Manlio
Fabio Casarín, director de la Facultad de Derecho y Alberto
Martín Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados
en Ciencias Penales y Sociales de Argentina. |
Es
una constante que las universidades de América Latina no presten
atención a los grandes cambios que están sucediendo
en materia de administración de justicia, lo cual es alarmante
porque las nuevas generaciones no estarán preparadas para asumir
la responsabilidad de habilitar sistemas y promover nuevos modelos,
aseguró Alberto Martín Binder. |
El vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales de Argentina, expuso ante alumnos de la Facultad
de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) que hasta el momento
se han dado tres grandes cambios en AL: cambio de modelo de administración
de justicia, creación de institutos de la Defensa Pública,
y avanzar en la concreción de los derechos de los pueblos indígenas.
El primer tema, dijo, se está discutiendo ampliamente en la
mayoría de los países latinoamericanos y aseguró
que impactará mucho en la formación de las nuevas generaciones.
Para referirse al segundo tópico citó el caso de nuestro
estado, donde se ha anunciado la creación de dicho instituto,
que implicará nuevas formas de integración de las prácticas
profesionales. Del tercero dijo que cobra verdadera relevancia porque
los indígenas son una parte importante de la población.
“Los tres temas están íntimamente unidos en un
gran vuelco sobre el modo de impartir justicia penal y el modo de
relacionarnos con los sectores pobres de la población y con
las culturas de un estado multiétnico y multicultural, aunque
todavía no sabemos cómo desarrollar estos instrumentos”,
comentó. Paradoja
de quienes impulsan las leyes
Desde hace 20 años América Latina enfrenta un problema
de legitimidad en su administración de justicia. Su sistema
de legalidad carece de credibilidad y confianza por parte de la
ciudadanía. Esta falta es mucho más profunda de lo
que se cree y no tiene que ver con la educación cívica
de los ciudadanos.
Para demostrar lo anterior, Martín Binder lanzó la
interrogante: “¿Le dirían a una persona pobre,
vulnerable, que si confía en la ley y en los tribunales le
va a ir bien en la vida?” Ante una respuesta negativa unánime,
dijo que ésta siempre ha sido la misma a los cientos de personas
que les ha preguntado.
Al dirigirse a los alumnos, afirmó que no pueden convivir
con esa respuesta como si nada pasara, pues deben ver la gravedad
de la respuesta. Aseguró que en las escuelas de leyes se
crean abogados en quienes no se confía. “Esto no quiere
decir que tengamos que engañar al pueblo. Que una persona
humilde no confíe en la ley y en los tribunales no es un
acto irracional, de falta de educación cívica, pues
ustedes mismos les dicen que no confíen”.
Pero si no confiar en la administración de justicia es una
decisión racional, quiere decir que es un problema muchísimo
más grave. “Ustedes pueden contestar que no y no entran
en una crisis y no se preguntan qué hago acá dentro.
Seguirán estudiando las materias y saldrán diciendo
lo mismo: no darían el consejo de confiar. Esto es inadmisible”,
enfatizó.
Es imposible construir repúblicas sin confianza en la ley
y si se intenta es una cuesta arriba. Siempre terminamos tratando
de construir repúblicas democráticas con liderazgos
carismáticos, comentó. Las otras dos crisis que enfrenta
AL, aseguró, son la ineficacia de los sistemas y la persecución
penal, así como la inexistencia de un sistema de garantías. |