“Con la reforma constitucional de 2005 surgieron nuevas directrices en la política del Estado Mexicano, al establecer, por una parte, la participación de los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas en diseño, operación de políticas y en las acciones para su desarrollo y, por la otra, el derecho de la autonomía para preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y demás elementos que constituyen su cultura”, afirma Esperanza Sandoval de Pérez en su libro Genocidio Político. Extinción de la identidad cultural y medida de prevención por la vía del derecho penal.

“Lo anterior propició cambios sustanciales que se reflejaron en la legislación interna, sobre todo en materia penal, con el fin de asegurar al indígena la igualdad jurídica (no discriminación) y el acceso a la jurisdicción del Estado”, destacó la autora en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), donde presentó su nueva y exhaustiva investigación, prologada por Enrique Díaz Aranda y editada por Porrúa y la Editorial de la UV.

Genocidio Político está dividido en cuatro grandes capítulos: “Grupos étnicos indígenas”, “Exterminio físico (genocidio), Exterminio cultural” y, finalmente, “Protección penal de la identidad cultural”, del cual Sandoval de Pérez destaca que es cierto que la legislación penal se ocupa de tutelar su existencia física y biológica a través del genocidio previsto como delito del artículo 149-Bis del Código Penal Federal, normado por las expresiones nacional, étnico, racial y religioso.

No obstante: “el reconocimiento tardío de la pluralidad étnica de México (1992) permite afirmar que el tipo penal no resguarda la identidad cultural que constituye el sentimiento intrínseco que vincula al indígena con el grupo al que pertenece, por lo que al carecer de este supuesto marco jurídico, su vulneración queda impune, siguiendo la imperiosa necesidad de resguardar este derecho”, señaló la autora.

Esperanza Sandoval de Pérez es licenciada en Derecho con estudios de especialización en Derecho Penal por el Instituto de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca, España. Maestra en Ciencias Penales y doctora en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UV y profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de esta casa de estudios; es integrante del cuerpo académico Ciencias Penales del II-J con la línea de investigación “El indígena en la perspectiva del derecho penal”.

Manilo Fabio Casarín Beltrán, director de la Facultad, presidió la mesa de presentación. Participaron además los académicos José Luis Jiménez Sada, Raúl Pimentel Murrieta y Ana Gamboa Rojas de Trejo.