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Afirma
investigadora de la UV
Debe ejercer ciudadanía su
derecho a la información
David
Sandoval |
La
participación de los ciudadanos en el debate público
es parte del ejercicio democrático, sostiene Luz del Carmen
Martí Capitanachi |
El
derecho de acceso a la información debe ser promovido por
parte de los ciudadanos, explicó Luz del Carmen Martí
Capitanachi |
Como
ciudadanos de una sociedad democrática, el derecho a la información
es parte del mismo ejercicio de la ciudadanía y debe ser ésta
quien solicite el acceso a la información bajo la que operan
las instancias gubernamentales, subrayó Luz del Carmen Martí
Capitanachi, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Veracruzana (UV) durante su participación
en el encuentro “Transparencia, acceso a la información
y rendición de cuentas en las universidades públicas”.
En este encuentro organizado por la UV y el Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública (IFAI), Martí Capitanachi
presentó la conferencia “La transparencia y el acceso
a la información”, donde expuso que el derecho a ser
informado abre un cauce a la participación ciudadana: “El
individuo debe gozar de protección cuando pretenda informarse
y poder participar en el proceso democrático, ya que el derecho
a la información es indispensable para la participación
de los ciudadanos en el debate público”.
Una de las modalidades del derecho a la información en el sentido
amplio, explicó la académica, lo constituye el derecho
de acceso a la información en poder del Estado, ya que este
derecho es independiente y de corte democrático y permite a
las personas tener a su disposición gran parte de la información
gubernamental.
Bajo este precepto, comentó la ponente, “el señor
rector Raúl Arias Lovillo nos convoca a involucrarnos en el
diseño del reglamento de transparencia, el acceso a la información
y la rendición de cuentas en nuestra casa de estudios; desea
que sea una norma consensuada que provenga de la comunidad universitaria
y por ello goce de completa legitimidad, vigilando que su valoración
por los consejeros universitarios esté presidida por un amplio
debate para evaluar la capacidad de transparencia y acceso a la información”.
La intención de este llamado es poder opinar sobre su diseño
y si está de acuerdo con los estándares mínimos,
ya que esta casa de estudios es la universidad pública que
recibe proporcionalmente más aportaciones estatales, agregó
la investigadora: “Haciendo uso del derecho de acceso a la información
y planteando las preguntas pertinentes sobre el quehacer universitario,
los destinos de los recursos públicos y la planeación
de nuestra universidad nos permitirán participar activamente
en el futuro de nuestra alma mater”.
La investigadora trazó un panorama de la situación en
Veracruz, señalando que la primera ley de acceso a la información
fue defectuosa y cuestionada por diversos sectores y organizaciones
de la sociedad civil hasta que la presente administración estatal
elaboró la llamada Ley 848 de acceso a la información
pública, complementada con una reforma constitucional que eleva
el derecho humano a la información al rango constitucional
y promulgó el decreto para la creación del Instituto
Estatal de Acceso a la Información.
Martí Capitanachi destacó que la transparencia administrativa
debe traducirse en la difusión de las normas administrativas,
proporcionar la información de la estructura orgánica
de la administración, como también los salarios de los
funcionarios públicos, las licitaciones de obra pública
y todos aquellos datos en poder de la administración pública
que permitan conocer el ejercicio de la administración por
parte de los ciudadanos.
La expedición de la ley debe ser reforzada por una amplia campaña
de difusión de este derecho para que los ciudadanos hagan uso
de él y los funcionarios públicos cambien la cultura
de opacidad, y a pesar de que el proceso para garantizar al ciudadano
sus derechos ha sido lento, se tienen importantes avances en la materia,
concluyó la académica universitaria. |
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