Durante el periodo colonial, después, en el siglo XIX, durante la Revolución Mexicana y aún en nuestros días, la política del lenguaje en el país, con relación a los pueblos originarios de América, se caracteriza por su orientación etnocida, centralista, excluyente y burocrática.

En México la planificación lingüística del español ha tenido mucho progreso, es el idioma oficial manifestado en nuestra Constitución, hay gramáticas, diccionarios, maestros de español, cursos de redacción, y una bibliografía abundante sobre estudios lingüísticos de esta lengua.

Por el contrario, no podemos decir lo mismo de las lenguas indígenas, comenzando porque ninguna de ellas es lengua oficial y los pocos proyectos que han surgido para iniciar una planificación, o bien no cuentan con el apoyo político, jurídico y económico, o no están elaboradas con el sustento técnico y científico adecuado.

El lingüístico Andrés Hasler de la UV e investigador del CIESAS-Golfo, señala que en el mundo actual los grupos indígenas son definidos como minorías étnicas, las cuales están política y econó-micamente limitados para intervenir en los programas educativos, en la investigación y en el desarrollo de sus culturas con objetivos que vayan más allá de un folclorismo estéril.

En México, al igual que en otra parte del mundo, los llamados programas de desarrollo nacionales no tienen ningún logro porque de fondo su objetivo es fracasar. Los estados nacionales y la iniciativa privada consideran que una educación indígena orientada al mejoramiento cultural no es una inversión redituable, lo conveniente es instigar a los pueblos al consumismo irracional o al clientelismo político.

A pesar de esto, los grupos étnicos se organizan para exigir su participación en el proyecto de nación; ante las demandas, los gobiernos responden con programas de educación indígena, los que no cuentan con suficiente inversión económica y voluntad política para que tengan las bases teóricas y técnicas que garanticen buenos resultados. Muchas veces sucede que algunas autoridades serias o instituciones interesadas por los derechos que tiene la persona de recibir una educación en su lengua materna, apoyan con recursos para la investigación y crear políticas lingüísticas adecuadas, pero existen muchos funcionarios y dirigentes corruptos que desvían los recursos para su propio beneficio.

Por otro lado, la mayoría de las instituciones encargadas de la alfabetización en lenguas indígenas ha quedado en manos de personas sin preparación lingüística quienes por cumplir y justificar su puesto político y presupuestos otorgados, improvisan e imponen programas mal orientados. Se publican continuamente textos de pésima calidad aunque en buen papel para justificar gastos, puntualiza Andrés Hasler.

La política que persiste en el proyecto nacional es la de erradicar sistemáticamente las lenguas indígenas. Los pueblos originarios de estas tierras llamados generalmente indios pertenecen a un orden distinto, a un espacio dentro de un mismo territorio pero impropio a lo nuestro, a nuestras costumbres, ideas, propósitos y razón.

Por este motivo muchos de nosotros, con una carga de pensamiento occidental fuerte, los tratamos con paternalismo o desdén. Por más que el gobierno proponga proyectos, mientras todo lo anterior no cambie, no habrá una verdadera política lingüística.