Año 8 • No. 305 • Abril 14 de 2008 Xalapa • Veracruz • México
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Aseguró el académico Lucas Pacheco Prado
“Revolución ciudadana” contrarresta al neoliberalismo en Ecuador
Juan Carlos Plata
Los ecuatorianos formaron una Asamblea Constituyente para crear leyes para reestructurar el Estado y redactar una nueva constitución
Con la presidencia de Rafael Correa Delgado, en Ecuador se ha impulsado una “revolución ciudadana para contrarrestar los efectos negativos en la economía”, como la excesiva apertura comercial y la postergación de la atención de necesidades de la población, sostuvo el académico ecuatoriano Lucas Pacheco Prado.


Lucas Pacheco Prado
Durante su participación en el seminario Nuevas políticas económicas en América Latina, organizado por la Universidad Veracruzana (UV) el académico añadió que “el presidente ha asumido como su principal reto en materia económica el desmontar el neoliberalismo instaurado en Ecuador desde 1982 –año de la peor crisis económica del país– que, entre otras consecuencias, generó un Estado obsoleto y económicamente pequeño –sólo ejercía directamente 28 por ciento del presupuesto–, además de que las decisiones del Estado se habían privatizado”.
Del total del Producto Interno Bruto, el sector público apenas recibía y administraba 24 por ciento (el gobierno apenas 16 por ciento) y el resto era asignado directamente a instituciones y programas descentralizados, e incluso a organismos privados.

La serie de acciones sociales, políticas y económicas –definida por el gobierno como un socialismo con propiedad privada– incluyó la formación de una Asamblea Constituyente con dos funciones fundamentales: creación de leyes para la reestructuración del Estado y la redacción de una nueva constitución.

“La asamblea, en un inicio, redujo de 100 a 57 el número de diputados en el Congreso, que posteriormente fue desaparecido, y la propia asamblea asumió el Poder Legislativo, aprobó una nueva ley tributaria que le permitirá al Estado controlar 90 por ciento del presupuesto nacional, calculado en 40 mil millones de dólares”, explicó.

La constitución en la que actualmente la asamblea trabaja incluye la llamada estructura del desarrollo, que establece cuatro actores fundamentales: recursos naturales, sociedad ecuatoriana, el mercado y un Estado fortalecido y rector de los destinos del país.

“Lo que se busca es darle un nuevo papel al Estado, de planificador y emprendedor, que proteja la inversión pública y que regule los precios de productos básicos y la actividad bancaria, sin llegar a la nacionalización”, dijo.

En un país de 13 millones de habitantes, de los cuales 20 por ciento se encuentra en pobreza extrema y entre 50 y 60 por ciento vive con algún grado de pobreza, el Estado –explicó Pacheco Prado– estudia implementar un programa de asistencia popular, que tiene por objetivo que los pobres no sólo tengan un empleo o ingreso, sino que construyan su propia fuente de ingreso.

Petróleo, acabar con contratos ventajosos
La industria petrolera de Ecuador siempre se ha manejado con un sistema compartido entre gobierno y empresas privadas, bajo el esquema de contratos, que pueden ser de cinco tipos: de participación, de exploración unificada, campos marginales, prestación de servicios y de servicios específicos.

En 2007, Ecuador tuvo una producción petrolera de 168 mil barriles de petróleo diarios, de los cuales 48 por ciento fueron extraídos por Petroecuador (la empresa estatal) y 52 por ciento por empresas privadas (entre ellas, la española Repsol y la brasileña Petrobras).

“El problema con las empresas privadas ha sido, desde siempre, la inequidad en los contratos, las empresas pagaban al Estado un precio estándar por barril (el último fijado fue de 24 dólares) y el excedente de acuerdo con el precio mundial (actualmente es de 70 dólares) se debía dividir en partes iguales para el gobierno y para la empresa, pero en muy pocos casos sucedía esto”, dijo Pacheco Prado.

Ante el incumplimiento de las empresas, Rafael Correa ha dicho que buscará fijar el precio estándar en 34 dólares y que del excedente, 99 por ciento sea para el Estado y uno por ciento para las empresas. Con esta medida, una de las empresas que explotaban petróleo en suelo ecuatoriano, ya fue retirada.