los 70, la descentralización del Estado no contemplaba la participación ciudadana en los asuntos públicos
A pesar de que las primeras acciones encaminadas al adelgazamiento del Estado y su descentralización se dieron en Europa a mediados de los años 70, fue en los países de América Latina (AL) donde este proceso incorporó, desde su propia génesis, la participación ciudadana en los asuntos del mismo, aseguró el investigador francés David Recondo, durante la conferencia “Democracia participativa en América Latina y Europa: perspectiva comparada”, organizada y llevada a cabo en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV).

“El proceso de descentralización del Estado se lleva a cabo de manera muy similar en Europa y AL, pero la más importante divergencia es que aquí la descentralización y la democratización están muy vinculadas; se concibe la descentralización como uno de los elementos de la democratización, y al mismo tiempo que se descentraliza se abren espacios de participación ciudadana en la administración pública local, más allá de las elecciones”, dijo el investigador francés.

David Recondo.

Recondo explicó que en Europa la democratización no es un elemento de justificación de la descentralización. En esos países se tiene la justificación primera de mejorar la administración pública, no democratizarla realmente. De manera muy marginal se considera en el discurso político que acercar la administración a los ciudadanos es una manera de transparentar y facilitar su acceso, etcétera, pero el discurso democratizador no es nada central.

“Es en AL donde surge, en los años 80, lo que va a ser un paradigma de la asociación de la descentralización con la cuestión de la democracia participativa, por ejemplo, los presupuestos participativos de Brasil, sobre todo en el ramo de la educación, donde es un consejo ciudadano el que se encarga de canalizar una parte de los recursos públicos a lo que se considera prioridad”, afirmó Recondo.
El investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI) de París, sostuvo que no fue solamente por influencia del neoliberalismo que se dio el proceso de adelgazamiento del Estado, sino por la crisis fiscal que en los años 70 sufrieron los países europeos a consecuencia de la alza de los precios del petróleo.

“Esta crisis llevó a pensar en racionalizar el gasto público, eficientar la gestión pública, reducir la administración central del Estado y descentralizarlo, sin que esto significara que éste delegara sus responsabilidades, sino que al reducirse pudiera evitar las trabas tradicionales de la burocracia que le impedían responder de manera eficaz a las demandas de la ciudadanía”, dijo.

Asimismo, Recondo sostuvo que esa misma reflexión se hizo en AL luego del contraboom petrolero y la crisis de deuda externa en casi todos los países productores de petróleo de Latinoamérica en los 80, con las subsecuentes reformas y planes de ajustes estructurales en todos los países, exceptuando Chile, que había anticipado unas reformas del Estado con Augusto Pinochet.

Espacios de coincidencia
En medio de todas estas reformas, Recondo reconoce a dos sectores bien marcados: por un lado la nueva administración pública, eficientista y neoliberal, donde lo que cuenta es aligerar las estructuras del Estado, y repartir de manera diferente la acción pública entre éste y actores no gubernamentales –iniciativa privada incluida–; y por el otro, los movimientos intelectuales de izquierda y la iglesia –a través de la teología de la liberación–, que buscan construir desde abajo una democracia radical, así como el desarrollo.

“Así, las organizaciones radicales confluyen en su visión del Estado y de la división del trabajo político entre el Estado y la sociedad, con el paradigma neoliberal que se difunde y se impone en los años 80 y 90. Un ejemplo de ello es el caso de Bolivia, donde se aprueba la Ley de Participación Popular en 1994 bajo el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada –formado en Estados Unidos–, que tenía en su gabinete a dirigentes de la izquierda radical”, explicó.