Los
espacios de negociación del Mercado Común del Sur (Mercosur)
están siendo aprovechados por Argentina y Brasil de manera
individual y, al mismo tiempo, se impide que los demás miembros
(Paraguay y Uruguay) firmen tratados de libre comercio con otros países,
sostuvo el académico uruguayo Rubén Tansini.
En su participación durante el seminario Nuevas políticas
Económicas en América Latina, organizado por la Universidad
Veracruzana (UV), el catedrático de la Universidad de la República
del Uruguay dijo que el corazón del tratado (la alianza entre
Argentina y Brasil) no está en crisis.
“Entre estos dos países hay una negociación permanente;
cuando Luiz Ignacio da Silva fue presidente del Mercosur, organizó
negociaciones especiales sobre el sector automotriz, pero sólo
convocó a Argentina; otro ejemplo es que Brasil reventó
la negociación del Mercosur con la Unión Europea y recientemente
Brasil, por sí sólo, fue nombrado país asociado
de la Unión Europea”, sostuvo.
Estas medidas y acuerdos individuales son buenos –explicó
Tansini–, pero la demanda de Uruguay y Paraguay es que los espacios
de negociaciones también puedan beneficiar a los demás
países integrantes.
Tansini afirmó que a pesar de que la izquierda históricamente
defendió la integración económica regional, hoy
(que todas las corrientes de la izquierda nacional están representadas
en el gobierno) se encuentra en el dilema de optar por la política
o por la economía: “Si aceptamos las decisiones de la
política, nos quedaríamos con el Mercosur; si miramos
a la economía tenemos que encontrar un espacio de flexibilidad
que ni Brasil ni Argentina están dispuestos a dar”.
Como dato adicional, el académico uruguayo sostuvo que el acelerado
crecimiento de las exportaciones nacionales en los últimos
años, no se ha dado como consecuencia de su partenencia al
Mercosur y no se espera que lo haga. La
grave crisis de 2002
La crisis de Uruguay en 2002, que fue ocasionada por influencias
externas (la crisis brasileña de 1999 y la crisis argentina
de 2001 ocasionaron una severa crisis bancaria en Uruguay–),
además de un déficit interno atrasado, provocó
unan caída de las reservas nacionales de tres mil millones
de dólares a 777 millones y creció exponencialmente
los índices de pobreza (que hasta antes del 2002 apenas alcanzaba
5 por ciento).
Esta crisis ocasionó que la deuda pública rebasara
el 100 por ciento del Producto Interno Bruto, una devaluación
del 100 por ciento, una caída del salario real de 19 por
ciento, desempleo de 20 por ciento y una morosidad bancaria de 43
por ciento.
Producto de una amplia coalición de partidos de izquierda
(en la que están representados desde el partido Comunista
hasta el Social Demócrata), el actual gobierno se ha fijado
como metas primordiales lograr un ritmo acelerado de crecimiento
productivo, mejorar el empleo y transformar la calidad de vida de
la población –con especial énfasis en la gente
pobre.
“En materia económica y fiscal, el gobierno se ha propuesto
el estímulo a la inversión productiva y a nuevos productos
financieros, reformar la banca estatal (que controla el 55 por ciento
de los bancos del país) y ofrecer seguros de depósitos
bancarios de hasta 10 mil dólares (para evitar lo ocurrido
en la crisis de 2002)”, dijo.
Además, se ha buscado articular las políticas públicas
ya existentes para mejorar la salud, vivienda, educación
y seguridad social de la población, toda vez que de los tres
millones 300 mil uruguayos, 800 mil son pensionados y 270 mil trabajadores
del estado, segmentos de la población que absorben casi 80
por ciento del gasto público.
“Muchas medidas son las inherentes a un gobierno de izquierda,
pero también hay iniciativas atípicas como el incremento
de la inversión privada, un impulso decidido a las exportaciones
(10 por ciento del total es de software) y la declaración
de que el crecimiento debe venir por la productividad”.
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