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La aplicación de la pena de muerte como castigo a los delincuentes
es uno de los temas más polémicos en todas las esferas sociales.
En México nuestra Carta Magna no la prohíbe, inclusive, sienta las
bases para su imposición en el artículo 22, pero aún se discute
la conveniencia de reimplantarla.
México,
por desgracia, está caracterizado por una tradición sanguinaria:
se mata por causas políticas, sociales, religiosas, pasionales y
aún por el puro placer de matar. Una de las manifestaciones de esta
bárbara costumbre se dio con la "ley fuga", que era la ejecución
ilegal de presuntos delincuentes. Nuestra propia Constitución, ley
fundamental del país, surgió como resultado de un movimiento armado,
de una revolución. Por todas estas razones, era urgente, buscar
un remedio para borrar esta pavorosa costumbre, proclamando de una
manera categórica que en México, nadie tiene derecho a matar, ni
el Estado mismo.
Antiguamente
la pena de muerte alcanzó grados indescriptibles, por ejemplo, en
Venecia, se llegó al exceso de la crueldad castigando a los delincuentes
enterrándolos vivos. Los jueces describían al condenado el sufrimiento
terrible que le esperaba antes de encerrarlo en el ataúd y sepultarlo
bajo tierra.
El
Estado tiene la responsabilidad de educarnos, de enseñarnos a no
matar; y la forma más adecuada es respetando la vida, así sea la
de una persona abyecta y miserable. Sin embargo, hay muchos países
donde la ley contempla esta horrible sanción.
En
síntesis, el Derecho permite dar muerte a una persona para aplicar
justicia, pero la pregunta inmediata ante tal afirmación es: ¿cómo
puede el Derecho castigar a un asesino si lo mata?. En México, la
pena de muerte tendría las características de ser injusta e inmoral,
pues los delincuentes amenazados con ella serían hombres humildes
de pueblo; los delincuentes de las otras clases sociales delinquen
generalmente contra la propiedad y en esos casos la pena capital
no estaría señalada, por ejemplo, los famosos delincuentes de cuello
blanco.
Finalmente
quiero hacer mención de la ineficacia de esta pena para la restauración
del orden jurídico perturbado, ya que en los países donde más se
aplica, la delincuencia sigue en aumento, además de que es inenarrable
el sufrimiento causado a los familiares del condenado. Por todo
esto hay que tomar conciencia sobre si se debe o no aplicar, ya
que en un futuro no muy lejano, puede surgir la necesidad de pensar
en ésta, como un freno para los delincuentes y sus actos.
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