|
Modificar
los artículos 4º y 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos para incluir los temas de alimentación
y nutrición permitirán establecer de forma permanente
programas y políticas federales encaminadas a mejorar la
salud de la población, principalmente la de escasos recursos.
Suria Álvarez Boumont, del Instituto de Investigaciones Jurídicas
(IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), dio a conocer que recientemente
hizo una propuesta para agregar estos tópicos en la Constitución,
y así crear las bases que den sustento legal a las actividades
encaminadas a la buena alimentación de los ciudadanos.
Durante el Tercer seminario Los niños en el espacio de la
vulnerabilidad, realizado el 26 de noviembre y organizado por el
Cuerpo Académico Ciencias Penales del IIJ, la investigadora
explicó que en un fragmento del Artículo 4º dice
a la letra: “Toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general”.
Ella propone hacer el siguiente agregado: “Toda persona tiene
derecho a la protección de la salud, alimentación
y nutrición adecuada. La ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud, alimentación
y nutrición adecuada y establecerá la concurrencia…”.
Con lo anterior, agregó, se da pie a la creación de
muchos programas y políticas alimentarias en el país.
Esto se reforzará con la modificación al Artículo
123 constitucional, que dicta: “Los salarios mínimos
generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural,
y para proveer la educación obligatoria de los hijos”.
La propuesta de la académica es agregar a este apartado:
“Los salarios mínimos deberán ser suficientes
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia,
en el orden material, social y cultural, y dar una alimentación
adecuada a la familia, y para proveer la educación obligatoria
de los hijos”.
Entre las propuestas que expuso ante los asistentes al auditorio
del IIJ, Suria Álvarez consideró necesario que el
Estado garantice un entorno político y social propicio para
erradicar la pobreza sobre la base de una participación plena
y equitativa de las mujeres y hombres.
De igual manera el Estado y la sociedad deberán asegurar
que las políticas de comercio fomenten la seguridad alimentaria
a través de un sistema de comercio global. Para ello se deben
introducir políticas orientadas al desarrollo del sector
privado y un enfoque más abierto en la aplicación
de normas comerciales.
No de menor importancia es “elaborar y ejecutar planes para
afrontar las catástrofes naturales, como huracanes y sismos
porque la población ni siquiera sabe qué alimentos
se deben aportar en tales situaciones”, aseguró. Agregó
que entre las tareas iniciales que debe emprender el Estado está
la de identificar los grupos expuestos a la inseguridad alimentaria.
Así como determinar el grado de consumo de alimentos inadecuados
y desnutrición. “Investigar por qué están
expuestos a la inseguridad alimentaria; reunir y analizar los datos
pertinentes para medir y vigilar la seguridad alimentaria; proporcionar
información actualizada, y ofrecer asesorías para
la elaboración de políticas y programas”, comentó.
En el Tercer seminario también participaron las investigadoras
Cedma González, Patricia Carrión, Ana Chávez,
Elia Mendoza, Manuela Pardavé, Esperanza Sandoval y Ana Gamboa,
con los temas Derecho de los niños en el ámbito internacional,
La seguridad de los niños y acceso a Internet, Niños
trabajadores, Niños maltratados, Niños víctimas
del padecimiento en la ley penal, Justicia para adolescentes, y
Los niños delincuentes, respectivamente.
|
